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Matar a un gato callejero tiene una multa mínima de 50.000 euros (y puede llegar a los 200.000)

Desde que en España se comenzó a hablar de los primeros textos que le iban a dar forma a la nueva ley animalista del Gobierno, esta ha estado en boca de gran parte de la sociedad de nuestro país. Uno de los asuntos más controvertidos ha sido, sin duda, el tema de los gatos callejeros. Estos se han convertido en los grandes protegidos de dicho documento legal.

La Ley de Bienestar Animal entró en vigor el pasado 29 de septiembre y, por lo tanto, también las sanciones impuestas por sus nuevas medidas. Una de ellas es que ha dejado de estar autorizado el control de perros errantes y gatos asilvestrados.

Dos gatos en una foto de archivo. © Shutterstock

Esta decisión se tomó desde el Gobierno ignorando el hecho de que los gatos asilvestrados son los responsables de la extinción de 65 especies de animales. Lejos de recular ante las advertencias de los expertos, incluyeron también un punto que obliga a las administraciones públicas a mantenerlos con recursos públicos.

Las sanciones económicas por matar a un gato callejero

Respecto a este asunto, es de gran relevancia conocer las sanciones que la ley animalista fija para los casos en los que se acabe con la vida de algún gato callejero. En primer lugar hay que echar un vistazo al artículo 41 para encontrar lo establecido acerca de este aspecto.

«Las personas, en su convivencia natural con las colonias felinas, deberán respetar la integridad, seguridad y calidad de vida de los gatos comunitarios que las integran, así como las instalaciones de comida, y refugio propias del programa de gestión de gatos comunitarios», indica.


Llegan las primeras multas de la ley animalista: hasta 50.000 euros por llevar perros sin microchip


Asimismo, el apartado e) del artículo 75 considera como infracción muy grave el «dar muerte a gatos comunitarios fuera de los casos autorizados en esta ley».

Artículo 75 de la ley de Bienestar Animal de España

Sabiendo esto, su artículo 76 fija una multa económica de entre 50.000 y 200.000 euros las infracciones de este tipo. Por lo tanto, entre ambas cantidades estaría la cantidad que el Gobierno español obliga a pagar a los ciudadanos por matar a una especie que, según palabras de expertos, causa graves daños a muchas otras.

       
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