El lobby animalista está en pie de guerra tratando de aprobar por todos los medios la Ley de Bienestar Animal planteada por el ministerio que dirige Ione Belarra. A pesar de contar con la oposición de toda la comunidad científica, veterinarios, biólogos y representantes de todos los sectores afectados por ella, con los que no se ha establecido ningún tipo de diálogo, el Gobierno de coalición tiene prisa por sacarla adelante. De hecho, según ha podido saber Jara y Sedal, el texto podría ser votado en el Congreso de los Diputados el próximo 22 de diciembre.
Pero ¿por qué tanta prisa en sacar adelante un texto que la sociedad civil ha rechazado de forma masiva en las calles y con el que no está de acuerdo ninguno de los actores afectados por ella? Porque, como ya hemos advertido en diferentes ocasiones en este medio, el texto presentado supone la creación de una gran red clientelar que regará de subvenciones públicas al minoritario lobby animalista, convirtiéndolo en un lucrativo negocio para quienes accedan a los contratos públicos. Esto podría explicar, por ejemplo, que la portavoz de un acto llevado a cabo hoy en el Congreso de los Diputados, en el que los anticaza han llevado un galgo muerto sujetado por una persona con una careta de Pedro Sánchez, sea Matilde Cubillo, una persona que ha conseguido contratos millonarios con diferentes administraciones.
¿Quién es la portavoz de los animalistas que han llevado el galgo muerto al Congreso?
Según las convocatorias de prensa enviadas por Anima Naturalis a los medios de comunicación, Matilde Cubillo ha sido portavoz de este mediático evento convertido en una repugnante reivindicación, puesto que para ello han usado el cadáver congelado de un galgo muerto.
Cubillo ha elegida para atender a los medios en las convocatorias de prensa, algo en lo que cuenta con una dilatada experiencia, tal y como te contamos en este artículo. No en vano ha presidido una de las entidades que más dinero público ha recibido por parte de las administraciones públicas a lo largo de los últimos años: FAPAM (Federación de Asociaciones de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid). De hecho, lleva financiándose de las arcas públicas desde mucho antes que el Gobierno aprobase las subvenciones por valor de cinco millones de euros con las que ha regado al lobby animalista durante los dos últimos años.
Es el caso de este contrato firmado en 2014 y prorrogado hasta la actualidad del que es beneficiaria en representación de FAPAM. El trabajo a realizar era la «gestión del centro integral de acogida de animales de la Comunidad de Madrid, sito en Colmenar Viejo». Una labor que, de aprobarse la Ley de Bienestar Animal, será obligatorio realizar en todos los municipios de más de 5.000 habitantes con cargo a las arcas públicas: toda una oportunidad de negocio para el lobby animalista.
En total, según los datos publicados por la Comunidad de Madrid, los Comunidad de Madrid le ha pagado 2.736.911 euros, y el contrato sigue vigente hasta 2023. A todo esto hay que sumar lo ingresado por la gestión del Centro Integral Municipal de Protección Animal (CIMPA) de Alcalá de Henares, que cuenta con un presupuesto anual de 373.741,06 euros. En total, más de tres millones de euros en contratos públicos. Un buen negocio que se disparará si la Ley de Bienestar Animal sale adelante.