El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado el encargo del servicio de control de ungulados en el Parque Nacional de Monfragüe para los ejercicios de 2024 y 2025. Esta decisión se ha tomado tras detectarse una alta seroprevalencia de tuberculosis en jabalíes y ciervos, según ha informado hoy Onda Cero.
Los trabajos serán realizados por la empresa pública Transformación Agraria S.A. (TRAGSA) y tendrán un coste de 347.305 euros. Esta medida se justifica, según el ejecutivo, en los resultados de estudios sobre el estado sanitario de la fauna de ungulados en Monfragüe. Sin embargo, no esta de más recordar que este control poblacional ya se realizaba por parte de los cazadores antes de que se prohibiera la caza en 2020, incluso poniendo dinero de su parte.
El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de Monfragüe establece, siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, un plan de actuación sobre tuberculosis en especies silvestres (PATUBES). Este plan debería buscar equilibrar la situación sanitaria, la actividad cinegética y la conservación de la biodiversidad.
El Parque Nacional de Monfragüe triplica la tasa de tuberculosis tras prohibir la caza en 2020
El encargo a TRAGSA incluye diversas labores, como el mantenimiento de infraestructuras -los famosos y criticados cercones o cercas de manejo-, el sacrificio de ejemplares, la toma de muestras y la gestión de cadáveres de ungulados silvestres. Estas acciones se justifican como necesarias para controlar la población de ciervos y jabalíes y reducir así la propagación de la tuberculosis, disparada desde que se prohibió la actividad cinegética en 2020.
Un informe del servicio de Sanidad Animal de la Junta de Extremadura, publicado a finales de 2023, destacó la importancia de reanudar la actividad cinegética en esta zona de la provincia de Cáceres. Además, reveló que Monfragüe triplica la tasa de tuberculosis bovina en comparación con el resto de la comunidad autónoma.
Impacto económico de la prohibición de la caza
La caza ha demostrado ser una fuente renovable de ingresos en los parques nacionales hasta su prohibición hace ahora cuatro años. Un ejemplo de ello es el Parque Regional de Riaño, donde en 2022 los cazadores pagaron 229.050 euros por controlar las poblaciones de caza silvestres. Estos ingresos permitieron a los municipios realizar inversiones que de otro modo serían imposibles.
La subasta de Riaño es un ejemplo de cómo la caza regulada y bien gestionada en espacios naturales puede ser una fuente de riqueza que ayude a fijar población en la España vaciada. Gracias a estos permisos, se controlan las poblaciones animales, lo que es fundamental para reducir su impacto en la flora, disminuir las enfermedades, los accidentes de tráfico y los daños a la agricultura.
La importante aportación económica que recibían los parques nacionales con la caza contrasta ahora con el impacto negativo de su prohibición. Además de perder los ingresos obtenidos por la actividad cinegética regulada, el necesario control poblacional ahora se realiza con dinero público. En el caso de Monfragüe, TRAGSA recibirá cerca de 350.000 euros por realizar una labor por la que antes los cazadores ponían dinero de su bolsillo.