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El Gobierno retoma el desarrollo de la ley animalista que obliga a hacer un curso y contratar un seguro para tener perro

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Desde que el pasado 29 de septiembre entró en vigor la ley animalista, algunos de sus apartados han generado grandes polémicas en nuestro país. Ahora, después de que el adelanto electoral paralizara los borradores de los reglamentos que el Gobierno tenía preparados, el nuevo Ministerio de Derechos Sociales ha retomado el proceso.

José Ramón Becerra, a su llegada como nuevo director general de Derechos de los Animales, decidió desechar esos borradores que había elaborado Sergio García Torres para tratar de terminar con el descontento que había generado en diversas esferas de la sociedad española.

Es por ello que, casi un año después de la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy ha mandado a todas las comunidades autónomas un borrador del real decreto que desarrolla los 25 artículos de dicha ley.

Tal y como ha informado la agencia Efe, la propuesta se expondrá el próximo 17 de julio en una reunión técnica con los gobiernos autonómicos, quienes contarán con la posibilidad de presentar cambios al texto hasta el próximo 31 de agosto.

Curso y seguro para los dueños de perros

Entre sus polémicas medidas, una de las que más controversia ha generado ha sido el punto que establece la obligatoriedad de realizar un curso de tenencia de perros. Lo que ahora plantean desde el ministerio es dar «un plazo de seis meses desde la publicación de dicho real decreto a partir del cual será obligatorio el curso de tenencia de perros» que no afectará a los dueños actuales y tampoco a veterinarios y profesionales del comportamiento.


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En este mismo sentido, el texto también contemplaba la contratación de un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura de 100.000 euros.

Independientemente de la raza del perro, es de cumplimiento obligatorio y deberá permanecer en vigor durante toda la vida del animal. Para ello también se otorga ese mismo plazo de seis meses.

Recordamos por último que los perros de caza y otros considerados como de trabajo, como los perros policía o pastores, quedaron finalmente excluidos de la ley animalista, por lo que no les afectarán estas medidas.

       
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