La Dirección General de Derechos de los Animales del Gobierno, con Sergio García Torres al frente, ha seguido adelante con la convocatoria de las subvenciones destinadas a «entidades de protección animal» de cara al presente año 2023.
Dichas ayudas fueron puestas en marcha por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y su extracto consta en el BOE desde finales del pasado mes de mayo. Estas se presentaron con el objetivo de favorecer el desarrollo de actividades de recogida, custodia y cuidado de animales de compañía.
En estos términos están incluidos, por ejemplo, los «gastos de traslado de animales abandonados, tratamientos veterinarios o mejora de instalaciones». La cuantía recibida será proporcional a los gastos que las entidades de protección animal acometan por la realización de dichas actividades. Todas ellas deberán tener una relación intrínseca con los aspectos anteriormente mencionados.
Dos millones de euros destinados a grupos animalistas en 2023
En el año 2021, cuando las bases reguladoras de esta concesión se publicaron en el BOE, las redes sociales se inundaron de críticas que consideraban que la cuantía que el Gobierno destinaba a tal fin era desproporcionada.
De hecho, el propio Torres llegó a reconocer que ni siquiera tienen en cuenta las cifras de los animales abandonados en España para establecer dicha cuantía. Sin embargo, esta, de cara a la convocatoria de este año, es de la friolera de 2.000.000 de euros.
Una vez ha llegado a su fin el plazo para solicitar las ayudas, ha sido el director de derechos de los animales quien ha confirmado que casi 600 grupos animalistas van a beneficiarse y repartirse el dinero invertido por el Gobierno.
Pocos requisitos para unas cuantiosas subvenciones
Sabiendo la cuantía que el Gobierno ha destinado a estas ayudas, es difícil de creer que los beneficiarios tan solo hayan tenido que cumplir un escueto requisito. Este ha sido que las entidades de protección animal sin ánimo de lucro participantes estuvieran «legalmente constituidas», no pertenecieran al sector público, fueran «de nacionalidad española y con residencia fiscal en España».
Por lo tanto, eso será lo único que tengan que demostrar las asociaciones animalistas que han optado a estas subvenciones, además de que sus estatutos establezcan «como fin principal, la protección y defensa de los animales».