Tras haber recibido una información en la que se daban a conocer los hechos que a continuación exponemos, la Guardia Civil está investigando a un hombre en Valencia por, presuntamente, haber matado a su perra, de 14 años de edad, en su propia parcela y mediante asfixia.
Según ese aviso que llegó a los agentes del instituto armado, el individuo lo habría hecho sin el preceptivo informe veterinario y haciendo uso de una cuerda. Después de llevar a cabo las correspondientes gestiones, los guardias civiles pudieron comprobar que los hechos denunciados eran ciertos.
Un sacrificio por «evitarle mayor sufrimiento»
Sabiendo esto, consiguieron identificar al supuesto autor de los hechos, un hombre de nacionalidad española y de 37 años. Los agentes le informaron de que esa conducta podría ser constitutiva de delito y este les explicó que lo había hecho por «evitarle mayor sufrimiento» a la perra.
Además, los guardias civiles pudieron comprobar la existencia de un animal enterrado en esa misma parcela que coincidía con el ejemplar denunciado. El investigado también aseguró que no tenía conocimiento de que tales hechos pudieran suponer un delito.
Dos pastores matan a garrotazos a un perro de caza durante una montería en Burgos
Ante estos hechos, la Guardia Civil ha recordado que la eutanasia animal debe estar valorada por un informe veterinario en el que se concrete que la muerte del animal se realiza con el único fin de evitar el sufrimiento por causas no recuperables que comprometa seriamente la calidad de vida del animal. Dicho informe tiene que ser emitido por un profesional veterinario colegiado.
En este sentido, la eutanasia de animales con medios inadecuados o por personal no cualificado se considera una infracción muy grave sancionadas con multa de 50.000 a 200.000 euros. Asimismo, la modificación del Código Penal en materia de maltrato animal establece que cualquier persona que cause la muerte de un animal doméstico en los casos no regulados por la ley se enfrenta a una pena de prisión de 12 a 24 meses, además de la pena de inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de la profesión relacionada con los animales.
