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La Generalitat accede a revisar las sanciones a los cazadores y a escuchar sus demandas

La consellera de Agricultura, Teresa Jordà, y el presidente de la Federació Catalana de Caça (FCC), Sergi Sánchez, han acordado este jueves un nuevo plan de trabajo para mejorar la comunicación y abordar las reivindicaciones de los cazadores.

Jordà se compromete a homogeneizar criterios sobre infracciones de caza. / Foto: Parlament

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat se ha comprometido este jueves con la Federació Catalana de Caça (FCC) a «homogeneizar criterios de los cuerpos responsables de las inspecciones», los organismos que tramitan los expedientes sancionadores y el colectivo de cazadores para reducir «al mínimo la posibilidad de discrecionalidad», según ha informado la propia Conselleria y recoge Europa Press.

En un comunicado este jueves, el departamento se ha comprometido a analizar conjuntamente con los servicios jurídicos de la FCC las casuísticas de las infracciones de caza para que «la interpretación sea siempre la misma».

La consellera de Agricultura, Teresa Jordà, y el presidente de la Federació Catalana de Caça (FCC), Sergio Sánchez, han acordado este jueves un nuevo plan de trabajo para mejorar la comunicación y abordar las reivindicaciones de los cazadores, además de analizar el presente y futuro de la caza, trabajo que deberá servir para la futura ley y el nuevo modelo.

Así ha sido la lucha de la FEDECAT hasta conseguirlo

La Federación Catalana de caza estaba en pie de guerra desde hace unas semanas y al final ha conseguido parte de su objetivo, que era hablar con la Generalitat. Como ya informábamos hace unos días, acusaba a la Generalitat de haber «traicionado» a los cazadores con la publicación de la Ley 5/2020, de 29 de abril. En ella se imponen una serie de ‘medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente’, en la que se establecen nuevas multas de hasta 120.000 euros.

Aunque más que las sanciones, lo que les cabreó fue la falta de diálogo de la Generalitat con el colectivo, algo que ahora se ha conseguido. Nadie les avisó, ni contó con ellos en su redacción. Te lo contamos aquí.

       
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