La caza furtiva es una actividad ilegal que atenta contra la fauna y el medio ambiente, y que además supone un agravio contra los cazadores legales. Sin embargo, las penas que se imponen a los infractores son insuficientes y no disuasorias, según denuncia la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) en un comunicado.
Fedexcaza señala que el problema radica en la aplicación del Código Penal y el Artículo 335, que regula el furtivismo. Según este artículo, solo se considera delito cazar sin autorización del titular del aprovechamiento cinegético. Además aclara que la consumación del delito no requiere abatir al animal, sino solo llevar a cabo la actividad. Sin embargo, muchos casos se siguen resolviendo con una simple sanción administrativa.
Los cazadores extremeños consideran que esta situación es injusta y que no refleja la gravedad del furtivismo, que causa un grave perjuicio ambiental y económico. Por un lado, los furtivos suelen abatir los ejemplares de mayor calidad, alterando el equilibrio genético de la población cinegética. Por otro lado, los furtivos perjudican a los propietarios de fincas privadas, reservas de caza, parques regionales y zonas públicas arrendadas, que invierten en la gestión y el mantenimiento de los cotos, y que generan ingresos por la venta de permisos de caza o el arrendamiento de los terrenos.
Asimismo, los furtivos afectan a los cotos sociales, especialmente castigados en la caza de liebre con galgos.
Fedexcaza pone como ejemplo el caso de un furtivo que fue condenado por el Ministerio Fiscal a tres meses de multa con una cuota diaria de 3€, e inhabilitación especial para el derecho a cazar por cuatro meses, por un delito contra la fauna. El organismo de representación de los cazadores extremeños cree que esta pena es ridícula y que no cumple con el objetivo de prevenir y erradicar la caza furtiva.
Por este motivo, Fedexcaza reclama que se endurezcan las penas que los jueces imponen actualmente contra los furtivos, puesto que, como ya informó Jara y Sedal tras una sentencia del Tribunal Supremo, el furtivismo es un delito que atenta contra el patrimonio natural y la biodiversidad y debe ser perseguido con la máxima dureza.