Si el año pasado informábamos de que el Gobierno español había elevado el gasto público dedicado a la Dirección General de Derechos de los Animales un 32,26% con respecto a 2021, este año el ejecutivo ha vuelto a superar esa cifra. Según los Presupuestos Generales del Estado aprobados en el Congreso de los Diputados recientemente, el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra entregará a la misma Dirección 7.481.710 euros en 2023. A ello hay que sumar lo destinado a las asociaciones ecologistas por valor de otros 2,35 millones. En total, casi 10 millones de euros para ecologistas y animalistas, lo que supera con creces lo que supera con creces el dinero destinado en España a la jefatura del Estado (Casa Real) o al emprendimiento industrial.
Hay que recordar que los cerca de 7,5 millones de euros de los que dispondrá la Dirección General de Derechos de los Animales estarán gestionados por Sergio García Torres, un animalista radical y declarado anticaza sin estudios cualificados que fue colocado a dedo por Unidas Podemos. Los otros 2,35 millones se los repartirán entre Amigos de la Tierra -250.000 euros-, Ecologistas en Acción-CODA -700.000 euros-, la Sociedad Española de Ornitología SEO/BIRDLIFE -700.000 euros- y WWF -700.000 euros-.
Tres veces más de presupuesto que para el emprendimiento industrial o la Casa Real
Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 suponen el mayor gasto público de la historia de España, con una cifra récord de 266.719 millones de euros que tendremos que pagar todos los españoles. Con esa ingente cantidad de dinero, resulta imposible no establecer comparaciones entre la diferentes partidas presupuestarias. El dinero destinado al ecologismo y al animalismo, concretamente, es muy superior al de otras partidas mucho más importantes y necesarias para garantizar el estado del bienestar de los españoles que, durante los últimos años, han sufrido un aumento de la presión fiscal que, según los últimos datos, ya triplica la de la OCDE.
Hablamos, por ejemplo, del dinero que se dedicará a los emprendedores en el sector de la industria en 2023. En este caso, serán tres millones los dedicados a potenciar el necesario emprendimiento en proyectos relacionados con el sector de la industria, un 70% menos que lo que recibirán la Dirección General de Derechos de los Animales y la cuatro asociaciones ecologistas citadas juntas.
Por su parte, uno de los pocos presupuestos que se mantendrá congelado, será el de la jefatura del Estado. La Casa Real con 8,43 millones de euros, tendrá la misma cantidad que en el año 2022. De esta manera, a diferencia de la Dirección General de Derechos de los Animales, Zarzuela encadena tres años consecutivos percibiendo el mismo importe, coincidiendo con los tres años de Gobierno y los tres presupuestos generales elaborados por el PSOE y Unidas Podemos.
¿Quién se va a llevar el dinero publico destinado al animalismo?
El gran aumento de dinero de todos los españoles destinado al animalismo a través de los Presupuestos Generales del Estado tiene nuevos destinatarios. Por eso, para 2023 el Gobierno ha aprobado la creación de cinco partidas de subvenciones más que en 2022. Entre ellas, destaca la «subvención a la FAADA para la ayuda a personas vulnerables con animales de compañía», por un valor de 154.500 euros. Hay que aclarar que la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales es uno de los buques insignia del animalismo. Sus comunicaciones institucionales están repletas de mensajes de ataque a la caza y son una de las entidades más activas en redes sociales contra actividades tradicionales del mundo rural.
Especial atención merece también la «Subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para el Programa VIOPET», que asciende a 350.000 euros, y que también es de nueva creación, junto con la «subvención Premios Proyectos Innovadores a la Experimentación Alternativa», que se llevan otros 100.000 euros.
Las otras dos nuevas partidas aprobadas son «subvenciones destinadas a Premios Artísticos Amigos de los Animales», por valor de 7.500 euros y una «subvención a proyectos audiovisuales para la protección animal». De esta manera, el Gobierno sufragará de nuevo a cargo del erario público la propaganda del animalismo para difundir su ideología.
Un montante económico de escándalo que complementa la red de chiringuitos animalistas que saldrán adelante si el proyecto de Ley de Bienestar Animal o la reforma del Código Penal salen adelante tal y como planea el Gobierno y que, según los expertos juristas, no es más que un ataque encubierto a la caza.