La Dirección General de Derechos de los Animales ha aprovechado el parón vacacional de agosto para realizar uno de sus movimientos más polémicos: recabar los datos que le permitirán crear la primera estadística oficial sobre abandono animal de España.
La fecha no parece haber sido elegida al azar, sino que es lo que suele hacer el Gobierno cuando quiere mover ficha sobre un asunto sin que el sector afectado se entere. De esta manera,Jara y Sedal ha sido el primer medio en hacerse eco de esta noticia. Pero ¿por qué tiene interés en ocultar este movimiento la dirección general animalista?
Para entender el contexto de la situación, debemos remontarnos a hace más de diez años, cuando los grupos anticaza comenzaron a difundir bulos sin contrastar para atacar a la actividad cinegética y limitarla. Una de esas fake news aseguraba que los cazadores abandonan 50.000 galgos cada año al terminar la temporada de caza. Una mentira insostenible que el Seprona de la Guardia Civil ha desmontado en numerosas ocasiones y que este documental puso al descubierto en 2020.
Tras la emisión de ese reportaje de investigación, el entonces director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, se reunió con el Seprona y la Guardia Civil dejó de publicar los datos oficiales que desmontaban el bulo animalista. Pero el discurso animalista que acusa a los cazadores de abandonar a sus perros seguía sin tener un soporte oficial que lo apoyara.
José Ramón Becerra, actual director general de Derechos de los Animales, se ha propuesto continuar con el legado de García Torres y ha creado un cuestionario que debe servir como base elaborar el primer informe oficial sobre abandono de animales de compañía. Pero lo ha hecho, al igual que su antecesor, con un sistema carente de todo rigor, de metodología científica y diseñado para criminalizar a los cazadores. Te explicamos por qué.
¿Por qué es un informe amañado desde el principio?
En primer lugar porque utiliza una fuente de información sesgada completamente. Los datos que recogerá los aportan las protectoras animalistas. Solo ellas pueden dar respuesta a las preguntas que aparecen. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las protectoras de animales que existen en España están integradas en la Plataforma No a la Caza, la cual año tras año criminaliza a los cazadores y pide el fin de la actividad cinegética en concentraciones por toda España.
Es cierto que los ayuntamientos también pueden responder, pero su cuestionario no es accesible y para llegar a él deben solicitarlo por propia iniciativa a la dirección general animalista. Teniendo en cuenta que nos encontramos en agosto (mes vacacional) y que no se ha dado publicidad a este cuestionario, está claro que las respuestas de las corporaciones municipales (que en su mayoría no disponen de datos de abandono) no serán muy abundantes.
En segundo lugar porque no utiliza ningún tipo de control para contrastar la veracidad de los datos aportados. Un grupo animalista puede afirmar que recoge 2.000 perros de caza al llegar el mes de febrero y la Dirección General de Derechos de los Animales no sabrá si es verdad o mentira porque no exige registros de microchip, denuncias ni ningún tipo de dato que acredite que son ciertos.
En tercer lugar porque solo pide datos específicos de «perros de caza» y de «galgos». No hay preguntas en el cuestionario sobre perros de compañía, de pastoreo, de guardia, etc. El formulario está hecho a medida para que la fuente (grupos animalistas que piden el fin de la caza) aporte datos sobre «perros de caza y sus cruces».
Además, al referirse a «perros de caza y sus cruces», la dirección general que dirige José Ramón Becerra no obliga a distinguir entre animales cuyo titular es cazador y son usados para cazar, y perros que simplemente pertenecen a una raza de caza y cuyo dueño no los emplea en la actividad cinegética. Este es otro de los grandes argumentos que demuestran la carencia de rigor de las muestras que pretenden recoger.
Hay que tener en cuenta que, según la FCI (Federation Cynologique Internationale) y la RSCE (Real Sociedad Canina de España), en el mundo hay más de 340 razas de perro, de las cuales unas 180 han sido creadas o usadas históricamente para la caza. Es algo obvio, si tenemos en cuenta que el perro fue domesticado para ayudar a cazar al hombre hace 23.000 años, según los últimos estudios. A su vez, la FCI divide esas razas en diez grupos, de los cuales siete son pertenecientes a perros de caza.
Por eso, es obvio que la mayor parte de los perros que existen en el mundo pueden ser considerados perros de caza, aunque no participen en la actividad cinegética, un extremo que el cuestionario planteado por el Gobierno no aclara.
Pero aclarar la situación del abandono no parece ser la voluntad del Gobierno. Por este motivo, el cuestionario también considera «perro de caza» a los cruces de estas razas, abriendo enormemente el abanico y permitiendo considerar como abandonos de cazadores a la práctica totalidad de los perros errantes atrapados por las protectoras.
¿Cuál será el resultado del informe sobre el abandono de perros?
Teniendo en cuenta el planteamiento totalmente manipulado de este supuesto estudio, la ausencia de metodología científica, de control de las respuestas y el sesgo de las fuentes, resulta bastante obvio que parece haber sido diseñado a medida para que sus conclusiones institucionalicen el bulo del abandono de los perros de caza por parte de los cazadores al terminar la temporada cinegética.
Esto supondrá un verdadero problema para el sector porque permitirá alimentar el mensaje de odio animalista y será utilizado por el propio Estado para reclamar limitaciones e imponer nuevas prohibiciones a los cazadores, siguiendo la hoja de ruta animalista del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.