Codorniz común, cerceta común, cuchara común, silbón europeo, porrón europeo y ánade rabudo. Esas son las seis especies que un nuevo estudio internacional coloca en la casilla roja de un semáforo creado para medir la sostenibilidad de la caza en la Unión Europea. El trabajo, publicado en Journal of Applied Ecology y financiado por la Comisión Europea, lleva la firma de un equipo liderado por investigadores del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), entre ellos su directora, Beatriz Arroyo.
El nombre de Arroyo no es nuevo para quienes siguen de cerca los debates que afectan al futuro de la caza en España. Arroyo dirige el IREC desde 2023 y, al mismo tiempo, forma parte del Comité Científico de SEO/BirdLife, la organización ecologista que en las últimas semanas ha protagonizado uno de los episodios más convulsos para el sector cinegético: la suspensión cautelar, decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la caza de nueve especies de aves —entre ellas la perdiz roja, la becada y dos zorzales— justo al inicio de la temporada 2026-2027 en esta comunidad autónoma. Jara y Sedal ya contó cómo un auto impulsado por SEO/BirdLife paralizó en Madrid la caza de perdiz, becada y zorzales justo el día que arrancaba la temporada general madrileña.
Un nombre que se repite en los frentes contra la caza
Esta no es la primera vez que la firma de Arroyo acompaña una investigación con consecuencias restrictivas para el sector. Hace unos meses, Jara y Sedal informó de que la investigadora firmó otro estudio que proponía restringir la caza de perdiz con reclamo cerca de los nidos de águila perdicera en Murcia. Su nombre también apareció respaldando la campaña europea contra el plomo de caza: Arroyo figuró entre los más de 130 científicos que firmaron una carta exigiendo al Ministerio de Agricultura un cese total sin moratorias ni excepciones, en paralelo a la ofensiva que SEO/BirdLife lleva años impulsando contra esta munición, como recogió este medio al explicar la campaña de la organización ecologista con una aliada dentro del IREC.
El caso de la codorniz resulta especialmente ilustrativo de ese patrón. Un informe remitido a Europa y coordinado por Arroyo, titulado Population update and model for Common Quail, planteaba restricciones sobre la especie sin incorporar los datos del proyecto Coturnix, el mayor estudio científico sobre la codorniz en España, según denunció Fundación Artemisan. Jara y Sedal ya recogió entonces que Europa estudiaba restringir la caza de la codorniz con un informe que admite carencias de datos clave, y que esos mismos datos de fecundidad que el informe europeo echaba en falta sí existían, pero no fueron utilizados.
La doble vinculación de Arroyo —dirección de un instituto científico de referencia para la gestión cinegética y pertenencia al comité que asesora a una organización históricamente crítica con la caza— no invalida por sí sola los resultados de ningún trabajo. Pero sí explica por qué cada nueva publicación firmada por ella se recibe en el sector con una mezcla de atención y recelo.
Cómo funciona el semáforo y qué especies señala
El método, bautizado como Índice de Sostenibilidad de la Caza (SHI), compara la extracción real de individuos con un nivel potencial de extracción calculado a partir de parámetros demográficos, tamaño poblacional y un factor de objetivo de gestión que los propios investigadores reconocen como una decisión política, no científica. Sobre esa base construyen un semáforo de tres colores para 27 especies migratorias con estado de conservación no seguro.
Dieciocho especies quedaron en verde en todas sus poblaciones. Seis cayeron en rojo —las cinco anátidas citadas más la codorniz— y tres quedaron en ámbar: agachadiza común, gaviota argéntea europea y zorzal alirrojo. Precisamente el zorzal alirrojo es una de las especies cuya caza también está suspendida cautelarmente en Madrid por el recurso de SEO/BirdLife, lo que sitúa el nuevo estudio en un momento especialmente sensible para el calendario judicial y administrativo del sector.
A todas las capturas declaradas por los Estados miembros se les sumó, además, un 20 % en concepto de piezas heridas o abatidas que nunca se cobran, un porcentaje tomado de estudios previos sobre aves acuáticas que los propios autores aplican de forma generalizada a especies y modalidades de caza muy distintas entre sí.
Las grietas que el propio estudio reconoce
El trabajo admite limitaciones que conviene subrayar antes de dar por buena cualquier conclusión. La evaluación se basa en capturas declaradas por los Estados miembros entre 2013 y 2018, un periodo que roza ya la década y cuya calidad, según los propios autores, es desigual porque parte de la información se aportó de forma voluntaria.
Más revelador todavía: los propios investigadores reconocen que en cuatro especies de anátidas las tendencias invernales recientes contradicen los resultados que arroja el semáforo, lo que atribuyen a posibles deficiencias en las estimaciones de población o a una delimitación imprecisa de las rutas migratorias. El archibebe oscuro, por su parte, ni siquiera pudo evaluarse por falta de datos suficientes, un recordatorio de hasta qué punto la disponibilidad de información condiciona este tipo de diagnósticos antes de que lleguen a convertirse en recomendaciones de gestión.
Coturnix y el Observatorio Cinegético: otra fotografía de la codorniz
Frente a esas estadísticas europeas de hace más de un lustro, el sector cinegético español lleva años generando información de campo con otra metodología. El proyecto Coturnix, impulsado por Mutuasport con la colaboración de Fundación Artemisan, la Real Federación Española de Caza y sus federaciones autonómicas, ha reunido entre 2020 y 2024 la participación de más de 5.000 cazadores, 2.865 transectos lineales a través de la app CensData del Observatorio Cinegético y 2.357 estaciones de escucha con reclamo digital en 45 provincias.
Según la memoria del proyecto, ese trabajo de campo apunta a un sex ratio balanceado y a una población de codorniz que produce excedentes en todas las biorregiones españolas, con un mejor éxito reproductor en 2022. Son datos obtenidos con metodología estandarizada y publicados en abierto, y entran en clara contradicción con la imagen de declive generalizado que proyecta el informe europeo. De hecho, cuando Fundación Artemisan denunció las carencias del informe coordinado por Arroyo, insistió en que esos datos de fecundidad y supervivencia juvenil que Europa decía no tener sí existían gracias a Coturnix, pero el modelo que guía las decisiones comunitarias no los incorporó.
La comparación directa entre ambos trabajos tiene matices que conviene no pasar por alto: Coturnix trabaja a escala española, mientras que el SHI pretende evaluar poblaciones completas a lo largo de toda la ruta migratoria europea. Eso no resta valor a la discrepancia, pero sí obliga a preguntar por qué, si existen datos de campo más recientes y específicos sobre la fecundidad de la codorniz en España, el modelo europeo sigue sin incorporarlos antes de proponer restricciones.
Un estudio del propio IREC que desmiente el relato de la caza como culpable
El contraste se vuelve todavía más incómodo para la tesis del nuevo semáforo si se mira otra investigación publicada hace apenas unos meses por el mismo instituto. Un estudio de la Global Ecology and Conservation, firmado por Eva de la Peña junto a investigadores del University College Dublin y en colaboración con el propio IREC, concluyó que la condición de especie cazable no tuvo un efecto estadísticamente significativo sobre la probabilidad de declive de las poblaciones de aves a escala europea. Dicho de otro modo: ser una especie legalmente cazable no explica, por sí solo, que sus poblaciones estén disminuyendo. El propio equipo investigador matiza que esto no significa que la caza carezca de cualquier efecto sobre poblaciones concretas, sino que la relación entre ambas variables es mucho más compleja de lo que suele presentarse.
Que ese trabajo haya salido del mismo instituto que ahora firma el semáforo de insostenibilidad no es un detalle que deba pasarse por alto: dentro de la propia casa conviven conclusiones que apuntan a la caza como factor de riesgo y otras que la descartan como causa principal del declive de las aves europeas.
La política que empieza donde termina la biología
Los propios autores del semáforo insisten en que su sistema separa el diagnóstico biológico de la decisión política de gestión: el modelo no fija qué nivel de abundancia debe tener una población a largo plazo, porque esa es una elección que corresponde a reguladores y gestores, no a una ecuación. Esa transparencia metodológica es uno de los puntos más defendibles del trabajo. Pero conviene no confundir esa separación teórica con lo que ocurre después, cuando la Comisión Europea traslada los colores del semáforo a recomendaciones concretas: ya ha pedido priorizar el porrón europeo, el silbón europeo y la codorniz común para mecanismos de gestión adaptativa, es decir, abrir la puerta a reducir cupos o imponer moratorias.
Ahí es donde entra en juego la pregunta que lleva meses planteando el sector cinegético: si los datos de partida tienen casi una década, si la calidad de las estadísticas es desigual según el propio reconocimiento de los autores, y si existen fuentes alternativas con metodología de campo más reciente que contradicen parte del diagnóstico, ¿hasta qué punto resulta prudente que una administración traduzca ese semáforo en restricciones inmediatas sobre la actividad cinegética, antes de contrastarlo con la información que vienen generando los propios cazadores?
El telón de fondo: SEO/BirdLife y la financiación pública
El debate sobre la fiabilidad de este tipo de estudios no puede desligarse del papel institucional que juega SEO/BirdLife en sus ataques a la actividad cinegética española y europea. La organización ha recibido 21,85 millones de euros en subvenciones concedidas entre febrero de 2022 y septiembre de 2026, según un análisis de Jara y Sedal y Cazaflix a partir de los registros oficiales de la Sociedad Española de Ornitología. El grueso de ese dinero, más de 18,5 millones, procede de organismos estatales, con la Fundación Biodiversidad —adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica— como principal fuente de financiación.
Esa misma entidad a la que pertenece Beatriz Arroyo es la que ha promovido el recurso que ha dejado sin caza de perdiz, becada y zorzales a los cazadores madrileños esta temporada, y la que en julio presentó un informe propio, Gestión sostenible de la caza y conservación de aves silvestres en España 2026, en el que aseguraba que el 57 % de las especies cinegéticas analizadas en la península y Baleares mostraban tendencias negativas. Ese mismo informe, elaborado por SEO/BirdLife, es una de las fuentes principales que sustentan el recurso judicial en Madrid, según ha trascendido del propio auto cautelar.
Lo que queda pendiente antes de legislar
Antes de que cualquier administración traduzca el nuevo semáforo en cupos más estrictos o moratorias para la codorniz, la cerceta o el resto de especies señaladas en rojo, el sector cinegético debe reclamar que se pongan sobre la mesa los datos de campo más recientes, se expliquen las contradicciones que el propio estudio reconoce con las tendencias invernales observadas y se aclare por qué la información reunida por proyectos como Coturnix sigue sin tener un peso equivalente al de los censos ornitológicos tradicionales.