El campo salmantino ha dicho basta. Lo ha hecho después de años arrastrando una polémica creada en los despachos de la Junta de Castilla y León y alimentada por algunos agentes medioambientales, que están tratando de acabar con la tradicional forma de trabajar de los cortacinos charros a golpe de amenazas, bolígrafo y denuncias.
El origen del problema se creó hace unos años, cuando la Junta de Castilla y León publicó una nueva normativa que, entre otras cosas, prohibía cortar ramas con un diámetro superior a los 15 centímetros con carácter general. Sea cual fuese el estado de la encina y sin importar el resultado final de la poda, que en algunos casos es una aberración, según los propios cortacinos. Esto, además de ser un ataque contra la poda tradicional que ha configurado y conservado hasta nuestros días, supone una grave amenaza para el propio arbolado, tal y como Jara y Sedal ha mostrado en varias ocasiones. El hecho de impedir la poda de ramas de más de 15 centímetros supone una condena a muerte para muchas encinas, incapaces de soportar su propio peso ante las inclemencias del tiempo. En algunos casos se resquebrajan y se parten y, en otros, incluso se derrumban completamente. Además, impide que puedan ser podadas en el futuro por culpa de la verticalidad que quieren dar a su estructura.
La situación se ha vuelto tan insostenible que ayer se dieron cita en Espeja (Salamanca) más de 200 personas afectadas, entre cortacinos y propietarios de dehesas, para buscar soluciones a la grave situación que atraviesan. El acto fue convocado por la Asociación 19 de Abril y, entre otros, contó con la presencia de su expresidente, Juan Luis Martín, la exalcaldesa de Espeja Clotilde Muñoz, y Laureano Hernández, veterano cortacino de Matilla de los Caños.
Historias dramáticas tras las denuncias de Medio Ambiente
Durante la concentración, los asistentes pusieron en común la problemática y se dieron a conocer algunos casos verdaderamente dramáticos, como el de un joven veinteañero de Campillo de Azaba que no podía trabajar por las denuncias recibidas: «¿Qué hago yo ahora? ¿Dónde trabajo?», se lamentaba. Su caso, ejemplifica a la perfección uno de los problemas citados por los afectados desde la aprobación de la polémica normativa: las políticas ecologistas contribuyen al abandono rural y limitan una de las pocas actividades que fijan población en los pueblos salmantinos.
Otro de los aspectos comentados es la falta de conocimientos de la dehesa y sus usos tradicionales: «Lo que no puede ser es que personas que no saben lo que son los árboles nos vengan a decir a quienes llevamos siglos manteniendo las dehesas y los montes cómo tenemos que hacer las cosas», aseguraban. Por otro lado, también pusieron de manifiesto que la problemática de las denuncias se da «solo en algunas zonas y algunos forestales los que denuncian con el visto bueno de sus superiores».
A lo largo de la reunión los afectados acordaron solicitar una reunión con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, para exigirle que cambie la normativa: «es la única forma de que las encinas y robles perduren como lo han hecho hasta ahora y no haya ciertas personas que puedan acogerse a una regulación ineficaz e incluso maligna para el campo». Si el consejero se niega a hacerles caso, convocarán nuevas reuniones por las zonas de Vitigudino y Ledesma para seguir movilizando a más afectados.
Una amenaza también para la biodiversidad
Las dehesas salmantinas son destino invernal de millones de palomas provenientes del norte de Europa, lo que genera un importante aprovechamiento cinegético en la provincia. Según denuncian los profesionales del monte, si la Junta de Castilla y León no reconsidera su posición terminarán con el sector forestal. Al margen del drama que supondrá para cientos de familias, el abandono del monte y de sus usos tradicionales repercutirá en otros sectores como el porcino, muy importante en la provincia, puesto que la producción de bellotas disminuirá drásticamente.
Las consecuencias ecológicas que se prevén también afectarán a la biodiversidad y a las especies que se benefician de la limpieza del monte –especialmente aves y especies de caza menor– que realizan los profesionales del campo, al margen de implicar un aumento del riesgo de incendios.
Un sector, el del campo en la provincia de Salamanca que ya está afectado de manera seria por “los saneamientos frente a la tuberculosis y ahora nos quieren hundir todavía más cargándose las encinas, la dehesa”, por lo que entre los presentes ayer surgió la posibilidad de presentar una denuncia en los juzgados “contra el Servicio Territorial por atentar contra el medio ambiente”, afirmaron.