Desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León han actuado ante la amenaza que suponen los lobos para el mundo rural. Lo han hecho a través de los agentes y celadores de campo y han alcanzado el centenar de ejemplares radiomarcados con GPS.
Dicha medida forma parte de un plan que tiene como objetivo conocer, con detalle, la forma en la que se alimentan, si priorizan la fauna silvestre o doméstica para hacerlo, y sus reacciones a los sistemas de prevención del ganado para, así, poner fin a los ataques de esta especie.
El proyecto todavía se encuentra en la primera fase, que dio comienzo el pasado año, y que se basa en la captura de ejemplares mediante lazos especiales para colocarles unos collares programados. Según ha explicado a la agencia Ical José Ángel Arranz, director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, estos «emiten, de una determinada forma y periodo, los datos necesarios que permiten interpretar por los técnicos la actividad que tienen, qué comen, qué predan entre presas silvestres y domésticas o cuándo hacen los encames».
Constantes actualizaciones de su ubicación
De este modo, lo que persigue la iniciativa es marcar unos 100 lobos para tener datos lo más fieles posibles a la realidad. Sobre ello, Arranz ha concretado que los logrados en horario diurno «se revisarán en campo para su caracterización, únicamente cuando exista la total seguridad de que los encames ya no se encuentran en uso por los ejemplares equipados con emisores GPS o por otros integrantes de la manada».
Más allá de la alimentación, el otro punto destacado de este estudio es profundizar en su reacción a los sistemas de prevención del ganado, «tanto los tradicionales o aquellos que se empiezan a probar y sean de otro tipo y que permitan innovación». «En esta fase intentamos no interferir, solo sacar conclusiones sobre esa manada que actúa y saber que si hay lobos que atacan, ver qué medidas preventivas podemos tomar. Es lo más adecuado mientras no podamos hacer controles poblacionales», ha añadido el director general.
La Consejería ha propuesto que, por defecto, todos los collares, desde su instalación, cuenten con una configuración por la que aporten información de una posición cada media hora, durante los primeros 10 días. Tras esto, el resto del mes la mandarán cada dos horas.
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«Esta configuración nos permite determinar el movimiento del animal, sobre todo en cuanto a la predación. Luego un equipo va a comprobar si en ese punto hay carroña o si hay ganado o animales silvestres», ha matizado Arranz. Tal labor se llevará a cabo, como mínimo, una vez a la semana y siempre fuera de las horas próximas a la actividad del animal.
Por último, el director general ha considerado que, así, el mayor volumen de datos obtenido «compensaría la pérdida de vida útil del emisor». Cuando avance la obtención de resultados, podrá pasarse a una segunda opción, algo más conservadora, o bien modificarse la misma configuración para realizar estudios específicos.