El mes de junio, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 lanzó a consulta pública el borrador del reglamento que desarrolla la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales. En él se establecen numerosas obligaciones que recaerán directamente sobre los ayuntamientos, desde controles administrativos hasta servicios de recogida y gestión. El texto ha generado una fuerte preocupación entre los consistorios.
El pasado miércoles 17 de septiembre, la Comisión de Sanidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) celebró una reunión para analizar las implicaciones de esta normativa. El diagnóstico fue claro: los recursos actuales de la mayoría de municipios no son suficientes para garantizar el cumplimiento de las medidas que plantea la ley.
Preocupación económica y de personal
La FEMP concluyó que será imprescindible introducir modificaciones en el borrador. La principal preocupación de los representantes locales radica en que los ayuntamientos pequeños carecen de medios técnicos y humanos para poner en marcha las exigencias previstas. A ello se suma la falta de financiación clara para asumir el gasto que supondrá la aplicación.
«Estamos de acuerdo en la necesidad de la ley, pero tenemos que flexibilizarla», defendió Francisco Linares, vicepresidente de la Comisión y alcalde de La Orotava. La petición se centra en rebajar la rigidez del reglamento para adaptarlo a las realidades muy distintas entre grandes ciudades y pequeños pueblos.
Reclamo de financiación equitativa
El alcalde de Candeleda, Carlos Montesinos, fue más allá y subrayó la necesidad de mejorar el reparto económico. En su opinión, los fondos deben distribuirse «de una manera más equitativa, de forma que los pequeños municipios también tengan acceso y puedan llevar a cabo sus proyectos».
Desde la FEMP coinciden en que, de no atenderse estas demandas, el reglamento nacerá con un fuerte déficit de viabilidad. Para muchos ayuntamientos, la aplicación efectiva de la norma se convertiría en una carga inasumible sin un sistema de financiación adicional y sin medidas de apoyo específicas.
📜La Comisión de Sanidad de la #FEMP pide modificar el proyecto de normativa sobre #bienestaranimal para hacer posible su cumplimiento.
— FEMP (@fempcomunica) September 17, 2025
👉Han puesto de relieve las dificultades tanto económicas como de recursos y personal de los #municipios para cumplir con las exigencias que… pic.twitter.com/uXoR7o8GKL
El Gobierno deberá ahora valorar las alegaciones presentadas durante el proceso de consulta pública. Lo que está claro es que los municipios han dado un aviso contundente: sin cambios sustanciales, la Ley Animalista será impracticable en gran parte del territorio.