En plena ofensiva del Gobierno para acelerar la transición energética, los primeros damnificados ya tienen rostro. Antonio Miguel, un agricultor de Jaén, se ha convertido en símbolo del drama silencioso que viven quienes han dedicado su vida al campo y hoy se ven obligados a entregar su tierra y su historia para dejar paso a megaplantas solares.
Antonio Miguel cultiva varios olivares en la provincia de Jaén, cuna del aceite de oliva español. Algunos de sus árboles superan los trescientos años, auténticos monumentos naturales que han resistido guerras, sequías y generaciones. Pero ni la historia ni el arraigo emocional han frenado la expansión de las renovables. Empresas privadas, amparadas por resoluciones administrativas, han fijado su mirada en estos terrenos para instalar placas solares que transformarán el paisaje rural en polígonos energéticos.
Antonio confesó entre lágrimas en el programa Espejo Público que se ha visto forzado a ceder su finca en régimen de alquiler por miedo a una expropiación. «No quiero ni dinero ni alquileres. Sólo deseo seguir con mis olivos, vivir de ellos como he hecho siempre», afirmó visiblemente roto. Su testimonio refleja la impotencia que sienten muchos agricultores andaluces ante un proceso que consideran injusto y desequilibrado.
Negociaciones que los afectados tildan de imposición
Según Antonio, la Junta de Andalucía planteó dos opciones: alcanzar un acuerdo con la empresa promotora o enfrentarse a la expropiación. Para los agricultores, no se trata de una elección real. «Nos dicen que es amistoso, pero si no firmas, te quitan la tierra. ¿Dónde está la libertad?», se preguntó con amargura. Muchos perciben este sistema como una imposición encubierta que deja al campo sin voz.
Cien agricultores andaluces ven expropiar sus tierras y talar 100.000 olivos para plantar placas… mientras España se queda sin luz
Este tipo de prácticas se extienden cada vez más. Las compañías energéticas, protegidas por un marco legal favorable a las renovables, irrumpen en terrenos agrícolas que han sostenido la economía rural durante siglos. La promesa de progreso contrasta con la realidad del campo: pérdida de patrimonio, desarraigo y frustración.
Pérdidas emocionales irreparables
El alquiler de las tierras supondrá unos 3.000 euros por hectárea, una cifra que, para Antonio, no compensa el valor sentimental de sus fincas. «Después de toda una vida cuidando este campo, me encuentro con que no tengo alternativa. ¿Qué clase de democracia es esta, en la que tienes que entregar tu finca para no perderla por completo?», expresó con voz quebrada.
Para él, los paneles solares no representan progreso, sino amenaza. «Lo llaman progreso, pero para nosotros es la destrucción de todo lo que hemos construido durante generaciones», explicó en televisión. En un momento en que la sostenibilidad es la bandera política, los agricultores piden algo tan básico como ser escuchados.
@espejopublico 🌳 Antonio Miguel, agricultor de Jaén se rompe en directo ante la situación de sus hectáreas de olivo ☀️ Sus olivos van a ser remplazados por placas solares 📲 Más contenidos en la web de #EspejoPúblico ♬ sonido original – EspejoPublico
El testimonio de Antonio ha dado visibilidad a una realidad cada vez más común en el sur de España: la tensión entre el desarrollo energético y la defensa de un mundo rural que se siente ignorado. Su frase final lo resume todo: «Esto es una dictadura». ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la energía verde?