La Asociación Armera ha informado a sus asociados de un giro relevante en Bruselas: durante la última reunión del Comité REACH, una mayoría de Estados miembros manifestó su preocupación por la propuesta de restricción del plomo en munición. A los países que ya se oponían al texto se han sumado otros nuevos, hasta el punto de que las fuentes consultadas hablan abiertamente de un «riesgo elevado de minoría de bloqueo» y de que resulte muy difícil someter el reglamento a votación en las condiciones actuales.
Según la información trasladada por el IEACS (Consejo Internacional de Asociaciones de Armas y Municiones Deportivas), varios Estados han pasado de la simple crítica técnica a declararse directamente en contra de la propuesta. El clima dentro del Comité REACH es ahora mucho más tenso que hace unos meses y, a corto plazo, nadie se atreve a asegurar que el expediente pueda salir adelante sin cambios de calado.
En paralelo, la Comisión Europea ha optado por separar el expediente en dos piezas: una dedicada a la munición y otra a los aparejos de pesca. Todo apunta a que el bloque de la pesca podría votarse antes, previsiblemente en diciembre, mientras que el corazón del debate —las balas y los perdigones de plomo para caza y tiro deportivo— seguirá atascado al menos hasta la próxima reunión del Comité REACH.
Un bloqueo político que gana fuerza
La escalada de críticas no ha surgido de la nada. Ya en junio, el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea dedicó un debate monográfico a la propuesta de restringir el plomo en municiones y plomos de pesca en virtud del reglamento REACH. Según el resumen interno distribuido por IEACS, 10 Estados miembros pidieron la palabra y nueve de ellos —entre ellos Italia, Suecia, Bulgaria, Hungría, Lituania o la República Checa— cuestionaron abiertamente la iniciativa de la Comisión.
Los ministros coincidieron en varios puntos: alertaron sobre las consecuencias de la propuesta para la capacidad de defensa europea, la industria de la munición, la gestión de fauna salvaje y las economías rurales. También reclamaron periodos transitorios más largos y un análisis más serio sobre la viabilidad técnica y el coste real de las alternativas al plomo.
Solo España defendió en aquella reunión la posición de la Comisión, restando importancia al posible impacto en la defensa y subrayando la necesidad de seguir avanzando en la eliminación de sustancias tóxicas como el plomo en nombre de la protección ambiental y la salud humana. Francia y Alemania optaron por no intervenir, y Polonia —que ostentaba entonces la presidencia del Consejo— tampoco tomó la palabra, lo que añade más incertidumbre al desenlace político del expediente.
La Comisión, por su parte, se ha aferrado al argumento científico: recuerda que la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) concluyó tras años de trabajo que el plomo es altamente tóxico para la fauna y para las personas, y que su uso en munición podría generar riesgos que deben ser abordados. Bruselas insiste en que su planteamiento es «proporcionado» y asegura que ya ha ido acotando el alcance inicial de la restricción.
Defensa, industria y economía rural en el centro del debate
Detrás de la creciente resistencia de los Estados hay varios frentes. El primero es la defensa. Países como la República Checa, Lituania o Eslovaquia han advertido de que, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, modificar de forma brusca el modelo de producción de munición puede debilitar la capacidad europea de respuesta ante crisis de seguridad. Varios gobiernos han subrayado la interdependencia entre la industria civil y la militar: buena parte de la capacidad de producción de cartuchería procede precisamente de las fábricas que abastecen a cazadores y tiradores deportivos.
El eurodiputado Riho Terras, vicepresidente del Intergrupo de Biodiversidad, Caza y Mundo Rural y antiguo jefe de las Fuerzas de Defensa de su país, ha llegado a publicar una carta abierta en la que pide a la Comisión que reconozca esa interdependencia y actualice la evaluación de impacto a la luz del nuevo contexto geopolítico. Terras reprocha a Bruselas que en su respuesta parlamentaria afirmase que «los usos militares y de seguridad de la munición del plomo quedan fuera del alcance de esta restricción» sin analizar de verdad qué supone para la cadena de suministro limitar la producción civil.
El segundo frente es económico y social. Delegaciones como las de Grecia, Portugal, Bulgaria o Estonia han recordado que en la pesca recreativa y profesional no existen hoy alternativas al plomo que sean a la vez técnicas, económicas y ambientalmente viables. También han alertado de que un veto mal diseñado puede repercutir en el precio final del pescado, los aparejos y los productos relacionados, o provocar un desplazamiento hacia importaciones de terceros países, con menor control y más dependencia exterior.
Los países del Este y del Norte, además, han puesto el foco en la gestión de la fauna y en el mundo rural. Lituania o Letonia han pedido no perder de vista la importancia del control del jabalí (Sus scrofa) en la lucha contra la peste porcina africana, mientras que otros gobiernos han avisado de que el encarecimiento de la munición repercutirá directamente sobre los cazadores, los gestores de cotos y las economías locales ligadas al tiro deportivo.
Un texto que no deja de cambiar
Mientras crece la oposición política, el borrador jurídico también ha ido sufriendo modificaciones. Una versión enmendada del reglamento, difundida a principios de octubre, confirma que la Comisión ha dividido formalmente la propuesta en dos bloques —munición por un lado, aparejos de pesca por otro— y elimina algunos elementos muy criticados por el sector.
Entre los cambios destacados, IEACS señala la desaparición del periodo transitorio de 15 años que se preveía para adaptar los campos de tiro a la munición sin plomo. Esa cláusula se sustituye ahora por una revisión a los 10 años de las derogaciones y de las medidas de gestión de riesgos. También se suprime la obligación de que los Estados miembros otorguen una autorización específica a cada campo de tiro, aunque sí se mantiene la exigencia de que, en un plazo de seis años, los gobiernos publiquen un listado de instalaciones que hayan aplicado esas medidas.
Igualmente han desaparecido del texto algunas de las imposiciones más controvertidas, como la venta exclusiva de cartuchería en los campos de tiro. En cambio, se introducen revisiones periódicas de ciertas excepciones, como las que afectan a las balas de cobre con un pequeño porcentaje de plomo residual. Para la caza, en todo caso, se mantienen los periodos de transición que ya se manejaban: tres años para sustituir los pergigones de plomo y 18 meses en el caso de la munición de rifle.
Todo ello se discute en un calendario que no deja de moverse. Tras la reunión del Comité REACH del 26 de junio, la Comisión pidió a los Estados que enviaran sus comentarios antes del 21 de agosto. Desde entonces, los contactos políticos se han intensificado y, según IEACS, la expectativa en estos momentos es que el debate se reabra en diciembre, sin garantías de que pueda celebrarse una votación si se confirma la existencia de una minoría de bloqueo.
Un proceso abierto y muy vigilado por el sector
Mientras la batalla política se traslada de los despachos técnicos al Parlamento Europeo, el sector cinegético y armero sigue muy pendiente de cada movimiento. El 18 de noviembre está previsto un acto específico sobre la restricción de la munición de plomo en el propio Parlamento, organizado por Riho Terras en el marco del Intergrupo de Biodiversidad, Caza y Mundo Rural. En él participarán el presidente de la patronal europea de fabricantes de cartuchería (AFEMS), el presidente de la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF), una representante de la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión (DG GROW) y una experta de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA).
En España, la Asociación Armera subraya que «cada vez es mayor el número de Estados miembros que muestran sus reticencias y se oponen al texto de reglamento», lo que hace «complicado que se llegue a una votación sin un cambio en los planteamientos del anteproyecto». De momento, el desenlace sigue completamente abierto: la Comisión no ha retirado el expediente, pero el apoyo político al texto actual se debilita a medida que más gobiernos hacen públicas sus reservas.
Para el mundo de la caza y el tiro deportivo, la lectura es clara: la propuesta de prohibición del plomo en la munición se enfrenta hoy a un paisaje político mucho más complejo que el que imaginaba la Comisión cuando encargó a ECHA su dictamen técnico. La batalla decisiva, a la vista de los últimos movimientos, aún está por librarse en Bruselas.