PSOE y Podemos votaron ayer en el Congreso en contra de la reforma de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad mientras que Ciudadanos se abstuvo. Esta medida supone un duro golpe para el sector de la pesca y de la caza y un desplante ante el mundo rural. Además conlleva un grave perjuicio económico para algunas regiones del país y condena a la extinción a especies como el arruí o la carpa.
21/6/2017 | Redacción JyS
El Congreso de los Diputados votó ayer en el Pleno en contra de la modificación de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Los votos de PP, PNV, PDCat y Grupo Mixto no fueron suficientes para lograr una modificación con la que se pretendía levantar la condena a la extinción de especies como el arruí, la trucha arco iris, la carpa común o el cangrejo rojo.
Con esta modificación, el Gobierno quería “compatibilizar la lucha contra las especies invasoras con su aprovechamiento para la caza y la pesca en aquellas áreas que, al estar ocupadas de antiguo, su presencia no suponga un problema medioambiental”. La modificación de la ley implicaba que aquellas especies que estuviesen presentes antes de 2007 quedarían en manos de las administraciones autonómicas que decidirían en qué regiones se podrían controlar.
De haberse aprobado la Proposición de Ley se habrían evitado los perjuicios económicos que la ley está provocando ya en muchas regiones de España y se habría dotado de una mayor seguridad jurídica a los sectores implicados. Ahora, podría perderse un flujo económico de más de tres mil millones de euros siendo las Comunidades más afectadas Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura.
Según publica ABC, desde la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo en 2016, se han cerrado el 25% de los establecimientos relacionados con la pesca, el 60% de las piscifactorías y la venta de material ha decaído a más de la mitad. Asimismo, más del 75% de las contrataciones turísticas internacionales han sido canceladas.
Desde el PSOE se acusó al Gobierno de “no haber contado con nadie” y de “pretender desmantelar la legislación medioambiental”. El diputado socialista Manuel González Ramos expuso que el Gobierno debería haber creado un proyecto de ley, para poder tener “un debate más amplio”.
Desde Ciudadanos, Toni Cantó, aseguró que la iniciativa no iba a arreglar “un problema que cada vez es mucho mayor” y aseguró que la Proposición de Ley no iba a darle “seguridad jurídica” a los cazadores y pescadores.
Por su parte, la Fundación Artemisan ha considerado “un grave error” la revocación de la medida. El hecho más grave para Artemisan es la inclusión del arruí como especie exótica invasora, en contra del criterio científico. Esta medida lleva a la extinción de la especie en España y la pone en serio riesgo en el mundo, ya que en el norte de África, de donde es originaria, casi ha desaparecido. España era, hasta ahora, el único reducto en el que se puede encontrar esta especie en Europa.
Artemisan ya elaboró un vídeo donde se pueden ver las decenas de cadáveres de arruís en descomposición que se están abandonando en el territorio de Sierra Espuña. Además, esta Fundación tras realizar una investigación demostró “la importancia ecológica del arruí para la zona, al preservar el hábitat, no contaminar, no hibridar, no trasmitir enfermedades, no perjudicar a las economías locales y no desplazar a otras especies, como la cabra montés”, tal y como explican en nota de prensa.
Por último, desde Artemisan alertan del peligro económico que esta decisión genera en algunas regiones que viven de las actividades relacionadas con la pesca de la trucha arco iris, la carpa común o el cangrejo rojo.
