La polémica normativa que regula la prescripción y venta de medicamentos veterinarios en España ha dado su primer golpe en Baleares. La patronal de clínicas veterinarias de las Islas ha informado este miércoles de la primera sanción impuesta a un veterinario bajo el decreto que limita la venta de fármacos en las clínicas. La multa, de 90.000 euros, ya es firme y se encuentra en proceso de judicialización, según ha confirmado Andreu Oliver, presidente de la patronal.
El descontento no se limita a Baleares. Veterinarios de todo el país están llamados a concentrarse el próximo 5 de marzo frente al Ministerio de Agricultura en Madrid para mostrar su disconformidad con el Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Su objetivo es visibilizar el rechazo a una normativa que no solo restringe la administración de antibióticos a animales de compañía, sino que también prohíbe la venta directa de medicamentos en las clínicas veterinarias, imponiendo sanciones que pueden oscilar entre los 60.000 euros y un millón de euros.
Desde principios de año, todos los veterinarios deben notificar al Ministerio de Agricultura la prescripción de antibióticos a través del sistema PRESVET. Este nuevo requisito ha generado una creciente preocupación en el sector, que teme un aumento exponencial de las sanciones administrativas y una deficiente realización de su labor sanitaria.
Por su parte, la Dirección General de Farmacia del Govern de Baleares, responsable de supervisar el cumplimiento de la normativa en la región, ha tratado de desvincular la multa de la nueva ley. Fuentes del organismo han asegurado que el expediente sancionador fue iniciado antes de la entrada en vigor de PRESVET, aunque este ya está siendo aplicado.

El conflicto ha evidenciado las diferencias de criterio dentro del propio sector. Mientras que colegios de veterinarios de toda España abogan por una moratoria y una aplicación más flexible de la norma, la patronal de clínicas veterinarias exige directamente la derogación del decreto. Con el lema «Esta pastilla no nos la tragamos», los veterinarios han iniciado movilizaciones, incluido un paro simbólico en las consultas de las Islas el pasado 11 de octubre.
Multas muy cuantiosas
El Real Decreto 666/2023 no contempla un régimen sancionador específico para las infracciones relacionadas con la normativa Presvet, sino que remite a otras normativas vigentes que establecen las sanciones aplicables. En particular, las penalizaciones para los veterinarios que no cumplan con las obligaciones establecidas en esta normativa se regirán por el Real Decreto Legislativo 1/2015, que recoge la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, la Ley 8/2003 de sanidad animal y la Ley 33/2011 General de Salud Pública.
Estas leyes dividen las infracciones en tres categorías: leves, graves y muy graves, con sanciones económicas que pueden ir desde 60.000 euros en el caso de las infracciones más leves, hasta un millón de euros para las infracciones más graves, dependiendo de la magnitud y las consecuencias del incumplimiento.
La muerte de la perra en Galicia enciende las alarmas
La tensión ha escalado aún más tras la muerte de una perra de 9 años en Galicia la semana pasada. La mascota, una Jack Russell, falleció a causa de una sepsis tras no recibir el tratamiento antibiótico adecuado a tiempo. Según explicó Samuel Fernández, gerente del grupo veterinario Adrisa, la normativa impidió administrar un antibiótico más potente sin un cultivo previo que justificara su uso. Para cuando llegó el resultado del laboratorio, el estado de salud del animal ya era crítico, y murió sin que se pudiera hacer nada para salvarla.
Este caso, considerado la primera víctima documentada de la nueva normativa, ha encendido aún más los ánimos en el sector veterinario. Los profesionales critican que el decreto prioriza la burocracia sobre la salud de los animales, exponiéndolos a riesgos innecesarios, por lo que han convocado la manifestación del próximo 5 de marzo en Madrid.