El pasado 25 de enero el Boletín del Ministerio de Defensa (BOD) publicaba una Orden Ministerial (OM) que impedía oficialmente el porte de armas particulares a miembros de las Fuerzas Armadas (FAS). Unos días después, el 7 de febrero, la Asociación Nacional del Arma (ANARMA) publicaba un artículo de su Vicepresidente, Daniel Álvarez, sobre este cambio normativo. Además, paralelamente, esta asociación se puso en contacto con diputados de VOX miembros de la comisión de defensa en el Congreso.
Como resultado de estas dos actuaciones, el partido liderado por Santiago Abascal, registraba una pregunta con respuesta por escrito a la mesa del Congreso. En la misma se pedían explicaciones al Ejecutivo sobre la Orden Ministerial (OM) 2/2023 del 25 de enero «que tan dañina resulta para la seguridad pública», argumenta ANARMA.
«Esta modificación legislativa supone una merma en la seguridad ciudadana, en unos tiempos en los que la criminalidad y amenaza terrorista están desbocadas», advierten. E informan que se le ha requerido también al Ejecutivo un informe sobre los motivos de esta actuación y si ha calibrado el impacto negativo que eso supone para la seguridad de los ciudadanos.
Simultáneamente, esta asociación de derechos civiles en materia de armas, ha comenzado una ronda de contactos con asociaciones de militares y expertos en derecho militar, a fin de estudiar la posibilidad de interponer una demanda contra la mencionada OM. Aprovechando la reciente jurisprudencia contra el empleo de las OMs como instrumentos para modificar Reales Decretos, consecuencia de la sentencia parcialmente favorable a ANARMA contra el nuevo Reglamento de Armas.