La Comisión Europea ha adoptado formalmente este pasado 17 de noviembre el reglamento que marca el final de los perdigones de plomo en la caza menor y el tiro deportivo. El Reglamento (UE) 2026/2530 modifica el anexo XVII de REACH y fija el 7 de diciembre de 2033 como la fecha a partir de la cual quedará restringido el uso y la venta de munición de perdigones con una concentración de plomo igual o superior al 1 % en peso. Después de años de negociación entre Estados miembros, industria y organizaciones ecologistas, el texto ya es derecho comunitario en vigor, aunque con un periodo de siete años para que cazadores y fabricantes se adapten.
La norma deja fuera del veto las balas de rifle, los balines y los proyectiles únicos de escopeta, así como la munición con fines militares y de defensa. Esa exclusión, que no estaba en la propuesta original, responde a la voluntad de no comprometer la industria de defensa europea en un momento de tensión geopolítica. También se prohíbe transportar munición de plomo durante la jornada de caza o en el desplazamiento hacia ella, una medida pensada para facilitar el control por parte de los agentes sobre el terreno.
Lo que ya advertía AFEMS: miles de millones y miles de empleos en riesgo
La Asociación Europea de Fabricantes de Munición Deportiva (AFEMS), que agrupa a la industria del sector desde 1951, lleva meses denunciando que la transición se ha decidido sin sopesar del todo su impacto. En los documentos que la organización ha hecho públicos durante la tramitación, calcula que la sustitución y modificación de millones de armas podría generar un coste único de hasta 14.500 millones de euros, una cifra que atribuye sobre todo a que un porcentaje relevante del parque de escopetas en circulación no es compatible con municiones alternativas como el acero. La Federación Extremeña de Caza ha situado recientemente ese porcentaje en el 34 % de las armas europeas, citando el mismo estudio en el que se apoya AFEMS.
A esa factura inicial, la asociación suma otra de fondo: hasta 4.000 millones de euros de actividad económica y 16.000 empleos que podrían perderse en el sector si la transición se ejecuta sin un acompañamiento adecuado, además de unos costes sociales que cifra en 1.400 millones de euros en el Espacio Económico Europeo. AFEMS sostiene que el golpe recaerá con más fuerza sobre los fabricantes pequeños, con menos margen para rediseñar líneas de producción y homologar nuevas cargas antes de que expire el plazo.
La organización también ha puesto cifras al previsible abandono de la actividad cinegética. Según una encuesta de la Federación Europea para la Caza y la Conservación con más de 18.000 respuestas, citada tanto por AFEMS como por federaciones nacionales, uno de cada cuatro cazadores dejaría de practicar la caza y al menos un 30 % reduciría su actividad si la prohibición se aplica sin alternativas viables. Estas cifras apuntan a un problema que no es solo industrial: menos cazadores significa menos ingresos para armerías, sociedades locales, campos de tiro y hostelería rural vinculada a las jornadas de caza menor.
El acero no es plomo, y eso supone un riesgo para las personas
El argumento técnico de AFEMS, y del propio sector armero, insiste en que el acero no es un sustituto neutro. Tiene una densidad notablemente inferior a la del plomo, por lo que conserva menos energía a la misma distancia y obliga a subir el tamaño del perdigón, revisar los chokes —el estrechamiento final del cañón que regula la dispersión del disparo— y recalcular el alcance efectivo, que se reduce varios metros respecto al plomo equivalente. No todas las escopetas antiguas, ni todos los cañones con chokes fijos muy cerrados, están probadas para soportar cargas de acero, lo que en la práctica significa que una parte del parque de armas en manos de cazadores europeos necesitará revisión, modificación o sustitución antes de que acabe la transición. Y como siempre, esto afectará a los más cazadores más humildes. Además, su capacidad de rebotar dispara el riesgo de sufrir accidentes.
El bismuto, con una densidad más cercana a la del plomo, se plantea como alternativa para escopetas clásicas, aunque su precio es exageradamente mayor. Las aleaciones de tungsteno ofrecen el mejor rendimiento balístico, pero también el coste más elevado. AFEMS argumenta que la existencia comercial de estos materiales no demuestra por sí sola que haya ya una alternativa asequible, segura y técnicamente equivalente para todas las armas y modalidades de caza menor, y reclama que cualquier decisión regulatoria tenga en cuenta ese desfase entre la teoría y el cañón de cada escopeta.
Esta tensión entre plazos políticos y realidad del campo no es nueva en España. Jara y Sedal ya recogió hace meses las advertencias de la Real Federación Española de Caza cuando Bruselas manejaba un plazo de solo cinco años, un calendario que la propia federación consideraba insuficiente para una transición ordenada. El texto finalmente aprobado amplió ese margen a siete años, pero no despeja la incertidumbre sobre quién asumirá el coste de modificar o sustituir las escopetas incompatibles, ni cómo se gestionarán los cartuchos de plomo que los cazadores tengan ya almacenados cuando llegue el final del plazo.
Del humedal a todo el territorio: una restricción que se amplía
La norma de 2033 no nace de la nada. Desde el 16 de febrero de 2023 está en vigor en toda la Unión Europea la prohibición de disparar o transportar perdigones de plomo dentro de los humedales y en una franja de 100 metros a su alrededor, en aplicación del Reglamento (UE) 2021/57. Aquella restricción respondía al riesgo de que las aves acuáticas ingirieran directamente los perdigones depositados en el agua y el fango. El nuevo reglamento extiende esa lógica a cualquier terreno de caza menor del continente, a pesar de que hay estudios que demuestran su nulo impacto en las aves no acuáticas.
En este sentido, Jara y Sedal publicó en su día un estudio de 2019 sobre aves cinegéticas terrestres que concluía niveles de plomo residuales en la mayoría de ejemplares analizados, un trabajo que el sector sigue citando como argumento frente a la generalización de la norma europea. En paralelo, Estados Unidos ha optado por un criterio distinto: su Departamento del Interior exige justificar caso por caso, por lugar y especie, antes de restringir el plomo en refugios federales, en contraste con el enfoque generalista que ha terminado imponiéndose en Europa.
