El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprovechado el periodo vacacional para dar luz verde a la Ley que más rechazo social ha encontrado en nuestro país en los últimos años. Se trata del Anteproyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, el cual tiene el dudoso honor de haber congregado en su contra una de las mayores manifestaciones de ciudadanos que se recuerdan en Madrid desde la de Miguel Ángel Blanco.
El texto aprobado no se ha hecho público, pero que no excluye a los perros de caza, al contrario de lo que había prometido el PSOE a los cazadores y tal y como ha corroborado Sergio García Torres, el radical animalista sin estudios al frente de la Dirección General de Derechos de los Animales. Además, ha sido aprobado un 1 de agosto, en pleno periodo vacacional, lo que sin duda busca que la acción del Gobierno de Pedro Sánchez pase más desapercibida para esa gran parte de la sociedad que ha mostrado su rechazo a ella.
Una norma tramitada con carácter de urgencia
Pero la nocturnidad de la aprobación del borrador no es la única puñalada que el PSOE ha asestado al colectivo cinegético. Además, el Consejo de Ministros ha decidido que su tramitación se haga «por el procedimiento de urgencia». ¿Esto que implica? Pues que su plazo de aprobación se reduzca a la mitad.
Para que entendamos, por término medio un proyecto de ley tarda de media cinco meses desde que el Consejo de Ministros lo envía al Parlamento hasta que es aprobado definitivamente por el Congreso, sancionado, promulgado por el Rey y publicado en el BOE. Pero en el caso del procedimiento de urgencia, los plazos se reducen a la mitad, por lo que si el texto entra en el Congreso de los Diputados en septiembre es perfectamente posible que la ley esté en vigor hacia finales de año.