La actuación contra quien disparó a la orca Toñi no admite reproches. El responsable debe ser identificado y responder ante la Justicia. Lo que vuelve a indignar al mundo rural es comprobar la extraordinaria rapidez con la que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha reaccionado ante este caso mientras los ganaderos llevan años contando animales muertos.
El pasado 2 de septiembre, el departamento dirigido por Sara Aagesen anunció que había remitido a la Fiscalía de Medio Ambiente el resultado de sus investigaciones. También solicitó la colaboración de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil y estableció contacto con las autoridades portuguesas. Todo ello por unos hechos que se habrían producido apenas unas semanas antes.
La orca presentaba varios orificios en la aleta dorsal, aparentemente provocados por postas. Las primeras informaciones llegaron a hablar de una decena de marcas. Las pesquisas apuntan a una embarcación de bandera española desde la que presuntamente se habría disparado en aguas portuguesas. Afortunadamente, el propio ministerio asegura que las heridas evolucionan favorablemente y que Toñi ha sido avistada con su grupo en aguas gallegas.
Fiscalía, Guardia Civil y cooperación internacional en tres semanas
Los agentes medioambientales del MITECO comenzaron sus actuaciones el 13 de agosto, después de recibir la información facilitada por WeWhale. En menos de tres semanas, el caso había llegado a la Fiscalía y a una unidad especializada de la Guardia Civil, mientras España y Portugal coordinaban sus pesquisas. «Desde el ministerio seguiremos con las pesquisas, colaborando tanto con la Fiscalía como con la Guardia Civil y las autoridades portuguesas, para tratar de esclarecer lo ocurrido y evitar que este daño contra el medio ambiente quede impune», afirmó Aagesen.
Conviene repetirlo: investigar estos disparos es lo correcto. Nadie está reclamando impunidad para quien haya empleado un arma contra una especie protegida. Sin embargo, resulta inevitable comparar semejante despliegue con la respuesta que reciben los ganaderos cuando encuentran ovejas destripadas, terneros devorados o potros muertos por el lobo.
En esos casos no suele haber comunicados urgentes de la vicepresidenta, llamadas entre gobiernos ni frases solemnes sobre la necesidad de impedir que el daño quede impune. Hay formularios, peritaciones, esperas e indemnizaciones que, cuando llegan, difícilmente compensan el valor productivo, genético y emocional de los animales perdidos.
Miles de ataques y animales muertos cada año
Los datos autonómicos permiten hacerse una idea de la magnitud del problema. Cantabria contabilizó en 2025 un total de 2.956 ataques de lobo, 275 más que el año anterior. Dejaron 3.493 animales muertos y otros 392 heridos. Desde que la especie fue incluida en el LESPRE en 2021, los ataques registrados en esta comunidad pasaron de 1.040 a casi 3.000 anuales.
En Castilla y León se notificaron alrededor de 3.970 ataques durante 2024, con cerca de 6.000 reses muertas según los datos difundidos por la Junta. Ávila y Burgos figuraron entre las provincias más castigadas. Galicia, por su parte, recibió durante 2025 alrededor de 1.900 avisos por posibles ataques y concedió casi 1.300 ayudas a explotaciones afectadas.
No existe todavía un balance estatal reciente, homogéneo y público que permita sumar con exactitud todos los siniestros bajo un mismo criterio. Esa carencia también forma parte del problema. Los ataques se cuentan comunidad por comunidad mientras el ministerio, responsable de coordinar la política nacional y trasladar la información a Europa, mantiene una batalla política con las regiones por el estado real de conservación del lobo.
Detrás de cada cifra hay además daños que no siempre aparecen en el expediente: animales desaparecidos, abortos provocados por las persecuciones, reses heridas que deben sacrificarse, pérdida de genética, horas de búsqueda y explotaciones obligadas a abandonar pastos que llevaban generaciones aprovechándose.
España, expedientada por no enviar sus informes a Europa
El contraste es todavía mayor al recordar que España fue expedientada por la Comisión Europea por no entregar dentro de plazo el informe sexenal correspondiente al periodo 2019-2024 sobre el estado de conservación de las especies y los hábitats protegidos. El límite terminó el 31 de julio de 2025 y España fue el único Estado miembro que no remitió la documentación requerida.
En junio de 2026, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobó por mayoría una propuesta que considera favorable el estado de conservación del lobo en España. El documento salió adelante pese al voto contrario del propio MITECO y de Cataluña. Las comunidades reclamaron entonces al ministerio que cumpliera su obligación y trasladase a Bruselas el informe aprobado.
El MITECO sostuvo que la propuesta autonómica no se ajustaba a los criterios metodológicos establecidos por la Comisión Europea. Antes había cuestionado la «base científica» del informe e introducido en el debate acontecimientos posteriores al periodo evaluado, como los incendios de 2025 o los controles autorizados por algunas autonomías.
El resultado es difícil de explicar a un ganadero: el ministerio es capaz de poner en marcha en cuestión de días una investigación internacional por las heridas de una orca, pero España acumula más de un año de retraso en la comunicación de unos datos esenciales para gestionar una especie que provoca miles de ataques al ganado.
Una sensibilidad que desaparece al llegar al campo
Toñi merece protección y quien disparó contra ella debe afrontar las consecuencias. Pero las vacas, ovejas, cabras, potros y perros mastines muertos por los lobos también pertenecen a alguien. Son el medio de vida de familias que mantienen abiertos caminos, aprovechan pastos, conservan paisajes y sostienen pueblos en los que cada explotación que cierra difícilmente vuelve a abrir.
Lo que molesta al campo no es que el MITECO investigue a fondo este caso, sino que esa contundencia parezca desaparecer tierra adentro. Para una orca herida hay Fiscalía, Guardia Civil, coordinación internacional y seguimiento de su recuperación. Para miles de animales despedazados cada año, la respuesta continúa reduciéndose con demasiada frecuencia a indemnizaciones tardías y discusiones interminables sobre censos e informes.
El ministerio pide que el daño sufrido por Toñi no quede impune. Los ganaderos llevan años pidiendo algo mucho más básico: que sus pérdidas dejen de tratarse como un daño asumible y que la conservación del lobo no se construya exclusivamente sobre sus explotaciones. La diferencia entre ambas respuestas explica por qué buena parte del medio rural considera que el MITECO protege la naturaleza de espaldas a quienes viven y trabajan en ella.
