Esta semana puede marcar un antes y un después para miles de cazadores europeos. La Unión Europea afronta una votación decisiva sobre la eliminación progresiva del plomo en la caza menor y en determinadas actividades relacionadas con la pesca, una propuesta que llega acompañada de una intensa campaña de presión impulsada por organizaciones conservacionistas. Entre ellas destaca SEO/BirdLife, que en los últimos días ha redoblado sus mensajes públicos reclamando una prohibición inmediata y total de este material tanto en la munición como en los aparejos de pesca.
La organización ha difundido a través de sus redes sociales un llamamiento en el que asegura que la medida podría salvar a más de 135 millones de aves si finalmente sale adelante. El mensaje llega en un momento especialmente sensible, cuando los Estados miembros y las instituciones europeas ultiman el debate sobre una normativa que transformaría profundamente la práctica de la caza menor en buena parte del continente.
Aunque la campaña se presenta como una reivindicación ambiental, el debate vuelve a poner sobre la mesa el papel de algunos de los investigadores que han respaldado las iniciativas contra el uso del plomo. Entre ellos figura Beatriz Arroyo, directora del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) y miembro del Comité Científico de SEO/BirdLife, cuyo nombre ha aparecido en los últimos años vinculado a varios informes y posicionamientos que han generado preocupación en el sector cinegético.
Llegados a este punto, llama mucho la atención que la organización no ha detallado en qué estudios concretos basa su afirmación de que la prohibición del plomo salvaría a más de 135 millones de aves, una cifra que presenta como un hecho pese a la enorme complejidad que supone cuantificar ese supuesto impacto a escala continental. La cuestión resulta especialmente llamativa porque la propia SEO/BirdLife admitió hace apenas unos meses que su principal sistema de seguimiento de la codorniz no permite conocer el tamaño real de las poblaciones. Durante el Foro Nacional de la Codorniz, celebrado en Valladolid, representantes de la entidad reconocieron que el programa SACRE no sirve para saber cuántas codornices hay en España, mientras que la investigadora Beatriz Arroyo admitió que los métodos de escucha empleados «subestiman las poblaciones». Ese reconocimiento ha alimentado las dudas de parte del sector cinegético sobre la fiabilidad de algunas estimaciones utilizadas posteriormente para justificar restricciones a la actividad cinegética.
Una campaña que coincide con la votación europea
La publicación difundida por SEO/BirdLife no deja lugar a dudas sobre el objetivo de la organización. Bajo el lema «Prohibición del plomo YA», la entidad reclama la eliminación de este material argumentando que supone una amenaza para numerosas especies de aves. La presión llega justo cuando Bruselas ultima una propuesta que prevé prohibir progresivamente los perdigones de plomo en la caza menor y en el tiro deportivo. El calendario que maneja actualmente la Comisión Europea contempla un periodo transitorio de cinco años, aunque las organizaciones ecologistas consideran que ese plazo debería reducirse.
El sector cinegético, sin embargo, mantiene una posición muy distinta. Las principales organizaciones de cazadores llevan meses reclamando que cualquier decisión se adopte teniendo en cuenta los estudios científicos existentes y las consecuencias prácticas que tendría la medida sobre cientos de miles de usuarios y sobre el parque de armas actualmente en uso.
La preocupación no se limita al coste económico de la transición. Una gran parte de las escopetas fabricadas antes del año 2000 no están preparadas para soportar las presiones generadas por determinadas alternativas al plomo, especialmente la munición de acero, lo que obligaría a muchos cazadores a sustituir sus armas o realizar modificaciones costosas.
El estudio científico que Bruselas parece ignorar
Uno de los argumentos más repetidos por las organizaciones cinegéticas es la existencia de un estudio científico publicado en 2019 que analizó precisamente el impacto del plomo en aves cinegéticas terrestres. La investigación se desarrolló durante tres años y examinó 530 ejemplares pertenecientes a siete especies distintas en nueve provincias españolas. Las conclusiones fueron muy diferentes a las que manejan actualmente quienes defienden la prohibición total.
Los investigadores detectaron niveles de plomo muy bajos en órganos como el hígado y concluyeron que la presencia de este metal en aves cinegéticas no acuáticas era residual. Además, únicamente entre un 3 % y un 3,8 % de los ejemplares presentaban indicios de ingestión de perdigones, una circunstancia que los autores señalaron que también podía estar relacionada con otras fuentes de contaminación distintas de la actividad cinegética.
El informe contó además con el respaldo de más de una treintena de entidades, entre ellas el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (CSIC-UCLM-JCCM), federaciones autonómicas y organismos dependientes del Ministerio de Agricultura, lo que le otorgó un importante peso científico dentro del debate.
El nombre de Beatriz Arroyo vuelve a aparecer
La campaña de SEO/BirdLife ha vuelto a situar en el foco a Beatriz Arroyo, cuyo nombre ya ha aparecido anteriormente asociado a otros frentes abiertos contra distintas modalidades y especies cinegéticas. Tal y como publicó recientemente Cazaflix, Arroyo figuró entre los más de 130 científicos que firmaron una carta reclamando al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que apoyara una eliminación total del plomo en la caza, sin amplias moratorias ni excepciones.
Ese mismo artículo recordaba que la directora del IREC también ha estado vinculada a otros debates especialmente sensibles para el sector, como la gestión de la codorniz, la tórtola europea o el silvestrismo.
Más recientemente, su firma volvió a aparecer en un estudio que proponía establecer zonas de amortiguación de 600 metros alrededor de los nidos de águila perdicera para restringir la caza de perdiz con reclamo en determinadas áreas, una modalidad tradicional que ya se encuentra sometida a una fuerte presión regulatoria en algunas comunidades autónomas.
Un debate que sigue abierto
La votación prevista en Bruselas se perfila como uno de los momentos más importantes para el futuro de la caza menor en Europa. Si la propuesta sale adelante, la entrada en vigor de las restricciones podría comenzar a partir de 2027, iniciando una transformación profunda del sector.
Mientras las organizaciones ecologistas intensifican sus campañas públicas para acelerar la prohibición, los representantes cinegéticos insisten en que cualquier decisión debería apoyarse en el conjunto de la evidencia científica disponible y no únicamente en los informes favorables a la eliminación del plomo.
El choque entre ambas posiciones vuelve a evidenciar la profunda división existente sobre una cuestión que lleva años enfrentando a cazadores, investigadores, administraciones y organizaciones conservacionistas. Y, una vez más, el nombre de Beatriz Arroyo aparece en el centro de un debate que podría tener consecuencias directas sobre la práctica cinegética en toda Europa.