Hace ya algunas semanas que el nuevo Ministerio de Derechos Sociales retomó el proceso de los borradores de los reglamentos de la ley animalista del Gobierno, después de que se paralizaran por el adelanto electoral. En cambio, lo que no ha cambiado respecto a ese anterior texto, elaborado por Sergio García Torres, es la polémica que está provocando en algunos sectores del país.
José Ramón Becerra llegó como nuevo director general de Derechos de los Animales y fue entonces cuando decidió desechar los borradores de su predecesor. Su intención con ello era terminar con el descontento que había generado, pero la realidad es que el nuevo texto presentado sigue generando importantes debates y mucha preocupación, especialmente en el sector cinegético.
Registro de los perros de caza
Como ya venía sucediendo meses atrás, el asunto de los perros de caza es uno de los más controvertidos. Ahora, ese nuevo borrador, al que ha podido acceder Jara y Sedal, establece las bases de la creación del futuro Sistema Central de Registros para la Protección Animal (SICERPA). En él tendrán que registrarse los datos de todos los perros de España, incluidos los de caza, a pesar de estar excluidos de la ley.
Entre los datos que deben constar obligatoriamente se encuentra, por ejemplo, el código de identificación del animal, especie, raza y sexo, fecha de nacimiento, información veterinaria relevante y el nombre y NIF de la persona titular e historial de los titulares del animal desde su identificación. Además, establece que es obligatorio especificar su categoría de inscripción, que en el caso de los perros de caza será «animal de uso cinegético».
Asimismo, y aquí entra el matiz más polémico, el borrador del Real Decreto que regulará la Ley de Bienestar Animal establece que las entidades de protección animal pueden tener acceso a los datos personales de las ciudadanos registrados en esa base de datos. El texto presentado por el Gobierno indica que tendrá acceso al SICERPA cualquier órgano de las administraciones públicas, el ministerio fiscal y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, policías autonómicas y policía local, los veterinarios habilitados a través de los registros autonómicos y «las entidades de protección animal registradas, conforme a lo establecido en el artículo 49.2 de la Ley 7/2023 de 28 de marzo».
¿Y qué requisitos hay que cumplir para ser reconocido como entidad de protección animal? Solo dos y muy sencillos: según la propuesta del borrador estar legalmente constituidas teniendo como principal finalidad la defensa y protección de los animales y «disponer de un número de identificación fiscal». Nada más. No necesitan acreditar una trayectoria, contar con personal cualificado ni siquiera tener una sede física o actividad alguna demostrada. Tampoco necesitan acreditar que sabrán gestionar esos datos y protegerlos. Esto significa que cualquier grupo animalista podrá tener acceso a unos datos protegidos que deberían estar reservados a las administraciones y a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Animalistas anticaza accediendo a los datos de los cazadores
¿Por qué resulta tan peligroso que el Gobierno conceda este privilegio a las entidades animalistas? No es ningún secreto que muchos de los ataques animalistas sufridos por los cazadores proceden del entorno de estas asociaciones. Un claro ejemplo es la Plataforma No A la Caza, integrada por 84 entidades de protección animal (la práctica totalidad de las que operan en España) entre las que se encuentran nombres tan tristemente conocidos por los cazadores españoles como Galgos del Sur. Esta plataforma organiza todos los años concentraciones en contra de la caza por toda España y criminaliza constantemente a los cazadores a través de sus redes sociales.
Si el reglamento sale adelante, sus integrantes podrán tener acceso libre y sin ningún tipo de control a la base de datos estatal en la que figuran los datos personales de la mayor parte de lo cazadores españoles que disponen de licencia en España. Y conocerán inequívocamente su condición de cazadores, puesto que para ser registrado como perro de caza, el titular del animal debe estar en posesión de una licencia que le habilita para la actividad cinegética.
¿A cuántos ciudadanos afectará esto? Según datos de la Fundación Artemisan, en España hay unos 750.000 cazadores con licencia y 500.000 perros de caza, lo que ofrece una dimensión del problema que se puede llegar a crear si el reglamento se aprueba en los términos actuales.
De este modo, tal medida puede acentuar aún más el ya grave problema que los cazadores vienen denunciado a lo largo de los últimos años, en multitud de ocasiones, acerca de que las protectoras animalistas que encuentran sus perros robados o extraviados se niegan a devolverlos al saber que son de cazadores. Eso por no hablar del uso fraudulento que puedan hacer de esos datos para atacar a un colectivo al que atacan con su discurso de odio desde hace años.