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La Administración recurre a la caza para salvar el Parque Nacional de Cabañeros dos años después de prohibirla

Ciervos. ©Shutterstock

La caza va a volver al Parque Nacional de Cabañeros, aunque el Plan de Gestión de Ungulados que acaba de ser aprobado no permite que se llame caza. Según este texto, al que ha tenido acceso Jara y Sedal, la situación insostenible en la que se encuentra el parque por la sobrepoblación de ungulados ha obligado a la Administración a permitir «el empleo de artes cinegéticas o piscícolas, siempre y cuando no se organicen ni publiciten como actividad deportiva o recreativa, sino como actuación de control de poblaciones, se hayan utilizado tradicionalmente y no produzcan efectos negativos en el medio ambiente». Como decimos, la caza tendrá que solucionar el problema creado por el Gobierno al prohibir la actividad cinegética en todos los parques nacionales, pero sin llamarla caza.

Y es que, según el informe del propio Parque Nacional, «en la actualidad, el valioso ecosistema mediterráneo se encuentra en una situación de desequilibrio debido a las altas densidades de ungulados presentes y a la ausencia de predadores». Y continúa: «No obstante, aunque los predadores estuvieran presentes, dado su carácter de manadas territoriales, sus efectivos no podrían ser tan numerosos como para lograr dicho equilibrio». 

El propio informe reconoce que la intervención humana es indispensable para mantener la conservación del entorno: «Esta situación de desequilibrio y elevada artificialidad propician la degradación de los valores naturales: para revertir esta situación y comenzar, de algún modo, una restauración pasiva de los ecosistemas, se requiere que el hombre forme parte de la gestión futura para corregir aquello que no se hizo adecuadamente durante los últimos años». Dicho sin eufemismos: hay que volver a cazar.

Se necesita la caza urgentemente

El Plan de Gestión de Cabañeros no solo reconoce la necesidad de cazar sino que además dice que debe hacerse «lo más urgentemente posible». Esa premura se basa en que el crecimiento anual medio de la población de ciervo, descompensada a favor de las hembras en su relación de sexos, «se sitúa en torno al 25%-30% (40%)». El crecimiento anual del jabalí, por su parte, «alcanza el 50%-60% e incluso más, situándose entre ambos extremos las de gamo y muflón». Esto significa que, sin la caza, el ciervo puede fácilmente duplicar su población en 3-4 años, y el jabalí aún más rápido. 

Las consecuencias de prohibir la caza en Cabañeros

La retahíla de consecuencias negativas que ha provocado la prohibición de la actividad cinegética en la zona es enorme. Según los técnicos que han elaborado el informe, el primer efecto negativo ha sido «la degradación de los hábitats de interés comunitario y la pérdida de biodiversidad por la la extinción local de determinadas especies de flora». Los ciervos se lo están comiendo todo.

En segundo lugar, los autores del informe denuncian los «graves problemas sanitarios por la excesiva agregación de ungulados, que además, por la presencia de jabalí, puede incrementar las tasas de tuberculosis en las ganaderías de los aledaños del Parque Nacional». No solo están aumentando las enfermedades sino que además perjudican a la cabaña ganadera –y por tanto a la economía– de la zona.

En tercer lugar el informe alerta sobre «la competencia por los recursos tróficos con otras especies de fauna, destacando el corzo y mesomamíferos como el conejo, tan importante para la conservación de especies tan emblemáticas como el águila imperial, etc.».

Por último, también advierte sobre los «posibles efectos sobre la propia población de ungulados por no disponer de recursos tróficos».

A todo esto hay que sumar el importante impacto económico que ha tenido en la zona la prohibición de la caza, la cual, como reconoce el propio informe, «ha sido casi la única fuente de ingresos» que han tenido la mayoría de las fincas de Cabañeros. Esto, además ha tenido un alto coste para el contribuyente. Concretamente 320 millones de euros sólo en indemnizaciones por el hecho de haber prohibido la caza en estos espacios naturales.

Los ecologistas, en contra del plan que recupera la caza

El Plan de Control de Ungulados, que fue aprobado el pasado 29 de marzo, pretende «dar respuesta a la necesaria gestión que se ha de llevar a cabo de estas especies», como así explicaba entonces el director general de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Félix Romero. «Los integrantes del Patronato del Parque Nacional de Cabañeros han apoyado de forma mayoritaria este plan, que no ha contado con el respaldo de los grupos ecologistas», insistió Romero.

«Este parón de la caza ha provocado que en estos dos años se haya disparado la sobreabundancia de ungulados, lo que conlleva un problema de conservación de los procesos ecológicos que atesora este enclave natural protegido», reconocía el director general. Esta gran abundancia de ungulados «nos obligaba a diseñar un plan de gestión efectivo a corto plazo, que nosotros planteamos inicialmente para los próximos tres años», añadía.

Se promoverán batidas, recechos, aguardos y capturas en vivo en las partes privadas del parque, pero sin «caza comercial»

Gamo. © Shutterstock

Romero exponía por otro lado que los gestores del espacio protegido -más del 40% del territorio del Parque es privado- promoverán batidas de control, recechos, aguardos o capturas en vivo, que se harán de manera coordinada con los propietarios de las fincas privadas. Tras ello, Romero puntualizó que con el plan «la caza comercial como tal desaparece, pero sí habrá una gestión hasta lograr el equilibrio ecológico necesario entre el territorio y fauna cinegética».

Las fincas privadas de Cabañeros ya rechazaron un plan de caza urgente el pasado año

Hay que recordar, en este sentido, que las fincas privadas incluidas en el Parque Nacional de Cabañeros anunciaron el pasado año que no iban a ejecutar el plan de caza urgente que puso sobre la mesa la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entonces al considerarlo inviable desde un punto de vista técnico, jurídico y económico. Con esto, la Administración pretendía que se llevase a cabo una actividad cinegética frenética en las fincas privadas con casi 5.000 capturas en los 28 días del mes de febrero del pasado año.

       
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