El gobierno catalán está elaborando una ley de caza para Cataluña que sea «sostenible y equilibrada territorialmente» porque la normativa vigente es estatal y de 1970 por lo que hay que «adecuarla a las nuevas necesidades sociales, económicas y ambientales».
20/4/2017 | EFE

Cazadores en un puesto de caza de zorzales. / JDG
Cazadores en un puesto de caza de zorzales. / JDG

Así lo ha explicado la directora general de Montes, Montse Barniol, durante la sesión informativa que hoy ha hecho en Vic (Barcelona) para exponer los contenidos de la futura ley a los sectores más implicados que participan en el debate sobre la nueva legislación.
Según Barniol, el proyecto de ley que está elaborando el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación pone especial atención «en los equilibrios entre diferentes actividades y la prevención y mitigación de riesgos y perjuicios originados por las sobrepoblación de algunas especies cinegéticas».
Según la Generalitat, esta nueva normativa se quiere elaborar con el consenso y la participación de los principales sectores implicados en relación con la fauna cinegética.
Así, ayer en Vic y el miércoles próximo en Valls (Tarragona), el Departamento de Agricultura ha reunido a los diferentes agentes para avanzar en los trabajos de redacción de una nueva ley de caza catalana.
En Cataluña, la actividad cinegética está regulada por la Ley 1/1970, de 4 de abril, una ley redactada en un momento predemocrático y que ha quedado anticuada y desfasada con la realidad social y medioambiental de Cataluña, según la Generalitat.
Barniol ha afirmado que «hay que replantear el papel de la caza como una herramienta eficaz para la gestión de la biodiversidad, los ecosistemas forestales y la fauna salvaje».
Así, ha explicado que «debemos ser capaces de adecuar la legislación básica a las necesidades del siglo XXI, los cambios y la transformación social y territorial que ha sufrido Cataluña desde el año 1970».
Al encuentro de ayer asistieron representantes del colectivo de cazadores, propietarios de terrenos cinegéticos, organizaciones agrarias, cooperativas, representantes del mundo local, entidades ecologistas y animalistas y excursionistas, entre otros.
Esta nueva ley se enmarca en el Plan de prevención de los daños y los riesgos originados por la fauna cinegética que desarrolla el Departamento de Agricultura, que tiene como objetivo establecer un nuevo marco legal, administrativo y operativo para hacer frente a los nuevos retos que generan los elevados niveles poblacionales que han logrado varias especies cinegéticas.
Según Barniol, actualmente la actividad cinegética está diseñada legislativamente como una actividad de ocio, mientras que emerge otra necesidad, más social, que es el control de daños y la gestión para un medio equilibrado y sostenible.
«También hay que poner en valor una actividad tradicional que ayuda a la dinamización económica y social de los municipios más rurales», ha añadido.
«La nueva ley debe explorar e implantar nuevos modelos y definir y promover una función más social de la actividad cinegética. Se trata de sacar adelante una Ley que permita regular mejor los derechos y deberes y que modernice y adapte la caza en el siglo XXI», ha concluido Barniol.
La nueva normativa también tiene que explorar e implantar nuevos modelos y formas de hacer para resolver los problemas específicos de zonas de montaña, los cultivos competitivos o de las zonas urbanas y suburbanas, entre otros, «todo ello, respetando y valorizando la actividad tradicional de la caza, en armonía con el resto de actividades en el medio y la sostenibilidad ambiental».