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Una experta veterinaria y vocal de la OCV carga contra la ley animalista: «No permitirá proteger a los animales como es debido»

María Luisa Fernández Miguel.

María Luisa Fernández Miguel, vocal de Pequeños Animales de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), ha sido el último miembro del sector veterinario en alzar la voz contra la ley animalista que prepara el Gobierno y que podría ser aprobada en el Congreso muy pronto.

Fernández ha manifestado, en una intervención en el programa ‘Horizonte’, de Cuatro, que dirige y presenta Iker Jiménez ,su «honda preocupación» ya que «si no atendemos al criterio científico y queremos hacer una norma basada en la dignidad, en la ética o en conceptos abstractos, no vamos a poder hacer una ley de verdad aplicable y que proteja a los animales como es debido».

Según la veterinaria, las leyes «tienen siempre que ser claras y basarse en la ciencia y en el profesional». De ahí que desde la OCV se eche de menos un aspecto como que «no se hable de una figura fundamental como es el veterinario municipal». «En muchos casos estamos legislando sobre algo que no vamos a poder controlar porque no tendremos un técnico veterinario en la Administración, competente para aplicar esta normativa», advierte.

En palabras de Fernández, la profesión veterinaria «tiene una visión muy respetuosa de los animales, y el bienestar es diferente en función del tipo de especie y de su cometido, ya que por ejemplo no tienen nada que ver los animales de compañía con los de producción».

Así, «la nueva Ley pretende reforzar todo lo que tiene que ver con la protección animal y no tanto con lo relacionado con el bienestar animal, algo que es imposible de aplicar en la práctica, y que nos deja en una situación muy complicada a los veterinarios a la hora de realizar nuestro trabajo diario en las clínicas», añadía en su intervención sobre la ley animalista la veterinaria.

Recordamos que, en los últimos meses, la ciencia y el mundo rural se han unido en la oposición a la tramitación de la ley animalista promovida por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, al haber sido elaborada sin seguir criterios técnicos ni científicos y al no haber contado para su redacción con los sectores afectados.

       
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