El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha asestado un nuevo golpe a la gestión del lobo en la región al declarar ilegal el programa anual de control aprobado para 2025-2026. La decisión llega tras la demanda presentada por organizaciones ecologistas y refuerza la línea marcada por el Tribunal Supremo, que ya había cuestionado este tipo de planes.
La resolución responde al recurso interpuesto por Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, que sostenían que la inclusión de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) dejaba sin efecto cualquier normativa autonómica que permitiera su control sistemático. El fallo judicial se apoya directamente en la jurisprudencia reciente del Supremo, que en febrero anuló el plan de control aprobado en 2022 por el Gobierno asturiano, sentando así un precedente clave en la gestión de esta especie.
Un programa sin base legal
El TSJA concluye que el programa anual de control no puede sustentarse en el II Plan de Gestión del Lobo en Asturias, al considerar que este «carece de eficacia alguna» tras los pronunciamientos del Tribunal Supremo. Esta interpretación deja sin cobertura legal las actuaciones previstas por la administración regional.
El plan ahora anulado contemplaba el control de hasta 53 ejemplares y estuvo en vigor hasta el pasado 31 de marzo, aunque fue suspendido tras la sentencia del Supremo. Antes de esa paralización, se había ejecutado aproximadamente en un 80%, con 31 lobos abatidos y otros 11 fallecidos por distintas causas.
La decisión judicial refuerza la idea de que las comunidades autónomas no pueden aplicar programas generales de control sobre una especie que cuenta con protección especial a nivel estatal, lo que complica aún más la gestión del conflicto con la ganadería.
Solo en casos excepcionales
El Tribunal Supremo ya dejó claro que el control de ejemplares solo puede autorizarse «cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado», estableciendo además que estas medidas deben cumplir «rigurosas condiciones». Este criterio es ahora el que se impone también en Asturias.
Desde el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, su coordinador, Ernesto Díaz, ha valorado la sentencia como «una victoria significativa para la protección del lobo en España», destacando el refuerzo que supone para el estatus de la especie. Mientras tanto, el Gobierno del Principado trabaja en la elaboración de un nuevo decreto que adapte la normativa autonómica a la doctrina judicial. El objetivo es encontrar un encaje legal que permita gestionar los daños al ganado sin vulnerar la protección vigente.
El Principado resta impacto a la sentencia
Desde el Gobierno asturiano han salido al paso de la anulación del programa asegurando que la decisión judicial no cambia el escenario actual. Fuentes de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria insisten en que se trata de «una sentencia esperada» y recuerdan que el programa afectado ya no está en vigor en estos momentos, según ha recogido hoy La Nueva España.
El Ejecutivo subraya que la resolución del TSJA se limita exclusivamente al programa de control 2025-2026, un instrumento que, según destacan, ya ha sido superado por los acontecimientos y por la propia evolución normativa tras los pronunciamientos del Tribunal Supremo. En este sentido, defienden que la anulación no tiene «ninguna incidencia real sobre la situación actual, ni condiciona la gestión que está llevando a cabo el Gobierno del Principado de Asturias», por lo que mantienen intacta su hoja de ruta en materia de gestión del lobo.
Además, recalcan que el fallo judicial se centra en un aspecto concreto del II Plan de Gestión del Lobo —el artículo que regulaba los programas anuales de control— y no en la totalidad del plan, lo que, a su juicio, deja margen para seguir actuando dentro del marco legal.
Por último, el Principado insiste en que sus previsiones siguen adelante «con normalidad» y que ya trabaja en adaptar la normativa para dar cobertura a futuras actuaciones, mientras estudia la posibilidad de recurrir la sentencia ante instancias superiores.