La Federación Andaluza de Caza (FAC) ha trasladado a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía una propuesta para reducir el canon anual que las sociedades de cazadores pagan por el aprovechamiento cinegético de montes públicos. La medida, según el organismo federado, busca facilitar el acceso a la caza, incentivar la labor de quienes gestionan estos terrenos y contribuir al desarrollo económico y social de las zonas rurales andaluzas.
La propuesta se enmarca en un conjunto de medidas que la FAC ha preparado para su inclusión en la futura Ley de Presupuestos de Andalucía de 2026. Además de la rebaja del canon, la federación reclama un paquete de incentivos fiscales destinados a los cotos que realicen inversiones en la mejora del hábitat, colaboren en proyectos de investigación científica o participen en la conservación de especies amenazadas.
Una medida de apoyo a los cotos sociales
El presidente de la FAC, José María Mancheño, ha subrayado que la reducción del canon «sería un incentivo para quienes asumen la gestión y custodia de estos cotos situados en terreno público, facilitaría el acceso a la caza y el relevo generacional en el sector, ayudaría al fortalecimiento del desarrollo económico y social en las zonas rurales andaluzas y, en suma, supondría un apoyo necesario a un sector que, en muchas ocasiones, carece de aliados institucionales a pesar de realizar una labor insustituible en el medio rural andaluz».
Las cifras avalan la importancia de este sector. Según un informe de Deloitte patrocinado por la Fundación Artemisan, en 2023 la actividad cinegética movilizó un gasto de 8.699 millones de euros en España, con un impacto de 10.190 millones sobre el PIB nacional. Estos datos muestran, en palabras de Mancheño, que la caza no solo es una práctica cultural y de gestión del medio, sino también «un motor económico que dinamiza la vida en los pueblos y garantiza oportunidades de empleo».
Bonificaciones fiscales para quienes apuesten por la conservación
La FAC insiste en que los próximos presupuestos deben contemplar medidas de apoyo fiscal a aquellos acotados que realicen esfuerzos adicionales en favor de la biodiversidad y la sostenibilidad. Concretamente, solicita la bonificación temporal total de la tasa de matrícula de coto prevista en el artículo 231 de la Ley 10/2021 de Tasas de Andalucía en los siguientes supuestos:
- Cotos que lleven a cabo mejoras de hábitat mediante la instalación de bebederos y comederos que aseguren alimento y agua a la fauna silvestre.
- Aquellos que participen en proyectos científicos de inventario, seguimiento y monitorización de poblaciones de fauna, tanto cinegética como no cinegética, en el marco del Observatorio Cinegético de la Fundación Artemisan o de otras entidades homologadas.
- Los que firmen convenios de colaboración con la Consejería de Medio Ambiente para el fomento, conservación o reintroducción de especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, así como su participación en programas autonómicos, nacionales o europeos de gestión de fauna.
- Cotos donde el aprovechamiento cinegético esté temporalmente impedido por razones ajenas a las sociedades que los gestionan.
«Confiamos en que este año se tenga a bien la inclusión de estas bonificaciones en los Presupuestos de 2026. La FAC ha cumplido con su trabajo y se ha adelantado incluso en el tiempo para presentar estas iniciativas, que suponen un justo reconocimiento al esfuerzo realizado en los acotados», ha declarado Mancheño.
Impacto en el empleo rural
La federación recuerda que la caza desempeña un papel decisivo en la fijación de población y en el mantenimiento del empleo en las zonas rurales. De acuerdo con el mismo informe de Deloitte, en 2023 la actividad permitió sostener 199.000 empleos en España, de los cuales 45.642 fueron puestos directos vinculados a cotos y cacerías.
En este sentido, la FAC plantea la puesta en marcha de ayudas directas destinadas a empresas y entidades del medio rural que creen y consoliden plazas de guardas de caza. Esta medida estaría alineada con los objetivos de la Junta de Andalucía en materia de empleo y desarrollo rural, reforzando el papel de la caza como actividad que genera trabajo estable y contribuye a la sostenibilidad de los pueblos.
Una oportunidad para reconocer la labor cinegética
La FAC considera que la inclusión de estas medidas en los Presupuestos de 2026 sería un paso decisivo para reforzar el papel de la caza en Andalucía. «No se trata de un privilegio, sino de reconocer el trabajo que realizan miles de cazadores federados en la gestión de los montes públicos y en la conservación de la biodiversidad», ha señalado Mancheño.
El organismo recuerda que las sociedades de cazadores federadas asumen costes importantes en la vigilancia, mantenimiento y mejora de los cotos, a menudo sin apenas respaldo institucional. Para la FAC, reducir la presión fiscal y premiar a los acotados que desarrollen proyectos de interés ambiental y científico es una forma justa de garantizar la viabilidad futura de estas entidades y de fortalecer el relevo generacional en el sector cinegético.