Apenas siete meses después de anunciar una nueva convocatoria de ayudas, el Gobierno ha cerrado el reparto definitivo de las subvenciones destinadas a entidades de protección animal correspondientes a 2025. La cifra vuelve a ser prácticamente idéntica a la de ejercicios anteriores y consolida una línea de gasto público que, año tras año, sigue generando polémica por su alcance y su limitada fiscalización.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha concedido un total de 1.995.880,02 euros a asociaciones animalistas de todo el país, manteniendo intacta la cuantía ya prevista en la convocatoria publicada en mayo. La diferencia ahora es que ya se conoce cuántos colectivos han resultado beneficiarios y cómo se ha distribuido el dinero.
En términos prácticos, el resultado es claro: cientos de entidades privadas recibirán fondos públicos para proyectos vinculados a animales abandonados y colonias felinas, un ámbito especialmente protegido por la actual legislación.
Casi medio millar de asociaciones beneficiadas
Según la resolución oficial, 446 proyectos han sido finalmente financiados, de un total de 840 solicitudes presentadas. Es decir, más de la mitad de las entidades que optaron a estas ayudas han conseguido acceder al reparto de fondos públicos.
Otras 279 solicitudes, aunque fueron admitidas y evaluadas, se quedaron fuera únicamente por falta de crédito, mientras que 110 proyectos fueron excluidos por no cumplir los requisitos formales de la convocatoria. Además, cinco entidades desistieron voluntariamente durante el trámite de audiencia.
El volumen de asociaciones beneficiadas confirma el carácter masivo de esta línea de subvenciones, que permite acceder a fondos públicos a colectivos con estructuras muy reducidas y, en muchos casos, sin trayectoria contrastada.
Colonias felinas, el gran eje del reparto
El grueso del dinero vuelve a pivotar sobre las colonias felinas, uno de los pilares de la Ley de Bienestar Animal. Para esta línea de actuación se estableció una puntuación mínima de 35 puntos, frente a los 55 exigidos para proyectos relacionados con animales abandonados.
La diferencia de baremación evidencia la prioridad política otorgada a los gatos callejeros, un asunto que desde hace años genera controversia por su impacto sobre la biodiversidad y la fauna silvestre, alertado reiteradamente por expertos y organizaciones conservacionistas.
Los fondos pueden destinarse a identificación, vacunación, desparasitación, tratamientos veterinarios y actuaciones genéricas de gestión, sin que se detallen mecanismos de control exhaustivos una vez ejecutados los proyectos.
Un modelo que se repite año tras año
El reparto de 2025 no es un hecho aislado. En 2023 el Gobierno ya destinó 1.990.068,81 euros a estas mismas entidades, y en 2024 repitió con otros 1.968.611,20 euros. En apenas tres ejercicios, el montante total roza los seis millones de euros.
Todo ello bajo unas bases reguladoras que permiten optar a las ayudas a cualquier asociación legalmente constituida, un trámite administrativo barato y rápido en España. Este diseño ha favorecido un efecto llamada que multiplica el número de solicitantes y diluye los controles.
Mientras tanto, el dinero público vuelve a fluir hacia un entramado asociativo con escasa transparencia, en un contexto de creciente presión económica para otros sectores rurales y ambientales que siguen sin recibir una atención similar por parte de la Administración.