El sector veterinario en España se encuentra en pie de guerra. La entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, ha desatado una oleada de protestas. El próximo 5 de marzo, veterinarios de toda España se manifestarán frente al Ministerio de Agricultura en Madrid para exigir la derogación de una normativa que consideran desproporcionada y peligrosa para la salud animal.
La tensión en el sector ha aumentado tras conocerse la primera sanción impuesta bajo esta normativa: una clínica veterinaria en Baleares ha recibido una multa de 90.000 euros por supuestamente incumplir las disposiciones del decreto. Esta sanción, que ya es firme y está en vías de judicialización, ha puesto en alerta a los profesionales, que temen que situaciones similares puedan repetirse en todo el país.
La normativa introduce el sistema PRESVET, que obliga a los veterinarios a notificar cada prescripción de antibióticos al Ministerio de Agricultura. Además, prohíbe la venta directa de medicamentos en las clínicas veterinarias, limitando la dispensación a las farmacias. Esta regulación no solo ha generado un aumento en la burocracia, sino que también ha establecido un régimen sancionador que puede llevar a los profesionales a enfrentarse a multas millonarias.
¿Cuál es el régimen sancionador de la ley Presvet?
Aunque el Real Decreto 666/2023 no establece un régimen sancionador propio, sí remite a varias normativas que definen las infracciones y sanciones aplicables. En concreto, las sanciones para los veterinarios que incumplan esta normativa se regirán por:
- Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
- Ley 8/2003, de 25 de abril, de sanidad animal.
- Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
Estas normativas distinguen entre infracciones leves, graves y muy graves, con sanciones que pueden oscilar desde 60.000 euros hasta un millón de euros, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.
Tipos de infracciones y sus sanciones
1. Infracciones leves:
Son aquellas que suponen un incumplimiento menor de las disposiciones legales. Pueden incluir errores administrativos, como no registrar correctamente una prescripción en el sistema PRESVET o retrasarse en la notificación.
- Ejemplo práctico: Un veterinario prescribe un antibiótico a un perro con una infección cutánea pero se olvida de notificarlo en el sistema PRESVET hasta una semana después. Aunque el tratamiento fue correcto, el retraso en la comunicación podría considerarse una infracción leve.
- Sanción estimada: Hasta 60.000 euros.
2. Infracciones graves:
Se consideran graves aquellas acciones que pongan en riesgo la salud animal o incumplan de manera más significativa la normativa. Incluyen la prescripción de medicamentos sin justificación clínica o la venta de fármacos en la clínica sin cumplir los requisitos legales.
- Ejemplo práctico: Un gato llega a la consulta con una infección urinaria severa. El veterinario, ante la urgencia del caso, le administra un antibiótico de amplio espectro sin esperar el resultado del cultivo bacteriano. Aunque el objetivo es salvar la vida del animal, la falta de justificación documental podría acarrear una multa.
- Sanción estimada: Entre 60.001 y 600.000 euros.
3. Infracciones muy graves:
Estas infracciones suponen un riesgo grave para la salud pública o un incumplimiento flagrante de la normativa. Incluyen la administración de medicamentos prohibidos, la falsificación de recetas o la omisión intencionada de notificaciones en PRESVET.
- Ejemplo práctico: Un veterinario decide no registrar la prescripción de un antibiótico para evitar una posible sanción, ocultando deliberadamente la información al Ministerio de Agricultura. Este tipo de infracción podría considerarse muy grave.
- Sanción estimada: Entre 600.001 euros y un millón de euros.
Comparación con otras sanciones: ¿Realmente son desproporcionadas?
Algunos veterinarios comparan las sanciones con las impuestas por delitos tan graves como la colaboración con organizaciones terroristas. La desproporción radica en que un error administrativo o un exceso de celo para salvar la vida de un animal puede conllevar multas que, en otros ámbitos, se reservan para infracciones penales de máxima gravedad.
Consecuencias prácticas para los veterinarios
La normativa ha creado un clima de miedo en las clínicas veterinarias. Muchos profesionales temen que cualquier decisión médica pueda ser objeto de sanción. Situaciones cotidianas, como tratar una herida infectada, administrar un antibiótico en urgencias o vender un antiinflamatorio, podrían convertirse en un riesgo económico.
Los veterinarios advierten que esta incertidumbre podría llevar a una «medicina defensiva», donde se prioricen los procedimientos burocráticos sobre la salud animal. Esto podría tener consecuencias fatales, como en el caso de la perra Jack Russell fallecida en Galicia. El animal murió a causa de una sepsis, ya que el veterinario no pudo administrar un antibiótico más potente sin el respaldo de un cultivo bacteriano, cuyo resultado llegó demasiado tarde.
¿Qué piden los veterinarios?
El sector demanda la derogación de la normativa o, al menos, una moratoria que permita adaptarse sin riesgo de sanciones desproporcionadas. También solicitan una revisión del sistema PRESVET, proponiendo que las notificaciones se utilicen para monitorizar el uso de antibióticos, pero sin derivar automáticamente en expedientes sancionadores.
La manifestación del 5 de marzo será un termómetro de la situación. Bajo el lema «Esta pastilla no nos la tragamos», los veterinarios buscarán visibilizar su problemática y obtener el apoyo de la sociedad y las instituciones. El futuro de la profesión podría depender de que se encuentren soluciones equilibradas que garanticen la salud animal y la seguridad jurídica de los profesionales.
