La propuesta de ley animalista del Gobierno ha acaparado gran parte de los titulares durante los últimos meses, especialmente entre los medios de comunicación del sector cinegético. Pero esta polémica y cada vez más rechazada norma no es la única que amenaza al sector y que ha sido gestada desde el seno del Ministerio de Ione Belarra. Como ya hemos denunciado en multitud de ocasiones en Jara y Sedal, el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal es, en realidad, un ataque encubierto a la mismísima actividad cinegética. El despropósito del texto presentado desde la Dirección General de Derechos de los Animales, que dirige el animalista radical Sergio García Torres, llega a plantear castigos más duros por maltratar a un animal que por hacerlo a una persona.
Esta chapuza legislativa, comparable a la de la ley del ‘solo sí es sí’ que ha servido para excarcelar al menos a 250 violadores, ya fue criticada el pasado mes de noviembre por el Consejo General del Poder Judicial, quien emitió un duro informe alertando de la falta de proporcionalidad de determinadas penas que contempla la reforma legal del Gobierno, y con la que podría imponerse la misma condena por lesionar a una mascota que a una persona.
Tras esto, el grupo parlamentario socialista registró una enmienda al proyecto de ley para dejar en un máximo de dos meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días la pena por lesiones a un animal cuando no requieren tratamiento veterinario, alineándose con la propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial. No ha sido el único cambio. Además, el PSOE ha propuesto que en los caso más graves, en los que se llegue a provocar la muerte al animal, la pena máxima suba a los dos años de prisión y ha incluido la posibilidad de sustituir la pena de cárcel por una multa.
García Torres dice que tumbará la reforma
Sergio García Torres, quien ha incumplido su promesa de dimitir después de que la ley animalista haya excluido a los perros de caza, ha salido al paso en las redes sociales y ha anunciado que Unidas Podemos votará en contra de la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal cuando llegue al pleno del Congreso el próximo mes de febrero. «El PSOE ha propuesto la alternativa de multas en la modificación del código penal, algo que no apoya el resto de grupos parlamentarios. Es decir, o se retira la alternativa de multa al proyecto de Ley o no se aprobará en el pleno del Congreso», aseguraba el pasado 27 de enero en respuesta a un usuario de Twitter que le preguntaba por el tema.
Hoy, el director general de derechos de los animales ha dado un paso más y ha insistido en su propio perfil de Twitter: «El ministerio de Justicia es el gran freno de políticas progresistas, pretenden volver a la propuesta del PP en la ley ‘solo sí es sí’ y en la modificación del Código Penal en maltrato animal, han pretendido rebajar penas con alternativa de multas, lo que tumbará la reforma».
Una reforma «difícilmente conciliable» con la caza
No hay que olvidar que según el máximo órgano de gobierno de los Jueces y Magistrados de España confirma lo que el sector cinegético viene manifestando desde hace tiempo: en la práctica, la modificación de los delitos de maltrato animal propuesta por Unidas Podemos podría suponer el fin de la caza. El CGJP pasado 24 de noviembre de 2022 afirmó en su informe preceptivo, aunque no vinculante, que el texto de Unidas Podemos podría provocar «importantes problemas» interpretativos, por cuanto «la protección de todo animal vertebrado sin ninguna limitación en los términos propuestos» resulta «difícilmente conciliable con la protección debida a otros bienes jurídicos como la salud pública o el medio ambiente».
Aunque en dicho informe no se consigna literalmente el término «caza», es obvio que con dicha afirmación el Consejo General del Poder Judicial se está refiriendo, entre otras, a la práctica de la actividad cinegética, cuya finalidad principal es precisamente la protección del medio ambiente y de la salud pública como herramienta de gestión de poblaciones silvestres con el fin de evitar daños a la biodiversidad y a la agricultura y otros que pudieran incidir en el interés general, como lo son la propagación de enfermedades o los accidentes de tráfico con fauna cinegética.