El incendio intencionado de Aliseda, que ha arrasado más de 4.000 hectáreas en la Sierra de San Pedro, sigue generando polémica. El consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, apuntó en un primer momento que la causa del fuego había sido «por motivos cinegéticos». Un «cerillazo» que en apenas tres horas arrasó 2.000 hectáreas y que mantiene en vilo a todo un territorio.

Sus palabras han sido recogidas y utilizadas por algunos dirigentes políticos para cargar contra la actividad cinegética. Entre ellos, Irene de Miguel, diputada por Unidas por Extremadura, que vinculó directamente el siniestro con la caza y con otros sucesos recientes.

Mensaje de Irene de Miguel en la red social X. © X

La respuesta de Bautista en redes

Ante estas acusaciones, Abel Bautista contestó a la diputada a través de la red social X. «No es la caza, @Irenirima. Son las pasiones y disputas personales por una actividad que antes hacía y ya no. Pero no, no es la caza la causa. Sino la maldad de una persona en concreto», escribió el consejero.

En ese mismo mensaje añadió: «No señalemos a un colectivo que no tiene la culpa de nada y además ahora sufre las consecuencias de no poder cazar en ese entorno». Bautista insistió en que no se puede criminalizar a miles de aficionados a la caza por los actos de un delincuente: «Sé que tú no quieres criminalizar al sector, sino únicamente a las personas que cometan delitos. A esas, todo el peso de la ley. En eso estamos juntos. Y lo estaremos siempre, practique la actividad que practique».

La Federación Extremeña de Caza responde

Las declaraciones de Irene de Miguel también han recibido respuesta por parte de la Federación Extremeña de Caza, cuyo presidente, José María Gallardo, publicó en su perfil oficial de Facebook un duro comunicado en defensa del sector.

«Creo que era necesaria una aclaración y Santa Irene de Podemos o Sumar o de lo que sea, ha dado una oportunidad de oro para que el Consejero de Presidencia aclare que en el incendio de Aliseda ‘no es la caza la causa‘», comenzó escribiendo. A continuación, subrayó que en muchas ocasiones los cazadores, a través de la vigilancia de los guardas de coto, evitan que incendios intencionados lleguen a prosperar.

El dirigente federativo fue más allá y criticó con dureza a los grupos ecologistas, acusándolos de promover normativas que han limitado la gestión forestal. «La caza, la cinegética, la venatoria, es una de las actividades económicas, lúdicas, deportivas y culturales que se verán más afectadas —junto con la agricultura y la ganadería— por esta horrible pesadilla que está viviendo el pueblo extremeño».

La polémica en los medios

La utilización política de las primeras declaraciones de Bautista ha dado pie a que algunos medios hayan especulado sobre supuestos vínculos entre incendios forestales y la caza. El diario 20 Minutos llegó a publicar que «estos incendios suelen provocarse para regenerar pastos, concentrar especies o eliminar matorrales que dificultan la visibilidad y por ende, la actividad cinegética». Una afirmación que carece de base y que cualquier cazador sabe que no se sostiene.

Estas interpretaciones han indignado aún más al sector, que recuerda que son precisamente los cazadores quienes más sufren las consecuencias de un incendio de estas características, pues ven arrasadas las zonas en las que desarrollan su afición y en las que invierten grandes cantidades de dinero en conservación.

La inversión de los cazadores contra el fuego

La Fundación Artemisan recordó en el estudio económico elaborado por la consultora Deloitte que los cazadores españoles destinan cada año 54 millones de euros a trabajos que ayudan a prevenir los incendios. Entre estas labores se incluyen desbroces, cortafuegos, podas, mejora de accesos y vigilancia del monte. Una inversión privada que se convierte en un aliado clave de la lucha contra los fuegos.

Un agricultor y un cazador charlan junto a un tractor. ©JDG

En la última década, España ha perdido 1,12 millones de hectáreas por incendios forestales, una media de 112.000 al año, con un repunte dramático en 2022, cuando se calcinaron más de 267.000. Según Artemisan, estas cifras se ven agravadas por el abandono de las prácticas tradicionales del mundo rural y por el exceso de restricciones normativas que han frenado la gestión forestal.

Los cazadores, gestores y guardas de coto son, de hecho, el primer foco de alerta ante un incendio y quienes mejor conocen el terreno. Además, especies cinegéticas como el ciervo o el jabalí cumplen un papel importante como «máquinas desbrozadoras» naturales que ayudan a controlar la vegetación y, con ello, a reducir la carga de combustible que alimenta los incendios.

Un sector que reclama respeto

La polémica de Aliseda ha reabierto un debate recurrente: el uso político de la caza como argumento arrojadizo. Desde el sector se insiste en que los incendios son delitos cometidos por individuos concretos y que no se puede responsabilizar a un colectivo que, por el contrario, dedica esfuerzos y recursos constantes a preservar el monte.

La Federación Extremeña de Caza ya ha anunciado que se personará como acusación particular en el procedimiento judicial que determine la autoría del incendio de Aliseda. Lo hará, según ha asegurado su presidente, «porque la caza no fue la responsable, sino la víctima».

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