El Gobierno ha aprobado un nuevo reparto de subvenciones directas del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que vuelve a situar la protección animal entre sus prioridades presupuestarias. Las ayudas aparecen recogidas en el Real Decreto 642/2026, de 29 de julio, publicado el 30 de julio en el Boletín Oficial del Estado, y se concederán sin una convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva.
Entre las entidades beneficiarias se encuentra la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), una organización animalista abiertamente enfrentada con la caza, que recibirá 307.500 euros para ampliar su programa «Mejores Amigos». La cantidad contrasta con los 85.000 euros reservados para el sostenimiento de la estructura central de la Federación Española de Bancos de Alimentos en esta convocatoria de ayudas.
En otras palabras, FAADA recibirá en esta partida 222.500 euros más que la organización que coordina los bancos de alimentos españoles que trabajan para que las personas sin recursos no mueran de hambre. La subvención otorgada a la fundación animalista multiplica por 3,6 la concedida a esta entidad dedicada a combatir la pobreza alimentaria.
El Gobierno ha duplicado la subvención a FAADA desde 2023
No es la primera vez que el Gobierno de Pedro Sánchez concede directamente dinero público a FAADA. En los Presupuestos Generales del Estado para 2023 ya le asignó 154.500 euros para ayudar a personas vulnerables con animales de compañía, mientras la fundación participaba activamente en las movilizaciones para presionar al PSOE durante la tramitación de la Ley de Bienestar Animal.
Tres años después, la cuantía destinada a la misma organización y con una finalidad similar ha pasado a 307.500 euros. El Ejecutivo ha aumentado así la ayuda en 153.000 euros, un 99 %: en la práctica, ha duplicado la subvención concedida a una de las entidades animalistas más beligerantes contra la caza.
Un total de 807.500 euros para políticas de protección animal
Las cuatro subvenciones gestionadas desde la Dirección General de Derechos de los Animales suman exactamente 807.500 euros. La mayor partida, de 350.000 euros, corresponde a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para desarrollar ACOPET, un programa que, según indican en su web, facilita la acogida temporal de los animales de compañía de mujeres víctimas de violencia machista.
A continuación aparecen los 307.500 euros para FAADA; otros 100.000 euros para que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria investigue el comportamiento de los gatos comunitarios (Felis catus) en territorios insulares, y 50.000 euros para que la FEMP forme a los responsables municipales en materia de protección animal.
Los 807.500 euros forman el bloque presupuestario destinado oficialmente a actuaciones dependientes de la Dirección General de Derechos de los Animales. La cifra multiplica por 9,5 los 85.000 euros reservados para la Federación Española de Bancos de Alimentos. El contraste resulta todavía más llamativo cuando se comparan algunas partidas concretas: el Gobierno gastará 100.000 euros en estudiar el comportamiento de los gatos comunitarios, 15.000 euros más de lo que destinará al sostenimiento de la entidad que agrupa a los bancos de alimentos españoles.
FAADA recibe más del triple que los bancos de alimentos
El Gobierno justifica la subvención de 307.500 euros a FAADA por la continuidad y ampliación del programa «Mejores Amigos», una iniciativa dirigida a personas vulnerables que conviven con animales de compañía. El proyecto ofrece asistencia veterinaria gratuita o a precios reducidos y formación a entidades locales y servicios sociales.
El real decreto sostiene que FAADA es «la única entidad que, por su trayectoria y especialización, garantiza una ejecución eficaz en términos de calidad, alcance y eficiencia». Esta supuesta singularidad permite al Ejecutivo concederle directamente a dedo la subvención, amparándose en razones excepcionales de interés público y social que, según el Ministerio, dificultan la convocatoria pública.
Esto supone entregar más de 300.000 euros de dinero público a una organización que mantiene un discurso radicalmente contrario a la actividad cinegética y que está detrás de la mayor parte de las manifestaciones anticaza y de gran parte de los titulares sensacionalistas que llegan a los medios de comunicación . En su propia web, FAADA afirma que «la caza, o actividad cinegética, fomenta el maltrato y el abandono de perros» y atribuye a esta actividad la muerte anual de millones de animales.
También quedan por debajo de la fundación animalista organizaciones como Down España, con 149.000 euros; la Federación Española de Daño Cerebral, con 174.000; la Confederación Salud Mental España, con 257.000; la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas, con 90.000, o la Federación Española de Sordoceguera, con apenas 29.000 euros.
Otros 100.000 euros para volver a estudiar a los gatos
La subvención de 100.000 euros para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria financiará un «programa de investigación sobre comportamiento de gatos comunitarios en territorios insulares». Según el Gobierno, el objetivo es generar evidencia científica que ayude a los ayuntamientos a elaborar sus protocolos de actuación.
La norma no detalla todavía el número de animales analizados, la metodología, los resultados concretos exigidos ni el desglose del presupuesto. Estos aspectos tendrán que aparecer en la correspondiente resolución de concesión y en la memoria económica presentada por la universidad.
La utilidad de gastar otros 100.000 euros en investigar el impacto y el comportamiento de los gatos en territorios insulares resulta cuestionable. Los efectos del gato doméstico sobre la biodiversidad llevan décadas documentados por la ciencia, particularmente en las islas, donde numerosas especies autóctonas han evolucionado sin depredadores terrestres similares.
Otros 100.000 euros para estudiar un fenómeno ampliamente documentado
El Gobierno concederá directamente 100.000 euros a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para investigar el comportamiento de los gatos comunitarios (Felis catus) en territorios insulares. Son 15.000 euros más de los que recibirá la Federación Española de Bancos de Alimentos.
La partida resulta difícil de justificar porque el impacto de estos animales sobre la biodiversidad lleva décadas estudiándose. Investigaciones nacionales e internacionales han demostrado que los gatos sin control depredan sobre la fauna silvestre, transmiten enfermedades y suponen una amenaza especialmente grave en espacios protegidos e islas.
Estudios del CSIC, Fundación Artemisan y distintas universidades han documentado su presencia en la Red Natura 2000, desplazamientos de más de 150 hectáreas y daños sobre aves, mamíferos y reptiles. Un estudio publicado en 2013 en Nature Communications estimó que los gatos en libertad mataban cada año en Estados Unidos entre 1.300 y 4.000 millones de aves y entre 6.300 y 22.300 millones de mamíferos. Otra investigación internacional publicada en 2023 documentó que estos felinos consumen al menos 2.084 especies, 347 de ellas amenazadas o de interés para la conservación.
La pregunta, por tanto, no es si los gatos dañan la biodiversidad, algo sobradamente acreditado, sino qué conocimiento nuevo justifica gastar otros 100.000 euros en volver a estudiar algo que ya se ha analizado hasta la saciedad.