El Gobierno negociará con la Junta de Castilla y León varios aspectos de la nueva Ley de Caza por discrepancias en distintos puntos. Según publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado ha acordado iniciar negociaciones para resolver las discrepancias que tienen en varios artículos.
Concretamente, se trata de los artículos 6 (especies cinegéticas), 38 (normas para las modalidades de caza mayor), 48 (limitación de los periodos hábiles de caza), 52 (autorizaciones excepcionales), 53 (repoblaciones cinegéticas), 69 (control poblacional), 72 (granjas cinegéticas) y 74 (especies cinegéticas comercializables). Además, también hay diferencias de criterio entre administraciones en relación a los anexos I (listado de especies cinegéticas, entre las que incluye al lobo), el anexo II (periodos y días hábiles) y el anexo IV (valoración de las piezas de caza).
En este sentido, se ha acordado designar un Grupo de Trabajo para proponer a la Comisión de Cooperación «la solución que proceda». Las Cortes de Castilla y León aprobaron la Ley de Caza en junio de 2021 -que derogaba la norma de 1996- con el respaldo de todos los grupos y la abstención de los dos procuradores de Podemos.
Los tres aspectos fundamentales que el Gobierno quiere cambiar
Según reconocen a Jara y Sedal fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, la primera objeción de la Unidad de Estudios Jurídicos del Ministerio de Política Territorial es la referente a la comercialización de especies cinegéticas. En Castilla y León, la ley reconocía que las especies cinegéticas son comercializables, pero hay un decreto estatal que no lo reconoce así, por lo que estudiarán ese punto.
En segundo lugar, las mismas fuentes revelan que el Estado matizó hace unos años la ley de Caza de Castilla-La Mancha en el punto en el que establecía medidas preventivas para evitar daños de especies cinegéticas procedentes de zonas de seguridad. «Ese punto también afectará a Castilla y León, por ejemplo, en el caso de una plaga de conejos que esté en un lugar en el que no se puede cazar y que pertenezca al Estado, como una autovía o una vía de tren», especifican desde la Consejería. «El Estado ha entendido que supone una invasión de competencias en materia de régimen patrimonial: son espacios que son suyos y no podemos obligarles a tomar medidas preventivas en ellos», añaden sobre este punto.
En tercer lugar, otro punto importante a negociar es el de repoblaciones: «A efectos prácticos, esta objeción viene a decir que cualquier repoblación proveniente de una granja cinegética tiene que velar por la pureza genética de los animales», expone. Estas correcciones no significan que el Gobierno haya interpuesto un recurso de anticonstitucionalidad, «sino que Gobierno de España y Junta de Castilla y León trabajarán en una comisión conjunta para detectar aquellos problemas que supongan un conflicto de competencias y se adecúen», añaden.