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Isabel Díaz Ayuso afirma que derogaría la ley animalista: «Es un sinsentido y una aberración»

Ayuso, durante la entrevista.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha concedido una entrevista a OK Diario tras ganar las elecciones del pasado 28 de mayo en la que ha señalado que, si tuviese el poder, derogaría la Ley de Bienestar Animal que en principio –y si un nuevo Gobierno no lo impide desde el mes de julio- entraría en vigor el próximo mes de septiembre tras su aprobación definitiva en marzo en el Congreso de los Diputados y posterior publicación en el BOE.

Ayuso, en palabras al director del citado medio, el periodista Eduardo Inda, explica qué leyes derogaría del Gobierno de Pedro Sánchez: «Derogaría todas las leyes que tienen que ver con pura ideología, que son prácticamente todas las leyes. La Ley de Universidades me parece desastrosa», comenzaba destacando la presidenta madrileña.

«Esta ley podría acabar incluso con especies de animales»

Y ahí es cuando sale a colación la nueva norma animalista: «La Ley de Bienestar Animal es un sinsentido y una aberración que podría acabar incluso con especies de animales y después es simplemente una forma más de controlar al ciudadano», denunciaba. Tras ello, citaba otras normas ya aprobadas como la Ley Trans, «que necesita un repaso profundo, porque no son leyes que atienen al final visibilización o una ayuda extraordinaria, sino que se han hecho desde una posición minimalista y que perjudican a mucha gente». También cita otras normas aprobadas por el Gobierno de Sánchez como la Ley de Memoria Democrática o la Ley Celaá.

Tal y como recordábamos esta semana en este medio, adelanto de las elecciones generales y, por consiguiente, la disolución de la Cortes ha dado lugar a una situación de incertidumbre. Las circunstancias pueden cambiar mucho y empiezan a aparecer las dudas sobre el futuro de este polémico texto. Aunque cabe la posibilidad de que ese periodo sin gobierno pueda coincidir con la fecha de entrada en vigor de dicha ley, también podría derogarse antes incluso de que la norma sea efectiva -seis meses después de su publicación en el BOE en marzo-.

       
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