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España puede estar incumpliendo la Directiva Hábitats al prohibir la caza en parques nacionales

Dos ciervos se enfrentan en un parque nacional. © Shutterstock

En 1968, en la región de Flevoland, que es el corazón de los Países Bajos, los holandeses construyeron una reserva natural de 5.600 hectáreas que se denominó Oostvaardersplassen. Este fue el lugar elegido para aplicar en los años 80 una forma totalmente nueva de trabajar con la naturaleza donde se impuso la gestión ‘natural’, es decir, la no intervención del hombre y por supuesto, la prohibición total y radical de la caza.

El proyecto implicó introducir varias especies de grandes herbívoros en la zona para diversificar el pastoreo y mantener a raya la vegetación leñosa, basándose en la idea de que al final del Pleistoceno Europa no estaba llena de bosques, sino que era algo parecido a la sabana africana o a las dehesas ibéricas gracias a la acción desbrozadora de los grandes ungulados.

Todo fue muy bonito en la Narnia idílica holandesa hasta que en 2017 los ungulados sumaron más de 5.000 individuos, de manera que la conjunción de unos inviernos duros con un exceso de herbívoro generó una situación de terrible hambruna. En Oostvaardersplassen no hubo suficiente alimento disponible y la mitad de los grandes herbívoros murió por inanición siendo la administración holandesa plenamente consciente de ello.

El perímetro vallado y la ausencia de depredadores –entre ellos, el hombre– pusieron en tela de juicio el planteamiento inicial de crear un espacio natural que se autorregulara por sí solo. El pueblo holandés se movilizó contra el gobierno por no prever una correcta gestión de este espacio, que implicaba también una muerte digna de estos animales, y muchos ciudadanos se acercaron a lanzar alimento desde el otro lado de la valla de la reserva. La polémica continuó un año después, pues en el invierno de 2018, y para evitar la situación que se había producido anteriormente, los guardabosques tuvieron que abatir a siete de cada diez ciervos, es decir, a 1.737 ungulados. 

Cierva muerta en el parque de Oostvaardersplassen, donde más de la mitad de los venados murieron de inanición tras prohibir la caza. © Shutterstock

La ruina de los parques nacionales

Esta historia da mucho que pensar sobre las políticas conservacionistas españolas actuales, que sacan a los cazadores de la ecuación. En 2014 se aprobó en España la Ley de Parques Nacionales 30/2014, que establecía que el ejercicio de la caza no podía llevarse a cabo en sitios protegidos, como los parques nacionales.

Dicha ley incluía una moratoria de seis años para establecer los acuerdos que permitieran hacer efectiva esta limitación. Finalizada la moratoria en diciembre de 2020, se prohibió definitivamente la caza en los parques nacionales. En el caso de Cabañeros, los propietarios de las fincas privadas no recibieron ninguna indemnización a cambio, pero tampoco se establecieron medidas alternativas para el control de las poblaciones.

Desde 2021, la prohibición de toda actividad cinegética en parques como el de Cabañeros o Monfrague ha causado, en primer lugar, la ruina para los pueblos colindantes. Si nos fijamos en Cabañeros, la asociación sin ánimo de lucro norteamericana ‘Blood Origins’ se ha desplazado hasta los municipios del parque para elaborar un documental en el que se denuncia cómo el veto de la actividad cinegética ha paralizado la actividad económica de la zona.

En segundo lugar, y lo que es más grave, la prohibición de la caza ha generado una explosión de las poblaciones de ungulados que facilita enormemente la transmisión de determinadas enfermedades entre las especies y disminuye la calidad y la calidad de la alimentación, y con ello la viabilidad de sacar adelante a los recién nacidos. La falta de gestión cinegética también está agravando el riesgo de incendios, al degradar la masa forestal por sobrepastoreo y la existencia de grandes cantidades de material inerte.

También, gracias a las políticas del Gobierno, la actuación preventiva de cuidado del campo por parte de los propietarios está proscrita por la negativa de la Administración pública a autorizar cualquier intervención en el medio natural en el Parque Nacional de Cabañeros, ya sean tratamientos silvícolas de limpieza, desbroce selectivo, podas y resalveos como cortafuegos y caminos.

Cabañeros necesita la caza urgentemente

Pese a estas limitaciones de gestión mencionadas, y según adelantaba hace unas semanas Jara y Sedal, un informe del propio Parque Nacional de Cabañeros alerta: «en la actualidad, el valioso ecosistema mediterráneo se encuentra en una situación de desequilibrio debido a las altas densidades de ungulados presentes y a la ausencia de predadores».

Y continúa, dicho informe: «No obstante, aunque los predadores estuvieran presentes, dado su carácter de manadas territoriales, sus efectivos no podrían ser tan numerosos como para lograr dicho equilibrio». En definitiva, que si no se caza Cabañeros lo antes posible puede que nos encontremos con el Oostvaardersplassen español, especialmente este año que vislumbra una sequía histórica.

Hemos visto estos últimos meses como la problemática en torno al Parque Nacional de Doñana ha estado en todas las portadas de los periódicos y ha llegado incluso a involucrar al Comisario Europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, quien ha dicho que «hay que proteger los espacios naturales a cualquier precio».

La prohibición de cazar puede incumplir la Directiva Hábitats

Creo que más le valdría al Gobierno fijarse también en lo que pasa en otros parques nacionales, como el de Cabañeros, y permitir en ellos una caza razonable. Desde mi punto de vista, la «no gestión» que supone la prohibición de la caza y que está llevando a la destrucción del parque, implica un incumplimiento de los principios de la Directiva 92/43/CE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats) que crea en 1992 la Red Natura 2000.

Según la mencionada Directiva, Cabañeros es un espacio de alto valor natural que se encuentra en el marco de la Red Natura 2000 dentro del área denominada Montes de Toledo, es decir, en un área de especial atención por su valor ecológico. La prohibición de la caza implica una incorrecta o una ausencia de gestión del Parque Nacional, lo que podría suponer un posible incumplimiento del Derecho Europeo, dado que se estaría dañando, sin motivo, la conservación de determinados tipos de hábitat y de especies especialmente protegidas.

Confío en que las instituciones europeas entiendan que “proteger” los espacios naturales conlleva también la gestión cinegética tal y como se ha venido realizando durante mucho tiempo, y que es precisamente la que ha permitido la creación de dichos espacios.

       
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