SEO/BirdLife ha recibido 21.854.844,31 euros en subvenciones concedidas entre febrero de 2022 y septiembre de 2026, según el análisis publicado por Jara y Sedal junto a Cazaflix a partir de los registros de la Sociedad Española de Ornitología. Es una cantidad que, puesta al lado de lo que cuesta un operativo aéreo contra incendios, permite calibrar de otra manera el debate sobre a qué dedica sus recursos el Estado mientras el mundo rural reclama más medios de prevención y extinción. Pero el dato más incómodo no es solo cuánto dinero se concede, sino para qué conceptos exactos se concede y qué pruebas existen de que ese gasto mejora realmente la naturaleza.
Casi 22 millones concedidos desde 2022, sobre todo por el Gobierno
El grueso del dinero procede de la Administración central. De los 21,85 millones analizados, 18.579.147,70 euros fueron concedidos por organismos estatales durante gobiernos presididos por Pedro Sánchez, mientras que las administraciones autonómicas aportaron 2.807.860,62 euros y las locales, 467.835,99 euros. Si se suma además una ayuda de 84.500 euros del Ayuntamiento de Santander clasificada de otra manera en la base de datos, el total asciende a 21.939.344,31 euros.
La Fundación Biodiversidad, organismo del sector público estatal adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, aparece como principal fuente de financiación, con 12.760.941,42 euros, el 58,39 % de todo lo analizado. Si se agrupan todos los organismos vinculados a ese ministerio, la cifra alcanza 18.085.273,70 euros, el 82,75 % del total.
En qué conceptos se ha gastado el dinero, sobre el papel
El listado de conceptos financiados es, a la vez, extenso y difícil de traducir en resultados verificables. Entre las partidas más abultadas figuran 2.416.028,33 euros para la participación de SEO/BirdLife en LIFE Humedales, 1.947.098,77 euros en ayudas a proyectos de bioeconomía del Plan de Recuperación, 1.279.231,83 euros para recuperación de espacios naturales en ciudades, 1.196.356,63 euros en proyectos de bioeconomía ligados a los bosques, 797.083,35 euros para desarrollo de espacios e infraestructuras verdes urbanas y 750.000 euros para mejora ambiental agrícola, ganadera y forestal en Doñana. Solo estas seis ayudas suman 8.385.798,91 euros, más del 38 % de todo el dinero analizado.
Son etiquetas administrativas correctas, pero que dicen poco al ciudadano de a pie sobre el resultado final: ¿cuántas hectáreas de humedal se han recuperado de verdad?, ¿cuántas especies han mejorado su población gracias a esos «espacios e infraestructuras verdes» en ciudades?, ¿qué indicador concreto demuestra que la «bioeconomía forestal» financiada ha cambiado algo sobre el terreno? Como recordaba el propio análisis de Jara y Sedal, que una ayuda esté concedida no significa que se haya cobrado entera, ni que corresponda a los beneficios o ingresos de un único ejercicio: varias financian trabajos plurianuales y otras amplían cantidades aprobadas con anterioridad. Esa misma opacidad de calendario dificulta todavía más saber, proyecto por proyecto, qué se ha ejecutado realmente y con qué efecto medible.
Esta no es la primera vez que la financiación pública de la organización genera esa misma pregunta sin respuesta clara. En 2024 el Gobierno le concedió 100.000 euros para analizar el efecto de la Política Agraria Común sobre la conservación de aves, una cantidad que se sumaba, según informó entonces esta misma revista, al más de un millón de euros que ya recibe de los presupuestos generales. Antes, el Gobierno había concedido otros 728.945 euros a través de la Fundación Biodiversidad para un proyecto sobre la cerceta pardilla, una ayuda que esta revista relacionó entonces con los precedentes del proyecto LIFE+ del urogallo cantábrico, que costó siete millones de euros de dinero público sin resultados satisfactorios para la especie, según críticas recogidas por este medio en su momento. Es, hasta ahora, el ejemplo más citado de un proyecto millonario cuyo propio balance final reconoció que no había servido para revertir el declive de la especie que decía proteger.
Lo que nadie mide: qué gana realmente la naturaleza con ese dinero
Hay una pregunta que casi nunca se responde con datos: qué repercusión real tiene todo ese dinero sobre el medio natural que dice proteger. SEO/BirdLife presenta sus proyectos como beneficiosos para la biodiversidad, los humedales o las especies amenazadas, y es razonable asumir que parte de ese trabajo tiene algún efecto positivo. Pero no existe, en la documentación pública disponible, una evaluación independiente y homogénea que mida, proyecto por proyecto, cuánto ha mejorado realmente una población de aves, un hábitat o un ecosistema gracias a cada millón recibido.
El problema no es exclusivo de España ni de esta organización: la rendición de cuentas de las ONG que reciben fondos públicos suele centrarse en que el gasto sea «elegible, efectivo e imputable», como exige la normativa de subvenciones, no en que el objetivo ambiental final se haya cumplido. Esa distinción es clave para entender por qué una subvención puede estar perfectamente justificada en términos administrativos —memoria de actividades presentada, gastos acreditados, certificados en regla— y, al mismo tiempo, no ofrecer ninguna garantía de que la especie o el hábitat que decía proteger esté hoy mejor que antes de recibir el dinero.
Esa opacidad sobre el impacto real es, en el fondo, la otra cara del problema: no se trata solo de que el dinero público pudiera dedicarse a aviones, helicópteros o brigadas forestales, sino de que tampoco hay forma sencilla, para el ciudadano que paga la factura, de comprobar si esos casi 22 millones han mejorado de verdad la naturaleza o si una parte se ha diluido en gestión, campañas y actividad institucional sin un retorno ambiental claro y medible.
Obligaciones de justificación que no siempre se explican al ciudadano
La Ley 38/2003, General de Subvenciones, obliga con carácter general a los beneficiarios a destinar los fondos exclusivamente al objetivo aprobado en la resolución de concesión, justificar los gastos y actividades realizadas, conservar la documentación acreditativa y someterse a los controles que determine la Administración concedente. El Real Decreto 130/2019 desarrolla esos procedimientos de justificación y control financiero, y exige que el beneficiario presente memorias de actividad, cuentas justificativas desglosadas y certificados de cumplimiento tributario en los plazos fijados por cada convocatoria.
La Base de Datos Nacional de Subvenciones, accesible a través de Infosubvenciones, recoge en muchos casos los importes y beneficiarios, pero esa publicidad no sustituye la obligación de justificación: solo facilita que el ciudadano pueda rastrear qué administración concedió cada partida. Que una subvención figure correctamente registrada no significa, por tanto, que el proyecto haya concluido con los resultados prometidos. Para comprobarlo haría falta examinar memoria por memoria, indicador por indicador, qué se ejecutó realmente y qué margen de reintegro se aplicó en caso de incumplimiento. Esa es precisamente la comprobación que el ciudadano rara vez puede hacer con una cifra tan fragmentada en decenas de concesiones distintas.
Lo que cuesta un avión o un helicóptero contra incendios
Para trasladar esos casi 22 millones a algo tangible conviene mirar lo que paga el propio Estado por sus contratos de extinción. Según el análisis publicado por Newtral, alquilar helicópteros y equipos aéreos privados para la extinción de incendios cuesta al Gobierno central más de 50 millones de euros al año, dentro de un contrato marco que alcanza los 156,4 millones de euros para el periodo 2025-2027 y que moviliza 42 medios aéreos en total. Esa misma fuente cita precios de disponibilidad diaria de entre 3.000 y 5.000 euros por aeronave, además de un coste por hora de vuelo que varía según el tipo de aparato.
Una referencia más concreta y verificable es la contratación de medios aéreos autorizada por el Gobierno de las Islas Baleares para el periodo 2024-2026: un presupuesto máximo de 10.774.320 euros para 24 meses de servicio, es decir, 5.387.160 euros por cada año de contrato. De ese total, repartido en anualidades, salen 3.235.860 euros al año por cinco helicópteros de extinción, 1.840.740 euros al año por dos aviones anfibios y 310.560 euros al año por un avión de coordinación y observación. No son precios medios nacionales ni sirven para calcular cuánto cuesta comprar una aeronave en propiedad: son el importe máximo de un servicio concreto contratado por el Gobierno balear, para la flota de un archipiélago, y no un precio medio vigente en el resto de España. Aun así, dan una idea solvente de lo que cuesta mantener operativa una flota aérea contra incendios durante un año, y son la base de las equivalencias que siguen a continuación.
23 aviones o 20 helicópteros durante un año
Haciendo la cuenta sobre esa misma referencia balear, cada avión anfibio de extinción sale a 920.370 euros al año. Con los 21,85 millones concedidos a SEO/BirdLife se podrían contratar 23 aviones anfibios durante un año completo, casi doce veces los que tiene hoy la flota balear.
Si la comparación se hace con helicópteros, el coste equivalente es de 647.172 euros por aeronave y año, lo que permitiría contratar 20 helicópteros de extinción durante un año, cuatro veces la flota balear entera. Y si todo el dinero se destinara a aviones de coordinación y observación, cuyo coste anual equivalente es de 310.560 euros, alcanzaría para 70 unidades durante un año.
La comparación resulta especialmente incómoda si se tiene en cuenta el contexto de 2025, calificado como uno de los peores años de incendios de la serie histórica en España, con cerca de 355.000 hectáreas calcinadas, ocho personas fallecidas y más de 42.000 evacuadas, según el informe divulgado por WWF España sobre la campaña de incendios extremos de aquel verano. Si el fuego de ese calibre exige más medios aéreos y más prevención, cualquier euro que se destina a otra cosa merece una explicación clara de qué ha producido a cambio, y de qué manera ese gasto se puede comparar, euro por euro, con un servicio público verificable.
Prevención, monte y otras cosas que se podrían pagar con ese dinero
Los aviones y helicópteros son solo una parte de la ecuación contra el fuego. La gestión del combustible vegetal, el mantenimiento de caminos rurales y cortafuegos, los puntos de agua, las brigadas terrestres y el apoyo a la ganadería extensiva como herramienta de desbroce natural del monte también exigen inversión sostenida, y con 21,85 millones de euros se podrían financiar igualmente trabajos selvícolas en miles de hectáreas o equipos completos para varias brigadas forestales, aunque ofrecer una cifra cerrada exigiría comparar contratos homogéneos de cada comunidad autónoma, algo que varía mucho según la superficie, la vegetación y la orografía de cada territorio.
Lo que sí hay son referencias de lo que ya invierten otras administraciones: la Diputación de Palencia ha destinado más de un millón de euros en 2026 a trabajos de prevención en zonas de interfaz urbano-forestal, cofinanciados al 50 % con fondos propios, mientras que la Xunta de Galicia ha incrementado un 50 % su inversión en prevención contra incendios forestales para 2026, hasta 75,38 millones de euros. Con los 21,85 millones de SEO/BirdLife se podría haber cubierto más de veinte veces la aportación de la Diputación de Palencia, o casi un tercio de todo lo que la Xunta destina en un año a la prevención en toda Galicia.
A modo de otra referencia distinta, la Junta de Castilla y León ha anunciado una inversión de 93,6 millones de euros para adquirir 29 helicópteros y un avión de coordinación contra incendios: los 21,85 millones de SEO/BirdLife equivaldrían, a ese mismo precio medio por unidad, a unos siete u ocho helicópteros de esa misma flota autonómica. Son cifras que ilustran hasta qué punto cada partida cuenta cuando se trata de proteger pueblos, montes y explotaciones agrarias frente al fuego, y que contrastan con la dificultad de encontrar, en el caso de SEO/BirdLife, un indicador igual de concreto sobre lo que ha ganado la naturaleza a cambio.
Litigios contra la caza mientras cobra subvenciones de las mismas administraciones
El contraste se agudiza porque SEO/BirdLife combina esa financiación pública recurrente con una actividad judicial activa contra la caza. El ejemplo más reciente llegó el 6 de octubre de 2026, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó un auto que, a petición de la organización, suspendió cautelarmente la caza de nueve especies en toda la región para la temporada 2026-2027: perdiz roja, codorniz, becada, zorzal alirrojo, zorzal real, paloma zurita, paloma bravía, corneja negra y urraca. El recurso se dirigió contra la Orden 2511/2026, de 25 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior madrileña. Se trata de una medida cautelar, no de una sentencia firme sobre el fondo del asunto, pero ha dejado, como recogió esta misma revista, a miles de cazadores madrileños con los cotos pagados y sin poder ejercer la actividad para la que se habían preparado durante meses.
Lo llamativo del caso madrileño es que la misma Comunidad de Madrid había subvencionado previamente a SEO/BirdLife con 151.667 euros, según reveló el análisis de esta revista sobre esa financiación autonómica. Es decir, la organización recibe fondos de la misma administración a la que después lleva a los tribunales para frenar su normativa cinegética. Ese patrón no es nuevo: federaciones de caza de Andalucía y Extremadura han reclamado en los últimos días a sus respectivos gobiernos autonómicos que revisen o retiren la financiación pública a SEO/BirdLife, señalando que una parte de esos fondos convive con campañas que, a su juicio, contribuyen a criminalizar a los cazadores.
Recibir subvenciones no impide legalmente que una asociación recurra decisiones administrativas, ni convierte por sí sola su actividad en irregular. Pero tampoco exime a las administraciones de explicar por qué conceden año tras año fondos a una entidad cuya actividad judicial choca de lleno con decisiones tomadas por esas mismas administraciones. La pregunta de fondo no es si una ONG puede defender sus posiciones ante los tribunales, sino si el contribuyente dispone de información suficiente para valorar si ese uso del dinero público resulta proporcionado, y si de verdad repercute en la naturaleza lo que promete, frente a necesidades tan urgentes como la prevención de incendios o el mantenimiento del mundo rural.
La comparación con los contratos aéreos deja una imagen difícil de ignorar: casi 22 millones de euros equivalen a 23 aviones anfibios, 20 helicópteros o 70 aviones de coordinación durante un año completo, según las referencias oficiales citadas. Con una cifra capaz de pagar tantos medios de extinción o tantas hectáreas de prevención, las administraciones y la propia entidad deberían facilitar, proyecto por proyecto, qué ha recibido realmente el medio natural y qué ha ganado a cambio el contribuyente que paga la factura.