Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han investigado a siete personas, entre ellas un agricultor, como presuntas autoras de un delito contra el patrimonio histórico y de «daños agravados» por imprudencia grave. Se les acusa de haber provocado un grave deterioro en un yacimiento arqueológico situado junto a la histórica Vía de la Plata, en la provincia de Cáceres. La valoración oficial de los daños asciende a más de seis millones de euros.
La investigación se inició el pasado mes de febrero, a instancias de la Fiscalía Provincial de Cáceres, que solicitó la intervención del Seprona para verificar la existencia de posibles daños en la servidumbre arqueológica de una finca situada en el término municipal de Casas de Don Antonio. El enclave se encuentra dentro de un tramo de la Vía de la Plata declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Vía Histórica.
Movimientos de tierra en un enclave protegido
El caso salió a la luz cuando un agente del Medio Natural de la Junta de Extremadura denunció la posible destrucción de restos arqueológicos. Tras desplazarse al lugar, los agentes del Seprona realizaron una inspección técnico-ocular y constataron que se habían ejecutado trabajos de remoción, nivelación y subsolación del terreno con maquinaria pesada.
Según la Guardia Civil, la supuesta finalidad era cambiar el uso agrícola de la parcela para destinarla a un olivar en régimen superintensivo. Sin embargo, las actuaciones afectaron directamente a la zona protegida del yacimiento, donde se practicaron zanjas y excavaciones de considerable profundidad.
El área dañada abarca unos 25.356 metros cuadrados y presenta una gran dispersión de materiales arqueológicos. Entre los restos documentados figuran fragmentos cerámicos, ruedas de molino, bases de prensa, sillares, tejas y grandes vasijas de almacenamiento de tipología romana.
Pérdida irreversible de información
El informe policial señala que la maquinaria fraccionó y descontextualizó la mayor parte del material arqueológico, lo que implica la destrucción parcial de la estratigrafía y la pérdida irreversible de información histórica. Además, se detectó la alteración del cauce natural del Arroyo de las Zorreras, con una modificación de más de 500 metros de su trazado original, afectando al dominio público hidráulico.
La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura elaboró un informe en el que se detallan varias infracciones graves: los trabajos se realizaron sin autorización administrativa, sin supervisión arqueológica y sin comunicar los hallazgos, como obliga la ley.
El documento concluye que la metodología empleada fue inadecuada y que las actuaciones provocaron daños de gran magnitud, valorados en más de seis millones de euros, cuantía que refleja tanto el valor patrimonial como el coste potencial de restauración.
Siete personas investigadas
El Seprona identificó a siete personas presuntamente implicadas en los trabajos. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Cáceres. Los acusados se enfrentan a un delito contra el patrimonio histórico y otro de daños agravados por imprudencia grave.
El artículo 323 del Código Penal establece que los daños causados en yacimientos arqueológicos legalmente protegidos pueden castigarse con penas de prisión de seis meses a tres años, además de multas económicas considerables. La condición de Bien de Interés Cultural de la Vía de la Plata agrava las consecuencias legales.
Un caso que recuerda a La Rioja
Este suceso guarda similitudes con otro ocurrido en 2024 en Calahorra (La Rioja), que Jara y Sedal contó en esta noticia. En aquel caso, un agricultor de 53 años fue denunciado tras dañar de forma severa el yacimiento romano de «La Torrecilla» mientras preparaba el terreno para plantar viñedos.
En esa ocasión, los daños afectaron a varias parcelas y destruyeron restos de época romana como fragmentos de cerámica y ladrillos. Aunque no había señalización visible, la Guardia Civil recordó que el desconocimiento de la protección no exime de responsabilidad. También se comprobó que el implicado carecía de los permisos necesarios, lo que derivó en la activación del protocolo de conservación del patrimonio histórico.
La amenaza al patrimonio arqueológico
Tanto el caso de Cáceres como el de La Rioja ponen de manifiesto un problema recurrente: la destrucción de yacimientos arqueológicos por actuaciones agrícolas no autorizadas. Las labores de roturación profunda, nivelación de terrenos o instalación de sistemas de riego en zonas con restos históricos pueden causar daños irreparables.
La pérdida no es solo material, sino científica. La estratigrafía —la disposición y el contexto de los restos— es clave para interpretar los hallazgos. Cuando se destruye, se pierde para siempre la posibilidad de reconstruir la historia del lugar. Por ello, las administraciones insisten en la importancia de solicitar autorización y de realizar cualquier trabajo bajo control arqueológico.
Proceso judicial y posibles consecuencias
En el caso de Cáceres, el procedimiento judicial deberá determinar el grado de responsabilidad de los investigados y la posible imposición de penas. Si se confirma la acusación, podrían enfrentarse a prisión, elevadas sanciones económicas e incluso a la inhabilitación para realizar determinadas actividades.
La finca afectada permanece bajo paralización cautelar, y no se descarta que se lleven a cabo nuevas prospecciones para conocer con precisión el alcance del daño.