El Grupo Parlamentario Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a suprimir la Dirección General de Derechos de los Animales y a reintegrar las competencias en materia de bienestar animal al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Vox argumenta que la cuestión de la sanidad animal ha sido concebida como una de las competencias del Ministerio de Agricultura y, en concreto como una Secretaría General de dicho departamento hasta marzo de 2020 cuando el Gobierno ha desgajado «de manera artificiosa, antibiológica y carente de justificación fáctica y jurídica», la cuestión del bienestar animal (o la protección animal) de la materia más amplia de la sanidad animal, atribuyendo sendas competencias a dos Ministerios diferentes.
En ese sentido, valora que ese «desdoblamiento ficticio» ha permitido dotar de competencias a un organismo como la Dirección General de Derechos de los Animales, diseñado ex novo que manifestaría «a todas luces su vacuidad y falta de necesidad».
En el Real Decreto de su creación la Dirección General se define con un enfoque dedicado a la promoción de políticas para la protección de los animales, así como de coordinación de dichas políticas con otros departamentos y otras administraciones públicas y con la finalidad, asimismo, de su alineamiento con la legislación europea. Pero tanto la propia en existencia del departamento como el «lenguaje que se utiliza», según Vox, se infiere el «propósito de revestir de un cariz antropomórfico» a los animales.
Vox critica que un departamento dirigido a la protección y el bienestar animal se atribuye a un departamento que «debería encarnar la asistencia social del Estado» -ya que depende del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030- y parte de las cuestiones referidas a los animales se introducen en un departamento dedicado «en teoría» a las personas.
Por otro lado, lamenta que se hable de la protección de los derechos de los animales cuando considera que un sujeto de derecho también está sujeto a obligaciones, por lo que asegura que «un animal no cumple esta definición, en tanto no es sujeto de obligaciones».
La formación considera que la creación de la Dirección General obedece a «meros intereses políticos e ideológicos» y carece de justificación jurídica que la fundamente. Desde Vox aseguran que ni el ordenamiento jurídico español ni el europeo conciben la cuestión del bienestar animal desde el enfoque que el Gobierno le está queriendo atribuir ya que ha optado por «magnificar» la cuestión del bienestar animal en «clara interpretación extra legem» de la normativa citada.
En términos económicos, para VOX la creación de la citada Dirección General no trae consigo un beneficio para los españoles sino un coste, ya que en 2021 tuvo un presupuesto de 4,59 millones de euros y de 6,08 millones de euros en 2022.
«Un organismo de claro interés ideológico que no responde a los intereses de los españoles, se muestra ineficaz e innecesario, y, por lo tanto, no merecedor de ser sostenido con el dinero de todos los españoles. Cada céntimo que pagan los españoles importa», argumenta la proposición no de ley de Vox.