ASAJA Asturias ha calificado de «grave irresponsabilidad» la decisión del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de no remitir a Bruselas los censos de población de lobo elaborados por las comunidades autónomas. La organización agraria exige que esos datos lleguen de forma inmediata a la Comisión Europea y rechaza que se descalifique el trabajo técnico de los equipos autonómicos, que los han elaborado durante décadas con metodología de campo y empresas recomendadas por el propio MITECO.
La chispa la encendió Morán en Santander, donde afirmó en un curso sobre medio ambiente y Europa que España no va a enviar a Bruselas el informe sobre el estado de conservación del lobo con los datos remitidos por las autonomías porque, a su juicio, «no se acomodan a la realidad» y responden a criterios «políticos» y no «científicos». La respuesta del campo fue inmediata. ASAJA Asturias subrayó que esos censos los han elaborado técnicos públicos de cada comunidad, con trabajo de campo y seguimientos, y que descalificarlos sin argumentos técnicos equivale a ignorar deliberadamente la realidad del monte.
El consejero de Medio Rural del Principado, Marcelino Marcos, exigió una rectificación pública al Ministerio y reclamó que se incorpore la información aportada por Asturias al informe que debe completarse y enviarse a las instituciones comunitarias. «Si el ministerio discrepa, que explique técnicamente sus razones, pero que no acuse de falsear la realidad a quienes están haciendo su trabajo», zanjó. El Gobierno de Cantabria también salió al paso y acusó al Ministerio de ser quien «falsea los datos» para justificar un posible retorno del lobo al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Un pulso que viene de lejos
No es la primera vez que el sector agrario lleva este conflicto a Bruselas. En febrero de 2026, ASAJA ya remitió una carta formal a la Comisión Europea denunciando que MITECO no había trasladado a las instituciones europeas los datos actualizados sobre el estado de conservación de la especie. La organización advirtió entonces de que esa «reiteración en la no remisión de datos puede generar inseguridad jurídica y dificultar el cumplimiento efectivo del Derecho europeo». La Comisión Europea, por su parte, ya había advertido a España de la necesidad de aportar datos transparentes y actualizados sobre la población de lobo. COAG, por su lado, lleva meses denunciando que MITECO infravalora la población en sus informes, una acusación que Jara y Sedal ha recogido en detalle: COAG acusa al MITECO de ocultar más de mil lobos en su censo oficial.
El último censo nacional completo recogido en documentos estatales data de 2012-2014 y contabilizó 297 manadas, con estimaciones autonómicas posteriores que lo elevaron a 320, según el dictamen del Consejo de Estado sobre la inclusión del lobo en el LESPRE. Sólo en Asturias, el último censo autonómico constató 50 manadas en 2025, un incremento del 11 % respecto al período anterior, según datos del propio Gobierno regional. En Castilla y León, la cifra alcanzó las 193 manadas. Mientras tanto, el informe que España remitió a la UE para el período 2013-2018 calificó el estado de conservación del lobo como desfavorable-inadecuado (U1) en las regiones alpina, atlántica y mediterránea. No existe, a fecha de hoy, una fuente oficial consultable en la web del MITECO que publique un resultado nacional consolidado para 2025-2026.
Lo que está en juego para el campo y los cotos
La ausencia de un censo actualizado y reconocido no es un problema burocrático: tiene consecuencias directas para ganaderos y el campo en general. Sin datos oficiales compartidos y auditables por Bruselas, cualquier medida de control —ya sea preventiva o excepcional— queda expuesta a impugnaciones judiciales que paralizan la gestión sobre el terreno.
Los datos de daños al ganado ilustran la urgencia. En Asturias, desde la entrada del lobo en el LESPRE en 2021, los ataques han aumentado casi un 20 %: se pasó de 2.721 cabezas muertas a 3.257 en 2024, el dato más alto desde 2017, según cifras autonómicas. En Castilla y León, 2024 cerró con 3.979 ataques y 5.985 cabezas muertas, un nuevo repunte respecto a ejercicios anteriores. Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León coinciden en el diagnóstico: hay más lobos y más conflictos con la ganadería extensiva.
El marco legal que regula la gestión no ayuda a simplificar las cosas. Desde marzo de 2025, una enmienda a la Ley de Desperdicio Alimentario sacó al lobo del LESPRE al norte del Duero, lo que permitió reactivar controles en varias comunidades. Pero la situación jurídica sigue siendo inestable: los recursos de organizaciones ecologistas han generado una cascada de litigios que mantiene en vilo a ganaderos y gestores. En ese contexto, disponer de un censo oficial actualizado y remitido a Bruselas no es solo una exigencia técnica; es la pieza que falta para que cualquier decisión —de la prevención a un control excepcional— tenga recorrido legal y no se deshaga en los tribunales. El debate en Cantabria, donde el TSJ rechazó el recurso de los ecologistas contra el control del lobo, es un ejemplo de lo que puede lograrse cuando hay base jurídica sólida: Cantabria podrá seguir cazando lobos.
La exigencia: datos sobre la mesa, sin filtros
ASAJA Asturias pide al Ministerio que envíe de forma inmediata a la Comisión Europea los censos autonómicos, sin descalificaciones previas y con la metodología que los respalda. La organización recuerda que la Comisión ya ha advertido a España de la necesidad de aportar información transparente y actualizada, y que «sin datos no hay evaluación rigurosa, y sin evaluación rigurosa no puede haber decisiones proporcionadas». El Gobierno del Principado suma su voz y reclama que se abandonen las descalificaciones y se complete el envío del informe a las instituciones comunitarias.
El sector cinegético y ganadero mira también lo que ocurre fuera. Francia ha ampliado recientemente su margen de control del lobo para facilitar su caza, permitiendo abatir más ejemplares sin autorización previa, un modelo que en España choca con la inestabilidad jurídica actual. Y el propio Gobierno reconoció en su último informe sexenal que el estado de conservación de la especie es favorable, argumento que las comunidades usan para reclamar recuperar la gestión.