La Guardia Civil ha destapado una presunta trama relacionada con la falsificación de certificados sanitarios para el transporte de piezas de caza menor abatidas en distintas cacerías celebradas en Ciudad Real, Albacete y Cáceres. La investigación, desarrollada por agentes del Seprona de Ciudad Real en el marco de la operación “QUACKERS”, ha acabado con tres personas investigadas por delitos continuados de falsificación documental y usurpación de identidad. El caso pone el foco, además, en un posible riesgo para la salud pública derivado de la comercialización de carne sin los controles sanitarios exigidos.
Según ha informado la Guardia Civil, los implicados habrían utilizado la identidad de una persona con la formación necesaria para certificar la seguridad alimentaria de las piezas abatidas. Gracias a ello, supuestamente daban cobertura legal al transporte de los animales desde distintas fincas hasta una sala de elaboración, tratamiento y comercialización de carnes de caza ubicada en la provincia de Jaén.
La investigación arrancó después de que la víctima denunciara en marzo la suplantación de su identidad. A partir de ahí, los agentes comenzaron a recopilar documentación y pruebas para esclarecer lo ocurrido y comprobar hasta qué punto se estaba utilizando su nombre para amparar una actividad irregular vinculada al comercio de carne de caza.
Las pesquisas llevaron a los investigadores hasta la sala de tratamiento donde, presuntamente, se recepcionaban las piezas de caza menor antes de su procesado y posterior venta al consumidor final.
Una práctica que no era aislada
Durante la investigación, el Seprona recogió diversa documentación relacionada con los movimientos de las piezas de caza y los certificados sanitarios empleados en su transporte. Según la Guardia Civil, los testimonios recabados evidenciaron que no se trataba de hechos puntuales, sino de una práctica habitual.
Los investigados, siempre según las diligencias policiales, utilizaban los datos de la víctima para firmar o validar la documentación sanitaria necesaria para mover las piezas abatidas desde las fincas cinegéticas hasta las instalaciones de procesado. De esta forma conseguían un aparente “blindaje legal” durante la primera inspección sanitaria y el transporte de los animales.
La persona cuya identidad fue presuntamente usurpada contaba con la capacitación exigida para certificar la aptitud sanitaria de las piezas destinadas al consumo humano. Sin embargo, la Guardia Civil sostiene que era ajena a los hechos investigados.
Riesgo para la salud pública
Más allá de los delitos de falsificación documental y usurpación de estado civil, la Guardia Civil advierte de que esta práctica podía comprometer seriamente la seguridad alimentaria. La ausencia de controles reales sobre las piezas abatidas impedía detectar posibles patologías antes de su entrada en la cadena comercial.
Ese extremo resulta especialmente relevante al tratarse de carne destinada al consumo humano. Las piezas eran trasladadas hasta la sala ubicada en Jaén, donde eran procesadas y posteriormente comercializadas.
Una vez reunidas las pruebas suficientes, durante el pasado mes de abril se procedió a investigar a tres personas como presuntas autoras de los hechos. Las diligencias han sido remitidas a los Tribunales de Instancia de La Carolina, en Jaén.