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No la quiere ni PACMA: el animalismo rechaza la ley animalista del Gobierno y la califica de «estafa»

© Eduardo Camilo / Shutterstock.com

El Gobierno registró el pasado martes 2 de agosto en el Congreso de los Diputados el Anteproyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales después de que este fuese aprobado en Consejo de Ministros ni siquiera 24 horas antes. Entre las numerosas críticas que ha recibido la nueva normativa que podría afectar seriamente al sector cinegético, también está la del núcleo duro del animalismo español: PACMA también la rechaza.

El partido político lleva semanas haciendo campaña en contra de esta norma, la cual hace unos días calificaba de «estafa», lo que evidencia una vez más que se trata de una ley que no alcanza el consenso de ninguna de las partes implicadas. En el caso de los animalistas, estos creen que se queda corta: «una ley que deja fuera a la mayoría de animales. No es la ley que prometió el Gobierno, ni desde luego es la ley que necesitan los animales». «Dejad de engañar a la ciudadanía», añaden.

Junto al anterior mensaje, PACMA ha compartido además un vídeo criticando la iniciativa del Gobierno. De esta forma el partido se une al sector de la caza, al mundo rural, a la comunidad científica, a los veterinarios, a los juristas y a la CNMV mostrando su rechazo a la ley animalista.

García Torres bloquea a PACMA en sus redes sociales

Ante las últimas críticas por parte de PACMA hacia el director de derechos de los animales, García Torres habría decidido bloquear el perfil de Twitter del partido político tal y como ellos mismos han asegurado en la misma red social: «Cuál ha sido nuestra sorpresa al ver que Sergio García Torres, director de @AnimalesGob, nos ha bloqueado…».

Desde PACMA, citaron en el mismo mensaje a la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y al propio partido político para que estuvieran al tanto de la pataleta de García Torres: «@ionebelarra, @PODEMOS, es inadmisible y antidemocrático que un cargo público bloquee a un partido político por pedir explicaciones y opinar sobre su trabajo», argumentaron.

       
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