La polémica sobre la caza del lobo en España ha recibido un nuevo impulso desde Europa. La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Juliane Kokott, ha emitido unas conclusiones preliminares en las que apoya que España pueda aplicar una protección «atenuada» a las manadas de lobo que se encuentran al norte del río Duero y una protección «rigurosa» a las que se hallan al sur. Esto podría abrir la puerta al control del lobo al norte del Duero salvo que se demuestre que el estado de conservación de la especie no lo permitiese.
La abogada general se ha pronunciado así sobre unas cuestiones prejudiciales que le planteó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) a raíz de un recurso presentado por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) contra el plan de aprovechamientos comarcales del lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del Duero para las temporadas 2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022, aprobado por la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Bajo su interpretación al norte del Duero podría controlarse el lobo
Sobre las citadas cuestiones la abogada general ha determinado que, al ratificar el Convenio de Berna, España se reservó la posibilidad de no blindar al lobo en todo su territorio en los términos de «protección rigurosa» que se contempla en el artículo 12 de la directiva, sino de aplicar en algunas zonas la «protección atenuada» que se prevé en el artículo 14. Así, deja claro que, bajo su interpretación, el lobo podría ser ser objeto de medidas de gestión como la caza, siempre que se garantice su estado de conservación favorable.
El pronunciamiento de la abogada general no es vinculante. Sin embargo, sus conclusiones suelen tener una gran influencia en el fallo de la corte de Luxemburgo.
