La aparición de un nuevo lobo muerto en Castilla y León ha vuelto a poner de manifiesto una de las grandes contradicciones del problema del lobo ibérico (Canis lupus) en España. Las mismas organizaciones animalistas que lograron que el Gobierno de Pedro Sánchez prohibiera su control poblacional en 2021 y que torpedean cualquier intento racional de controlarlo, denuncian ahora muertes ilegales, sin asumir que la eliminación de cualquier herramienta de gestión ha contribuido a tensionar aún más la convivencia en el medio rural.
De esta forma, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo ibérico (Ascel) ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente la muerte por disparo de un ejemplar en el municipio palentino de La Pernía, dentro del Parque Natural Montaña Palentina. Según ha informado la propia organización, el animal —un macho de unos siete meses— presentaba claros indicios de haber sido abatido con un disparo.
Ascel ha puesto los hechos en conocimiento de la Jefatura del Seprona y ha presentado el correspondiente escrito ante la Fiscalía por un presunto delito contra la fauna, recogido en el artículo 334 del Código Penal, con el objetivo de que se investigue lo sucedido y se depuren responsabilidades penales.
Críticas también a la administración pública
En su denuncia, la asociación ecologista no dirige únicamente sus reproches hacia el medio rural. Ascel señala de forma expresa a los responsables públicos de la gestión del parque natural, al considerar que existe una falta de vigilancia y conservación.
Según la organización, el furtivismo contra el lobo y otras especies «campa a sus anchas» desde hace años tanto en el Parque Natural Montaña Palentina como en la Reserva Regional de Caza Fuentes Carrionas, a pesar de tratarse de terrenos de titularidad pública con personal propio encargado de su control. La asociación llega a calificar estos espacios como meros escaparates turísticos «parques de atracciones» o incluso «mataderos de fauna salvaje», un discurso que vuelve a cargar contra los gestores públicos sin aportar soluciones de gestión eficaces.
Buena parte de este escenario tiene su origen en septiembre de 2021, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio para la Transición Ecológica que dirigía Teresa Ribera, prohibió la caza y el control del lobo en toda España. La decisión se materializó con la inclusión de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), pese a la fuerte oposición de las comunidades que concentran el 98 % de la población del cánido.
La medida se aprobó mediante una polémica votación en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural, en la que se desoyó a Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Andalucía y Madrid, mientras se impidió votar a Ceuta. Paradójicamente, apoyaron el blindaje comunidades sin presencia significativa de lobo, como Cataluña, Aragón, Extremadura o Baleares.
Con esta decisión, el Ejecutivo dio la espalda al mundo rural y abandonó el modelo de gestión que durante décadas había permitido la recuperación del lobo en España, basada en un control racional, regulado y supervisado por las administraciones autonómicas.
El control racional, clave para la recuperación del lobo
Conviene recordar que el notable aumento de las poblaciones de lobo en España no se produjo gracias a la prohibición, sino precisamente gracias a una gestión activa. Tras rozar la extinción a finales de los años setenta, el modelo español permitió que la especie se recuperara hasta alcanzar en torno a 2.500 ejemplares en el último censo oficial de 2014, cifras que no han dejado de crecer desde entonces.
Ese éxito contrasta con el caso de Portugal, donde la caza del lobo lleva prohibida desde hace décadas y la especie no ha logrado recuperarse. Allí, como han demostrado episodios recientes de lobos muertos en trampas con lazos, la protección estricta no ha evitado ni el furtivismo ni el declive poblacional. Más bien todo lo contrario.
Ganaderos indefensos y aumento del conflicto
La prohibición total dejó a miles de ganaderos en una situación de indefensión frente a los ataques al ganado, que suponen pérdidas económicas directas y un grave problema para la viabilidad de la ganadería extensiva. Sin control poblacional y con compensaciones que muchos consideran insuficientes o tardías, el conflicto se ha intensificado en numerosas zonas rurales. Lejos de reducir las muertes de lobos, la eliminación de la gestión legal ha desplazado el problema hacia la ilegalidad, como evidencian los casos registrados en Castilla y León, Zamora u Orense.
Por este motivo, desde la inclusión del lobo en el Lespre han seguido apareciendo ejemplares muertos por disparos, lazos sin freno u otros métodos prohibidos. En la Reserva Regional de Caza Sierra de la Culebra, en Zamora, agentes medioambientales localizaron una loba adulta y otros animales muertos tras hallar hasta diez lazos ilegales colocados de forma estratégica, con restos también de ciervos.
Estos hechos pueden conllevar sanciones administrativas de más de 200.000 euros por el uso de medios no selectivos y multas de hasta dos millones de euros por la muerte de un lobo, además de posibles penas de prisión.
El Congreso revierte la prohibición en 2025
En marzo de 2025, el Congreso de los Diputados aprobó la exclusión del lobo del Lespre, poniendo fin a la prohibición impuesta en 2021. La norma salió adelante con los votos de PP, Vox, Junts y PNV, y permite de nuevo la regulación y el control de la especie, al menos al norte del Duero. Durante el debate, se insistió en que no se trata de elegir entre lobo o ganadería, sino de aplicar una gestión responsable que permita compatibilizar la conservación de la especie con la supervivencia del sector primario. Un extremo al que, por supuesto, ASCEL también se ha opuesto reiteradamente.
Esta medida era consecuencia de que el Parlamento Europeo había aprobado recientemente rebajar la protección legal del lobo en la Directiva de Hábitats, pasando del Anexo IV al Anexo V. Este cambio ofrece a los Estados miembros más flexibilidad para gestionar sus poblaciones y responder a los conflictos socioeconómicos derivados de su expansión.