La suspensión cautelar de la caza de la becada en Castilla y León tiene consecuencias que trascienden los cotos. La medida interrumpe los planes de quienes cada otoño e invierno se desplazan hasta la comunidad para disfrutar de esta modalidad. Con esos viajes también se frena el gasto en alojamientos, restaurantes, combustible y otros servicios de los pueblos que reciben a los cazadores.
Las primeras informaciones sobre ese impacto llegan desde Soria. Según ha publicado Soria Noticias, alojamientos rurales de la provincia están sufriendo cancelaciones de reservas de aficionados, especialmente vascos y navarros. El medio cita fuentes conocedoras de la situación local, lo que da idea de un problema cuyo alcance potencial se extiende al conjunto de Castilla y León, donde se aplica la suspensión.
Una afición que mueve a los cazadores cientos de kilómetros
La becada despierta una gran afición en el tercio norte peninsular, donde su caza está estrechamente ligada al trabajo del perro de muestra. Para sus aficionados, buena parte del atractivo reside en recorrer el monte junto a sus canes, interpretar sus movimientos y vivir esa muestra que puede culminar con el vuelo de la «dama del bosque».
Esa pasión lleva a muchos becaderos a recorrer cientos de kilómetros para compartir una jornada con sus perros y amigos. Algunos repiten el desplazamiento cada fin de semana durante la temporada; otros organizan escapadas de varios días. Cuando cazan lejos de su domicilio, necesitan alojamiento y recurren a bares, restaurantes, gasolineras y comercios de las localidades próximas al coto.
El efecto económico de la suspensión, por tanto, puede reproducirse en las distintas provincias que reciben a estos aficionados. Al desaparecer el motivo del viaje, quedan en el aire las pernoctaciones, las comidas y otros desembolsos previstos. Las cancelaciones documentadas en Soria permiten poner rostro a esa cadena de gasto.
Deloitte cifra el gasto en alojamiento y combustible
El último estudio de Deloitte para Fundación Artemisan, presentado en mayo de 2025 y elaborado con datos de 2023, refleja hasta qué punto la caza genera desplazamientos: el 57,6 % de los cazadores no caza en el lugar donde vive. Además, entre quienes viajaron para asistir a cacerías y eventos del sector, un 38 % aprovechó para realizar actividades turísticas.
El informe sitúa el gasto medio anual por cazador en 12.069 euros, con partidas como 1.508 euros en alojamiento y 1.152 euros en combustible para acudir a cacerías. Es dinero que alcanza a negocios ajenos a la gestión del coto y que ayuda a explicar por qué la interrupción de los viajes cinegéticos también afecta a la economía de los pueblos.
En conjunto, el estudio calcula que la caza aporta 10.190 millones de euros al PIB español y contribuye al mantenimiento de 199.000 puestos de trabajo. También destaca que el 80 % de los 45.642 empleos directos vinculados a titulares de cotos y organizadores de cacerías se encuentra en el medio rural.
El bloqueo se aplica en toda Castilla y León
La situación tiene su origen en el auto del 4 de noviembre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dictado a petición de SEO/BirdLife. La resolución fija provisionalmente en cero el cupo de becada, avefría europea, agachadiza común, agachadiza chica y silbón europeo, impidiendo su captura en la comunidad.
La Federación de Caza de Castilla y León ha solicitado el cumplimiento de la medida mientras sus servicios jurídicos y los de la RFEC analizan las vías de defensa. Entretanto, la suspensión condiciona tanto las jornadas de los aficionados locales como las escapadas de quienes llegan desde otros territorios, con el consiguiente freno al consumo asociado a esos viajes.