El Gobierno de España lo ha vuelto a hacer. Si el año pasado informábamos de que el ejecutivo de Pedro Sánchez había elevado el gasto público dedicado a la Dirección General de Derechos de los Animales un 32,26% con respecto a 2021, este año ha vuelto a superar esa cifra, y con creces. Según los Presupuestos Generales del Estado aprobados la semana pasada por el Gobierno, el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra se gastará 7.481.710 euros en 2023. Una ingente cantidad de dinero que supera en 1,4 millones la asignada en 2022, cuando ya fue de 6.080.610 euros.
Hay que recordar, que todo este dinero estará gestionado por Sergio García Torres, un animalista radical y declarado anticaza sin estudios cualificados que ocupa su cargo tras ser colocado a dedo por Unidas Podemos. Un cargo desde el que trabaja para sacar adelante normas que atacan a la caza y al mundo rural, como su proyecto de Ley de Bienestar Animal o una reforma del Código Penal que, según los expertos juristas, no es más que un ataque encubierto a la caza. Una labor por la que los contribuyentes españoles le pagamos más que al propio presidente del Gobierno: 86.108 euros al año.
¿En qué se van a gastar el dinero?
Al analizar el capítulo de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 vemos que las partidas que hacen crecer en casi 1,5 millones de euros la cantidad destinada en 2022 son principalmente subvenciones a grupos animalistas. Dicho en otras palabras, dinero que el estado regala a los grupos ideológicamente afines al animalismo que quieren acabar con la caza. De esta forma, vemos que mientras en 2022 la partida «subvenciones destinadas a entidades locales para el establecimiento de programas de gestión de colonias felinas» era de 1.300.000, en 2023 pasará a ser de 1.950.000 euros. 600.000 euros más, a pesar de que la comunidad científica en pleno ha alertado al Gobierno en repetidas ocasiones de las graves consecuencias para la salud pública y la biodiversidad que tiene mantener e incentivar las poblaciones de gatos callejeros.
Además, el ejecutivo de Pedro Sánchez volverá a destinar otros 2.000.000 de euros adicionales a «subvenciones destinadas a la protección y defensa de los derechos de los animales». Una gran cantidad de dinero que complementa la red de chiringuitos animalistas que saldrán adelante si el proyecto de Ley de Bienestar Animal se aprueba tal y como pretende el Gobierno.
Más subvenciones para el lobby animalista
Pero los Presupuestos Generales del Estado guardan más sorpresas. Para 2023, el Gobierno ha aprobado la creación de cinco partidas de subvenciones más con respecto a 2022. De esta forma, destaca la «subvención a la FAADA para la ayuda a personas vulnerables con animales de compañía», por un valor de 154.500 euros. Hay que aclarar que la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales es uno de los buques insignia del animalismo. Sus comunicaciones institucionales están repletas de mensajes de ataque a la caza y son una de las entidades más activas en redes sociales contra las actividades tradicionales del mundo rural.
Especial atención merece la «Subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para el Programa VIOPET», que asciende a 350.000 euros, y también es de nueva creación, junto con la «subvención Premios Proyectos Innovadores a la Experimentación Alternativa», que se llevan otros 100.000 euros.
Las otras dos nuevas partidas aprobadas son «subvenciones destinadas a Premios Artísticos Amigos de los Animales», por valor de 7.500 euros y una «subvención a proyectos audiovisuales para la protección animal». De esta manera, el Gobierno sufragará con el erario público la propaganda del animalismo para difundir su ideología.