En un nuevo episodio de la lucha contra las multinacionales de la energía fotovoltaica en España, agricultores de Jaén y Córdoba se están movilizando para defender sus tierras. Bajo el lema ‘Renovables sí, pero no así’, los trabajadores del campo protestan contra una serie de macroproyectos que implican la expropiación forzosa de sus tierras y la tala de sus olivos, que han sido cultivados durante generaciones y son la base de su subsistencia.
Se da la circunstancia de que estos proyectos se están promoviendo en una zona que se propuso para ser declarada Patrimonio Mundial de la Unesco bajo el título de Paisaje del Olivar Andaluz, debido a las grandes extensiones de olivos, la calidad de los mismos y la gestión medioambiental que representan. Sin embargo, el expediente para solicitar esta declaración enfrenta un futuro incierto debido a la presión de un grupo de propietarios. Además, en la zona se han encontrado restos arqueológicos, aunque esto no ha sido suficiente para detener el proyecto.
El 7 de noviembre, los propietarios afectados fueron citados para iniciar los trámites de expropiación de sus tierras. En los municipios jienenses de Lopera, Arjona y Marmolejo, se perderán hasta 100.000 olivos, según estimaciones de la plataforma de la Campiña Norte contra las megaplantas solares. La superficie afectada equivale a unos 100 campos de fútbol.
Las alegaciones fueron desestimadas
Greenalia Solar es la empresa que promueve los proyectos Zumajo I y II en estos municipios, y todos ellos han sido declarados de utilidad pública por la Junta de Andalucía. Las alegaciones presentadas por particulares, empresas y entidades fueron desestimadas.
Greenalia, una compañía con sede en Galicia, ya ha implantado plantas de este tipo en otras provincias españolas y en Estados Unidos. Según los afectados, estos proyectos no crearán empleos, sino que «acabarán con el sustento de muchas familias» y «contribuirán activamente a la destrucción de puestos de trabajo locales». La recolección de aceitunas es «un sector clave para la economía de la región», afirma la plataforma.
La Plataforma de la Campiña Norte emitió un comunicado en el que acusaba a los promotores de seguir la estrategia de la «fragmentación de proyectos para así eludir el control de las administraciones». Según el comunicado, «los megaproyectos se han presentado troceados en otros más pequeños, que están situados muy próximos entre sí, pero que individualmente considerados no superan los 50 megavatios o las 100 hectáreas de superficie ocupada».
Electricidad que «se venderá a Europa»
Al expropiarles la tierra, Greenalia pasa directamente a disponer de los terrenos. «El riesgo para ellos es mínimo y a nosotros nos están quitando las tierras de nuestros antepasados» afirma el comunicado. Además, los afectados señalan que la electricidad generada no se quedará en la comarca, sino que se venderá en el resto de Europa.
Como única solución para frenar estos macroproyectos, que cuentan con el respaldo de la Diputación de Jaén y de la Junta de Andalucía, los afectados animan a los ayuntamientos a cambiar sus planeamientos urbanísticos para limitar y restringir las instalaciones de grandes extensiones de placas solares.
Por su parte, Greenalia defiende sus proyectos destacando las grandes cantidades de CO2 que la puesta en servicio de estos parques solares evitará lanzar a la atmósfera. Miles de hogares, afirman, podrán ser abastecidos por esta electricidad limpia.
El cabreo monumental de un agricultor ante un campo de frutales arrancados para plantar placas solares
La situación en Jaén y Córdoba refleja un conflicto más amplio en España y en otros países, donde el impulso por las energías renovables a veces choca con los intereses locales y la preservación del patrimonio cultural y natural. Mientras los agricultores luchan por proteger sus tierras y su modo de vida, las empresas de energía solar argumentan que sus proyectos son esenciales para combatir el cambio climático y proporcionar energía limpia a miles de hogares.
Este conflicto pone de manifiesto la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo de energías renovables y la protección de nuestro patrimonio. La transición hacia una economía más verde es crucial, pero debe hacerse de manera que respete y preserve las comunidades y los paisajes rurales que se ven afectados.
¿Se puede evitar una expropiación forzosa?
Evitar una expropiación una vez que el Estado, la comunidad autónoma o el ayuntamiento ha declarado el acto administrativo es una tarea compleja y casi imposible. Sin embargo, existen algunas etapas del proceso en las que se puede revertir la acción, total o parcialmente.
La primera oportunidad surge cuando la Administración declara el acto administrativo y publica la lista de propiedades afectadas. En ese momento, el propietario tiene 15 días para presentar alegaciones tanto de forma como de fondo contra el acto administrativo. Se pueden proponer alternativas al plan o proyecto que justifica la expropiación.
Es posible identificar errores en los estudios o procedimientos administrativos que llevaron a la declaración de expropiación o impugnarla completamente si se considera que no se trata de un proyecto de utilidad pública. Es recomendable contar con el apoyo de profesionales del derecho para presentar las alegaciones, dado que el plazo es limitado a 15 días.
Si no se puede evitar el acto administrativo, existen al menos tres oportunidades adicionales para intentar revertir la expropiación:
- Cuando la Administración expropia más terreno del necesario para el proyecto de utilidad pública.
- Si han pasado dos o más años desde el anuncio del servicio o proyecto que motivó la expropiación y no se ha realizado ninguna obra o alteración del terreno.
- Cuando la causa que motivó la expropiación ha desaparecido.
Como último recurso queda la asociación y el activismo, que es precisamente lo que está haciendo la plataforma de la Campiña Norte STOP megaplantas solares, tanto a través de las redes sociales como mediante manifestaciones y protestas.
¿Qué puede pasar en tu coto de caza si se aprueba la declaración de un huerto solar?
Llegados a este punto, en lo que respecta a la caza, es conveniente saber que si se aprueba la construcción de un huerto solar en tu coto las consecuencias pueden ser significativas. Una vez que comiencen las obras de vallado y construcción de la planta fotovoltaica, la caza estará prohibida en esa zona específica. Además, esto podría afectar al resto de la superficie de tu coto si la instalación provoca una discontinuidad, dividiéndolo en dos partes.
En tal caso, la administración competente en materia de medio ambiente revisaría las superficies resultantes. Podrían decidir dividir el coto en dos nuevos, asignando un nuevo número de tablilla a uno de ellos debido a la fragmentación, o prohibir la caza en el fragmento que no cumpla con la superficie mínima estipulada para constituir un coto de caza por la comunidad autónoma en cuestión.
Por ejemplo, si tu coto tiene 500 hectáreas y construyen un huerto solar de 50 hectáreas en mitad de este, las dos mitades restantes tendrían menos de 250 hectáreas cada una. Esto podría interrumpir la caza al no alcanzar el mínimo requerido por algunas comunidades autónomas.