La Audiencia Provincial de Castellón ha confirmado la condena por delito de coacciones a los dos activistas que interrumpieron una batida de jabalíes celebrada el 14 de febrero de 2020 en el Parque Natural del Desert de les Palmes, en Benicàssim. La resolución, que ya es firme, ratifica tanto la responsabilidad penal como la civil derivada de los hechos y obliga a los condenados a indemnizar por los perjuicios causados.
Los hechos se remontan a una jornada de control de jabalí autorizada que terminó convertida en un episodio de tensión. Según recoge la sentencia, los acusados trataron de obstaculizar el desarrollo normal de la batida utilizando silbatos y petardos, además de alterar vehículos de los participantes.
La actuación, considera el tribunal, afectó al normal desarrollo de la actividad y generó un riesgo para la seguridad de los cazadores. Por ello, se mantiene la condena al pago de 3.327 euros, así como la obligación de indemnizar al Club de Cazadores de El Desert por los daños ocasionados.
Desde el sector se interpreta el fallo como algo más que una simple ratificación judicial. Lo consideran un punto de inflexión frente a acciones de boicot en el medio natural.
Respaldo judicial a una actividad autorizada
El presidente de la Sociedad de Cazadores de Benicàssim, Juan Marqués, ha mostrado su satisfacción tras conocer la firmeza de la sentencia. «Esta resolución supone un respaldo claro a la labor que desarrollan los cazadores dentro de la legalidad», ha señalado, recordando que el procedimiento judicial ha sido largo y con numerosos trámites.
Marqués considera además que el fallo envía un mensaje disuasorio: «A partir de ahora, cualquier persona que pretenda boicotear o coaccionar una actividad autorizada se lo pensará dos veces». También ha querido agradecer «el apoyo prestado por la Federación desde el inicio del procedimiento, tanto en el ámbito jurídico como en la difusión del caso, subrayando que ese acompañamiento ha sido clave para poder llegar hasta el final».
En la misma línea se ha pronunciado Juanjo Ferrer, delegado de la Federación en la provincia de Castellón, quien ha subrayado que «esta sentencia firme marca jurisprudencia en la Comunitat Valenciana» y lanza un mensaje claro de que «las coacciones y los intentos de sabotaje contra una actividad legal no pueden quedar impunes».
«Un antes y un después» en la Comunidad Valenciana
Ferrer ha recordado que «las sociedades de cazadores desempeñan una labor fundamental en la gestión y control de especies como el jabalí, especialmente en espacios naturales y zonas próximas a núcleos urbanos, y que merecen respeto y protección institucional». En el caso del Desert de les Palmes, se trataba de una acción autorizada precisamente para el control poblacional.
Por su parte, la presidenta de la Federación, Lorena Martínez, ha sido contundente al afirmar que «no se puede permitir que grupos radicales traten de imponer su ideología mediante el acoso y la intimidación». Martínez ha defendido que «la caza es una actividad legal, regulada y necesaria para el equilibrio medioambiental» y ha insistido en que «este tipo de conductas deben perseguirse con firmeza, y para eso nuestros servicios jurídicos están a disposición de nuestros clubes federados».
A su juicio, la resolución judicial «supone un antes y un después en la defensa del sector cinegético valenciano y refuerza la seguridad jurídica de todas las sociedades de cazadores de la Comunitat Valenciana frente a cualquier intento de coacción o boicot».