Perder de vista al perro en el monte es una pesadilla que cualquier cazador conoce. Pero hay una segunda pesadilla, menos hablada, que empieza si el animal aparece en una protectora: hay que pagar para recuperarlo. Eso es lo que le ha ocurrido a un propietario en Teruel, cuyo caso ha llegado hasta la Audiencia Provincial, y es también lo que han contado a Jara y Sedal varios cazadores en los últimos años, algunos con galgos a los que intentaron eliminar el microchip para que nadie pudiera reclamarlos.
El caso de Flaca: qué pasó y qué dijo la Audiencia de Teruel
La perra se llamaba Flaca y se extravió el 1 de abril de 2026. Su tutor empezó a buscarla y contactó con varias protectoras, entre ellas un refugio que colaboró en su localización tras contactar con el afectado, según recoge Animal’s Health. La perra no llevaba microchip, así que cuando el 13 de abril una trabajadora de la protectora avisó de que había aparecido un animal con sus características, la identificación tuvo que hacerse a partir de una fotografía.
Ahí empezó el problema. La protectora comunicó a la pareja del propietario que no había prueba de que fuera suyo el animal y que, si quería reclamarlo, tendría que abonar los gastos de rescate, alimentación y veterinario. El hombre denunció por apropiación indebida, estafa y coacciones, pero la Audiencia Provincial de Teruel rechazó su recurso y confirmó el archivo provisional del caso.
El tribunal razona algo que conviene entender bien porque podría repetirse en cualquier conflicto parecido: someter la entrega del animal a un pago no equivale a negarse a devolverlo para siempre, que es lo que exige la ley para hablar de apropiación indebida. El auto lo describe como una figura parecida a un derecho de retención, aunque reconoce abiertamente su «dudosa cobertura legal». Es decir, los jueces no dicen que la protectora tuviera razón al cobrar; dicen que discutir si esos gastos eran legítimos es, en principio, un asunto civil y no un delito, salvo que la exigencia económica fuera un pretexto fraudulento para quedarse con el perro. Tampoco apreciaron coacciones en el aviso sobre posibles sanciones por falta de microchip, ni estafa en el consejo -interesado, dice el propio auto- de no declararse dueño durante la búsqueda.
Perros de caza que aparecen a cientos de kilómetros y con factura
El de Flaca no es un caso aislado ni mucho menos el primero que documenta este periódico. En diciembre de 2020, Juan Coto Morón, cazador de Montijo (Badajoz), perdió a Hana, su braco alemán, y denunció la desaparición dos días después ante la Guardia Civil. Semanas de búsqueda por pueblos, sociedades de cazadores y redes sociales terminaron con un hallazgo incómodo: la perra estaba a más de 400 kilómetros, en una protectora de Sevilla la Nueva (Madrid), que según relató el propio afectado a Jara y Sedal le exigió 2.160 euros por manutención y tratamiento veterinario, pese a que Hana tenía microchip y su pérdida estaba denunciada. El cazador recibió incluso una carta de un despacho de abogados contratado por la protectora en la que se le proponía ceder la titularidad del animal o pagar. Finalmente fue la propia familia de acogida quien, tras coger cariño a la perra, decidió devolvérsela sin cobrar nada, dejando a la protectora fuera de la ecuación.
Otro caso con desenlace muy distinto es el de Andrea Pedrero, cuya perra Mía se escapó entre Puente del Arzobispo (Toledo) y San Martín de la Vega (Madrid) y fue entregada por la Policía Local a una protectora del municipio madrileño. La perra llevaba una placa con teléfono de contacto que nadie usó para avisar a la dueña. Como contó ella misma en la noticia publicada por Jara y Sedal, la entidad le fue poniendo trabas sucesivas -seguro, licencia PPP, certificado de antecedentes penales- y le reclamó 200 euros por solo cuatro días de estancia, con la amenaza implícita de que la factura seguiría creciendo mientras se alargaba el conflicto.
Galgos sin chip: el modus operandi que complica cada reclamación
La situación se vuelve mucho más grave cuando no hay pérdida sino robo, y el objetivo es un galgo. En febrero de 2021, cuatro ejemplares fueron sustraídos de la vivienda del cazador sevillano Ismael P. J. en Alcalá de Guadaíra, mientras su mujer e hija estaban en casa sin darse cuenta. Como relató el propio afectado a este medio, dos de los animales aparecieron al día siguiente en una protectora de Alhaurín de la Torre (Málaga), a más de 200 kilómetros. Al recuperarlos, Ismael comprobó que uno de los galgos tenía una raja en el cuello: según su testimonio, habían intentado extraerle el microchip. En este caso la protectora, según su relato, se portó bien y devolvió a los perros sin coste alguno tras haberlos curado.
Ese intento de arrancar el chip no es un hecho anecdótico ni una sospecha aislada de un propietario. La Guardia Civil de Zamora desarticuló en la operación «Berganza» una red dedicada al robo de galgos que operaba entre varias provincias, y confirmó que los delincuentes solían extraer los microchips de los animales para evitar su identificación, hasta el punto de que la única manera de reconocer a los perros recuperados fue comparando fotografías aportadas por los denunciantes. La operación permitió recuperar solo 12 de los 45 galgos robados en los 24 delitos investigados, con trece personas señaladas entre Salamanca, León, Toledo, Málaga y Almería.
Sin microchip o con él inutilizado, el animal queda legalmente en tierra de nadie. Un reportaje anterior de esta revista recogía la explicación de la asociación galguera Bass Galgo: los galgos sin chip son considerados legalmente perros sin propietario, de modo que una vez recogidos pueden ser inscritos a nombre de la protectora, que fija libremente el precio de una adopción que suele moverse entre los 200 y los 600 euros. Esa laguna administrativa, señalaba el mismo artículo, hace muy difícil demostrar si alguien elimina un microchip a propósito para no devolver el perro a su dueño legítimo.
Cuando el perro se anuncia en adopción antes incluso de ser buscado
Hay episodios que han llegado más lejos. En junio de 2017, un cazador de Almería sufrió el robo de una galga adulta y dos cachorros, todos identificados con tatuaje, microchip e inscripción en el Libro de Registro de la Federación Española de Galgos. Según relató este medio entonces, no habían pasado ni 24 horas cuando una representante una protectora almeriense ya había publicado en Facebook la foto de la cachorra buscando familia de acogida, y cuando el propietario contactó con la entidad, esta negó haber visto jamás al animal.
Un episodio distinto, pero con el mismo patrón de opacidad inicial, ocurrió en Segovia en julio de 2017. Dos galgas de Celia Arribas, Fresa y Cobra, desaparecieron durante un paseo. Un testigo aseguró haber visto a la fundadora de la protectora local metiéndolas en una furgoneta, pero la entidad negó tenerlas durante tres días, según la información publicada por Jara y Sedal. Fresa, la galga con microchip y registrada, fue devuelta tras el pago de diez euros; la otra, una cachorra sin identificar, tuvo que esperar más tiempo a que se acreditase documentalmente su pertenencia.
Lo que dice la ley sobre identificar al perro y lo que no cubre
La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, obliga a identificar mediante microchip a los perros, gatos y hurones incluidos en su ámbito de aplicación. Pero la propia norma excluye expresamente de esa protección a los perros de caza, las rehalas y los animales auxiliares de caza, que quedan regulados por la normativa europea, estatal y autonómica que les sea de aplicación al margen de esta ley. En la práctica, eso significa que un perro de caza no deja de tener que estar identificado, pero las obligaciones concretas y las sanciones por incumplirlas hay que buscarlas en la normativa de cada comunidad autónoma, no en la ley estatal de bienestar animal, que fue precisamente la que se invocó -de forma preventiva y no siempre acertada, según los casos relatados- para advertir a propietarios de posibles multas por falta de chip.
Un perro sin identificar no es ilegal por sí mismo en todos los casos, pero sí complica enormemente cualquier reclamación: sin chip, tatuaje o registro que lo vincule a su dueño, la carga de la prueba recae por completo en el propietario, que tendrá que demostrar con fotografías, testigos o documentación veterinaria que ese animal es el suyo.
Qué puede hacer un cazador si su perro desaparece o queda retenido
Ante una desaparición, lo primero es denunciarla cuanto antes en la Guardia Civil o la Policía Local, detallando el número de microchip, fotografías recientes y cualquier rasgo distintivo del animal. Conviene además avisar por escrito a las clínicas veterinarias, los centros municipales de recogida y las protectoras de la zona, y no limitarse a las redes sociales, aunque estas hayan resultado decisivas en varios de los casos citados. Guardar la cartilla, las facturas veterinarias y cualquier prueba de propiedad desde el primer momento evita después discusiones que pueden alargarse semanas.
Si el perro aparece en una protectora, lo razonable es pedir por escrito el desglose completo de los gastos que se reclaman, las facturas veterinarias correspondientes y la fecha y circunstancias exactas en que fue recogido el animal. Ante cualquier documento de cesión de titularidad, lo prudente es no firmarlo sin entender antes sus consecuencias, por mucha presión que ejerza la otra parte. Y si la protectora se niega a devolver al animal, exige cantidades que parecen desproporcionadas o hay indicios de que el chip ha sido manipulado, lo aconsejable es acudir a un abogado y trasladar los hechos a la Guardia Civil, tal y como hicieron varios de los propietarios cuyos casos se recogen aquí, con resultados dispares pero casi siempre favorables cuando hubo denuncia previa e identificación clara del animal.
El auto de Teruel deja, en definitiva, una conclusión incómoda pero útil: exigir un pago no convierte automáticamente a una protectora en delincuente, pero tampoco le da un cheque en blanco para quedarse con un perro. Entre esos dos extremos, lo que marca la diferencia -como demuestran los casos de Hana, Flaca, los galgos de Sevilla, Segovia o Almería- sigue siendo lo habitual: identificar bien al perro, denunciar rápido y guardar cada papel.